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Altoparlante: Delincuentes

Opinión
Tipografía

Delincuentes

De acuerdo con numerosos testimonios recibidos respecto del Altoparlante anterior, muchos colegios privados violentan la constitución y las leyes a placer solapados por los diferentes niveles de gobierno, en medio de un vergonzante tráfico de influencias entre la gente del poder.

La negativa de inscripción a una menor en una escuela particular que referimos en nuestra entrega del miércoles pasado es triste y simplemente sólo una de muchas violaciones a la constitución y a la ley general de educación, con la impunidad como constante en virtud de la cómplice protección de las autoridades educativas, que ante cualquier denuncia o queja responden con un “no se puede hacer nada” con el falso pretexto de que “los colegios tienen sus propias reglas”.

Los padres de familia afectados nos dicen que tuvieron que inscribir a sus hijos en una escuela distinta, porque sin el apoyo del gobierno les queda muy claro que al recurrir a los tribunales y hacer valer sus derechos los estudiantes corren el peligro de sufrir las consecuencias de una venganza en las escuelas por parte de los maestros.

Coinciden los denunciantes en que las omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno de Sinaloa, son con pleno conocimiento de las ilegalidades cometidas.

Lo anterior, nos dicen, es en la mayoría de los casos resultado del tráfico de influencias en el que operan las becas económicas.

Mientras en público la autoridad señala que las becas están muy restringidas y sólo se otorgan unas pocas con porcentajes bajos para los ciudadanos “comunes”, por debajo de la mesa se obtienen de los colegios descuentos totales o importantes para los recomendados, para los hijos de papi influyente.

Ahí la transa; que no sancionan las violaciones de esas escuelas porque se les cae el negocio, aseguran los denunciantes a quien esto escribe.

El puro sentido común obliga a creerles: el Secretario de Educación Pública y Cultura, José Enrique Villa Rivera, seguramente conoce lo que mandatan tanto la Constitución como la Ley General de Educación, y si no sanciona las violaciones denunciadas es por complicidad, por irresponsabilidad o por valemadrismo puro.

El tráfico de influencias a todo lo que da, con los funcionarios educativos convertidos en lo que por título tenemos en nuestra columna de hoy.

Ahí están los hechos, que los exhiben públicamente.

Y la pregunta obligada es: ¿en serio no hay nadiecapaz de hacer valer el estado de derecho, y de poner fin a esta serie de atropellos y complicidades impunes por parte del gobierno?

Antes de agotar hoy este tema, tengo que referir también en justicia una opinión distinta que una madre de familia nos dio por chat en las redes sociales, palabras más palabras menos, de que no debemos hacer tanto escándalo por una cosa tan sencilla; si una escuela no quiere inscribir a un alumno, pues que lo lleven a otra, y asunto arreglado.

Les reitero aquí a mis lectores lo que a ella le dije, recordando de nuevo partes de una canción de León Gieco: sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente; que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente; y si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.