Bajan sanciones pese a corrupción en Poder Judicial

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El año pasado las sanciones contra los servidores públicos presentaron una disminución respecto a 2018, pues pasaron de 950 a 371

Aunque Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, reconoce que los casos de corrupción y nepotismo aumentaron en el Poder Judicial Federal, las sanciones contra los servidores públicos presentaron una disminución durante el año pasado, con respecto a 2018: pasaron de 950 a 371.

La baja de castigados es importante si se toma en cuenta que los procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios se duplicaron en la última década. Mientras en 2010 se iniciaron mil 606, el año pasado fueron tres mil 298 procesos, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020.

Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, explica que en el caso de la corrupción, la gente se animó a denunciar los ilícitos. “Han faltado las pruebas adecuadas para sostener las acusaciones”.

En diciembre pasado, el ministro Zaldívar señaló a Jalisco como una de las zonas críticas en materia de corrupción.

PODER JUDICIAL

Servidores públicos en la mira
Procedimientos de responsabilidad administrativa

Año Casos

2017 2,451
2018 2,617
2019 3,298

Servidores públicos

Año Castigados

2017 541
2018 950
2019 371
Delitos registrados

En materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos

Año Casos

2017 18,198
2018 14,501
2019 21,565

Contra la salud (narcóticos)

Año Casos

2017 3,946
2018 4,635
2019 6,945

Delincuencia organizada

Año Casos

2017 907
2018 443
2019 965

En materia de hidrocarburos y sus derivados


Año Casos

2017 2,097
2018 2,761
2019 806

Baja el promedio de sentencias

Durante el año pasado, los jueces federales emitieron nueve mil 581 sentencias (condenatorias y absolutorias), de un total de 19 mil 216 causas penales que se concluyeron tanto a través del viejo como del actual sistema (en total ingresaron 21 mil 145).

De las concluidas en los juzgados de distrito (sistema tradicional), dos mil 233 finalizaron con sentencia, por debajo del promedio que se tuvo en 2018, cuando se resolvieron la mitad por esta vía.

Por su parte, de las 13 mil 552 causas penales concluidas por los jueces de control (del nuevo sistema penal acusatorio), la mitad fueron sentencias definitivas condenatorias en procedimiento abreviado.

De las 618 concluidas por juicio oral, 510 fueron sentencias.

El especialista Anuar García remarca que esto tiene que ver con la falta de juzgados en materia del sistema penal adversarial.

“El problema es que, recordemos, la Presidencia de la República está implementando una política de austeridad y lejos de más juzgados, están restringiendo más… también recordemos que hubo una reducción importante de los sueldos y ya no hablemos de la contratación de personal y de crear nuevas vacantes para combatir el rezago existente”.

Subraya que difícilmente se verá un aumento de personal, debido a la política gubernamental de gastar cada vez menos.

“Eso los hace ineficientes en cuanto a respetar los tiempos. Tienen nada más dos años a partir de que una persona es puesta a disposición de un juez para que se le dicte una sentencia”.

En muchos de los casos, agrega, no se está alcanzando esa meta y obviamente es una violación al debido proceso, “porque los tienen que soltar o fijar alguna otra medida cautelar… y en muchos casos si se quedan dentro es una violación que permite la liberación de una gran cantidad de personas”.

Eso mete presión a los juzgados de distrito (en el sistema tradicional) y jueces de control o garantía que tienen la mayor carga de trabajo en el país.

Los circuitos judiciales que concentraron la mayor cantidad de causas penales ingresadas durante el año pasado fueron: Primer Circuito de la Ciudad de México (dos mil 654), Decimoquinto Circuito de Baja California (mil 931), Segundo Circuito de la Ciudad de México (mil 580), Decimoséptimo Circuito de Chihuahua (mil 570), Tercer Circuito de Jalisco (mil 294) y Decimosexto Circuito de Guanajuato (mil 141).

TELÓN DE FONDO

Sancionan a 148 jueces y magistrados

Entre enero de 2013 y mayo de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 148 jueces y magistrados de circuito por actos de corrupción, abuso de poder, acoso sexual y vínculos con la delincuencia organizada, entre otras irregularidades.

Vía Transparencia, el Consejo destacó que se emitieron sanciones contra 77 jueces y 71 magistrados, en el periodo mencionado. Aunque no desglosó la información por nombre y casos de corrupción, confirmó que entre los castigados hay 12 juzgadores adscritos a Jalisco.

De estos últimos, el caso del magistrado Isidro Avelar fue uno de los más polémicos: a finales del año pasado fue detenido por presuntos nexos con un cártel de la droga. Meses antes, sus cuentas bancarias habían sido congeladas.

En ese periodo se realizaron 211 investigaciones contra juzgadores; es decir, siete de cada 10 concluyó en sanción.

En el ámbito nacional se desarrollan mesas conjuntas con la Federación para combatir el problema de la corrupción en el Poder Judicial, en las que participan el Consejo de la Judicatura Federal, los gobernadores, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica.

En febrero pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, anunció una iniciativa de reforma al Poder Judicial que tiene entre sus puntos centrales el combate a la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual. La propuesta fue respaldada por Andrés Manuel López Obrador, quien informó que la propuesta sería enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, debido a que el Poder Judicial no tiene facultades para presentarla.

GUÍA

Los retos y las reformas

Uno de los grandes retos de la reforma al Poder Judicial es el combate a la corrupción y al nepotismo. En las últimas décadas se han generado redes clientelares muy arraigadas, en las que se trafica con plazas, se intercambian favores o se pone precio a la justicia, señala un boletín emitido por el Senado de la República.

“Todo eso (se argumenta en la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo) ha provocado desigualdades en el sistema judicial, dificulta que los más pobres puedan ser escuchados y genera desconfianza en jueces que no siempre se conducen con ética, independencia e imparcialidad, sino que muchas veces sucumben ante intereses mezquinos”.

Con la presentación formal del proyecto constitucional, el pasado 18 de febrero, inició el proceso legislativo para la renovación del sistema de justicia penal y, con ello, realizar un ajuste integral al marco jurídico para fortalecer las facultades para el combate a la corrupción y al nepotismo.

El Senado y el Poder Judicial de la Federación prevén perfeccionar la legislación encargada de regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, clasificar sanciones por virtud de su gravedad, así como penas específicas para funcionarios, particulares y personas morales. También pretenden en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial la posibilidad de designar órganos jurisdiccionales especializados en el conocimiento de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia.

Entre los mecanismos de prevención y combate al nepotismo, las relaciones familiares y el corporativismo judicial, la Cámara de Senadores y el Poder Judicial plantean la armonización legal del plan integral del Consejo de la Judicatura en la Ley de Carrera Judicial e incorporar la facultad de nombramiento del juzgador respecto de su personal, basado en criterios meritocráticos.

Además, en la Ley Orgánica proponen establecer causales de responsabilidad administrativa específica sobre nepotismo y contratación de una persona que posea parentesco con el servidor público que a su vez nombró al contratante.

Estructura judicial

Al cierre de 2019, el Poder Judicial de la Federación contó con mil 370 órganos. De éstos, 915 fueron órganos jurisdiccionales y 455 órganos administrativos y/o unidades administrativas.

También suman 47 mil 123 servidores públicos. De éstos, tres mil 424 estaban adscritos a la Suprema Corte, mil 443 en el Tribunal Electoral y 42 mil 256 en el Consejo de la Judicatura. Del total del personal, 49.5% son mujeres.

Del régimen de contratación, 32 mil 756 servidoras y servidores públicos eran sindicalizados y 14 mil 359 de confianza. El resto, por honorarios.
Y se registraron mil 437 magistrados y jueces.

Ingresan tres de cada 10 delitos con el viejo sistema penal

De los 48 mil 116 delitos registrados en las causas penales atendidas por los jueces federales durante el año pasado, 16 mil 055 ingresaron mediante el sistema tradicional (que son los juzgados de distrito); es decir, tres de cada 10 (33.4%). El resto fue a través del nuevo sistema penal acusatorio (jueces de control o de garantías).

“Del total de los delitos registrados en 2019, 44.8% correspondió a los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, seguidos por los delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (14.4%)”, se destaca en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020 elaborado por el Inegi.

El año pasado, el Poder Judicial de la Federación conoció 21 mil 145 causas penales, de las cuales, 19.5% fue mediante los juzgados de distrito; es decir, bajo el anterior modelo de justicia; el resto fue a través del nuevo sistema penal acusatorio.

Anuar García, presidente de SOS México Capítulo Jalisco, recuerda que el Artículo Quinto Transitorio de la reforma de 2008, que tiene que ver con la fecha de la comisión de los delitos, establece que si éstos se cometieron antes del 28 de junio de 2016, tendrán que ser conocidos por el antiguo sistema.

Sin embargo, señala que también es utilizado por muchos litigantes o autoridades para cometer actos de corrupción, al ingresar asuntos actuales en averiguaciones previas pasadas, “porque el anterior sistema era menos garantista y les permitía actuar sin ser revisados por un juez de control. Y después permitía, con mayor facilidad, condenar a una persona cuando así se necesitara, puesto que las pruebas estaban tasadas”.

Pese a que hay candados, acepta que se sigue presentando esta práctica para que se investiguen los asuntos con la fecha anterior a la que en realidad se cometieron.

Agrega que mientras en Jalisco el Poder Judicial continúe siendo controlado por los partidos políticos, “en donde no hay piso parejo para la ciudadanía, pues este tipo de casos seguirán sucediendo, aunque existan los candados”.

Caen casos remitidos ante jueces por el robo a Pemex

Tan sólo en el primer semestre del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que se abrieron cuatro mil 453 carpetas de investigación por delitos cometidos en materia de robo de hidrocarburos. Sin embargo, al cierre del año pasado, sólo 806 expedientes llegaron a los juzgados federales.

Estos últimos representan, incluso, una baja con respecto a los dos mil 761 casos remitidos en 2018 por el Ministerio Público a los juzgados de distrito del anterior modelo de justicia y los jueces de control o garantías (en el sistema penal acusatorio).

Lo anterior, pese a que la actual administración federal puso en marcha un plan para combatir el “huachicol”. Y también ante el aumento de las penas de hasta 30 años de prisión a quien cometa estos delitos, sumando multas más altas establecidas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, indica que se ha visto una reducción de la persecución de este delito, el cual está relacionado a la política de austeridad del Gobierno federal.

“A pesar de que se formó una agencia especializada en combate al ‘huachicol’ en la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), el personal es poco… le faltan muchísimas cosas”.

Acentúa que los recortes continúan y la Fiscalía General de la República fue una de las dependencias a las que en este año le redujeron mil millones de pesos.

“Obviamente le está afectando en el tema del personal, con el tema de los viáticos. Por eso bajó la captura o la vinculación a proceso de personas. El Gobierno federal, con esa política de austeridad, cerró muchas puertas”.

En enero pasado, Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó que en 2019 se logró reducir hasta 91% el robo de los combustibles, lo que generó un ahorro de 56 mil millones de pesos en los poliductos.

El funcionario recordó que en 2016 el robo fue de cuatro millones 600 mil barriles, mientras en 2018 llegó a los 20 millones. El año pasado bajó a un millón 800 mil barriles.

Aunque en enero pasado se aprobó en comisiones la reforma al Artículo 19 constitucional para tipificar el robo de combustible como delito grave, aún no es avalado por el pleno de la Cámara de Diputados. La falta de esta modificación ha sido señalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como uno de los motivos por los que las personas detenidas no llegan a prisión.

Información de el Informador.