Cofece advierte que aumento en precio de tortilla puede ser un acuerdo entre agrupaciones

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La comisión advierte consecuencias si esta acción está coordinada para manipular el precio del producto

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que la Autoridad Investigadora, en uso de sus facultades, remitió advertencias al Consejo Nacional de la Tortilla y a diversas agrupaciones, debido a que tiene conocimiento de que podría existir un aumento consensuado en el precio del kilogramo de la tortilla.

A través de su página de internet la Cofece indicó que esta advertencia va dirigida a representantes estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla, de dicha asociación, pues refiere que dicho acuerdo pudo haber sido incitado por estas agrupaciones al promover entre sus afiliados la manipulación del precio de este producto.

Adicional a la prevención que se hace, la Autoridad Investigadora exhortó a los dirigentes de estas asociaciones a que eviten emitir recomendaciones sobre aumento de precios, así como a fomentar y vigilar que sus afiliados tomen decisiones de comercialización y de precios de venta de manera estrictamente individual, conforme a sus estrategias de negocio, hecho obligado en un entorno de precios libres.

“Los precios deben determinarse sin inferencia alguna de los competidores, es decir cuando exista (o si es que existe) un aumento en el precio de los insumos en la producción de tortilla, la decisión de aumentar o no el precio de la tortilla debe ser de cada tortillería, ya que de hacerlo de manera coordinada con sus agremiados implicaría violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)”, advirtió el organismo.

También reiteró que la coordinación o intercambio de información entre agentes económicos competidores para establecer precios constituyen prácticas monopólicas absolutas, las cuales, en su caso, pueden ser sujetas, entre otras sanciones, a multas de 10 por ciento de los ingresos de cada agente económico que participe en el acuerdo, e incluso responsabilidad penal a las personas físicas participantes del acuerdo, que se sancionaría con cinco a 10 años de prisión y con mil a 10 mil UMAs1 de multa.

Información de Heraldo de México.