Personal de tránsito y transportes de Rosarito, detiene ilegalmente autobuses Baja Plus

Rosarito
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Por instrucciones de Enrique Díaz Pérez...

Playas de Rosarito, B.C., 29 de junio 2019.- De nueva cuenta el titular de la dirección de Tránsito y Transportes del VII Ayuntamiento, Enrique Díaz Pérez, exhibe su ingente ignorancia y su ya conocida proclividad a las acciones de corrupción, a través de su servilismo a un grupo de liderazgos del sector transportista del municipio más joven del estado.

Liderazgos que se encuentran molestos con la empresa Baja Plus, que recién brinda un servicio de transportación de pasajeros que les permite trasladarse desde Tijuana a las demarcaciones de Playas de Rosarito y Ensenada, en unidades de reciente modelo, con aire acondicionado, wifi, conductores presentables y amables, y a precios accesibles, lo que representa para los usuarios una opción y excelente oferta, a decir de los ciudadanos,  es un transporte bueno, bonito y barato.

Situación, que los nocivos y degradantes liderazgos transportistas no pueden presumir, ya que su oferta de transporte es en unidades chatarra, caro, inseguro y sucio, pero lo que si pueden exaltar, es su capacidad para obligar a sus trabajadores del volante  a que los acompañaran a manifestarse en las instalaciones de la SCT en la ciudad de Tijuana, y a solapar y aplaudir a sus dirigentes, Raúl Carrillo, Alfredo Guzmán y Francisco Reyes, que de forma cobarde agredieron al reportero Juan Manrique de Grupo Cadena.  

Es por ello, que dieron instrucciones a Díaz Pérez, a quien colocaron al frente de la dirección de Tránsito y Transportes desde la pasada administración, para que operara a través de la dependencia a su cargo en contra de la, según los lideres inconformes, desleal competencia de Baja Plus,  éste, sin pérdida de tiempo giró instrucciones a sus subordinados para que “cacen" a todas las unidades de transporte público de pasajeros de la empresa Baja Plus, para que, bajo cualquier pretexto impidan que continúen su ruta, les infraccionen y incauten el vehículo, sin importar que ello sea ilegal.

Baja Plus brinda el servicio de transporte de pasajeros de la ciudad de Tijuana con destino final en Ensenada, pasando por Rosarito y el Valle de Guadalupe, y viceversa, siguiendo una ruta que se estableció previamente sobre la carretera federal numero uno, lo que, obligadamente hizo que la empresa solicitara la anuencia respectiva a la única autoridad con potestad jurídica para otorgársela, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, conocida por su acrónimo como la SCT.

De acuerdo a la anuencia otorgada a Baja Plus, el servicio de transporte que brindan a los usuarios fue clasificado por la S CT como de “segunda", lo que le permite no solo subir y descender pasaje en sus terminales localizadas a lo largo de su ruta, sino también, de hacerlo en cualquier punto del recorrido cuando así le sea requerido por los usuarios, siempre y cuando, señala la ley, no se desvié de la carretera federal y salvaguarde la integridad de los pasajeros y la unidad. 

La estulticia e ignorancia de Enrique Díaz Pérez, no le permiten conocer y entender que, de acuerdo a lo que establece la ley de la materia, sólo será la autoridad federal, en el caso que nos ocupa, la policía federal (sección caminos), quien tiene la facultad para sancionar a los vehículos de cualquier tipo que transiten por las carreteras federales, de hacerlo autoridad de otro nivel, se estará incurriendo ilegalmente en una injerencia de competencia gubernamental.

Y como muestra solo un botón, en la mañana de hoy, en la terminal de Baja Plus que se ubica en las instalaciones del hotel Castillos del Mar, sobre el boulevard Popotla (que al igual que el boulevard Benito Juárez, son parte de la carretera federal numero uno) de esta ciudad, encontrándose estacionado un autobús en espera del ascenso de pasajeros, llegó al lugar uno de los agentes de Díaz Pérez a exigir al conductor del vehículo los documentos de la unidad para “verificar” que contara con los permisos correspondientes y documentos necesarios para brindar el servicio, encontrando la “grave" irregularidad de que el chofer la póliza de seguro la portaba en copia y no en original, por lo que fue merecedor a que se le infraccionara y remolcara el autobús ante el juez calificador.

 Y no es la primer ocasión en que sus “jefes" lo usan como su ariete de ataque, en los pasados meses de enero y febrero, se dio a la tarea de acosar y sancionar indebidamente a la empresa de transporte de personal Transfer H. Campos S.A. de C.V., quien fue contratada por las industrias maquiladoras Hyunday y Heinessen, en reemplazo de las pertenecientes a sus protectores, por tener unidades obsoletas y en pésimas condiciones mecánicas, lo que ponía en riesgo la integridad del personal transportado, acción lesiva, que puso en riesgo la permanencia en el municipio de las industrias y en consecuencia, los mas de siete mil empleos que generan.

Este tipo acciones con fétido aroma de corrupción, no son novedad en la dirección de Transito y Transportes, la imagen de la dependencia y de su de su director, Enrique Díaz Pérez , quien por cierto, lleva más de cinco años en el cargo, es la de su proclividad a la corrupción y por estar domesticado a los intereses de las empresas transportistas Quinto Municipio y Transportes Amaro, a quienes obedece a ciegas para todas las triquiñuelas e irregularidades que vienen realizando, la protección de transporte pirata, permisividad de circulación a unidades en pésimas condiciones mecánicas entre otras, y a la vez, es utilizado por estas  como alfil para atacar a todos aquellos transportistas que no se someten a sus caprichos y deseos.

La empresa Baja Plus debe de combatir las ilegalidades en que incurre el personal bajo las órdenes de Díaz Pérez, debe de solicitar la intervención de la policía federal a través de la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), impedir que sigan con esa fase nociva de alta corrupción que ha sido el pan cotidiano en la dependencia, gracias a la indolencia e inamovilidad (protección simulada), de dos áreas fundamentales del gobierno municipal, la Sindicatura Procuradora a cargo de Miguel Ángel Vila Ruíz, y la titular del ejecutivo, Mirna Rincón Vargas.