Sabremos pronto

Vale más tarde que nunca parecieron decir tanto en el PRI como en el PAS, que reaccionaban ante la polvareda levantada por la aprobación de las reformas constitucionales a los artículos 37 y 43.

“Traidores”, fue el título de nuestra pasada columna, y en seguimiento a la misma contactamos al presidente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien como siempre aceptó la entrevista y el intercambio de opiniones.

Habría que puntualizar primero que a diferencia de los del partido tricolor, los pasistas mantuvieron casi constantes manifestaciones públicas diversas a favor de las mencionadas y controvertidas reformas.

Pero algo falló; no supieron vender sus argumentos, o los expusieron ante la gente equivocada.

En la plática con Cuén Ojeda, tenemos que reconocer que encontramos elementos diversos que nos refuerzan la idea de que les ha faltado comunicar algunos de los pretendidos pros de la reforma.

Acabamos de enterarnos, por ejemplo, de que la Comisión de Fiscalización ya no realizará los dictámenes sobre los informes de las cuentas públicas, y que en adelante surgirán directamente desde la Auditoría Superior del Estado rumbo a la discusión del pleno legislativo.

En honor a la verdad, hay que ratificar que la reserva presentada por el PAS clarificó una de las dudas principales al puntualizar que se mantiene la revisión, fiscalización y discusión de las cuentas públicas, con aprobación y rechazo, durante sesiones públicas y de cara a la sociedad.

“Es falso que eso se vaya a dar en lo oscurito”, nos resaltó Héctor Melesio Cuén, quien a pregunta expresa del columnista rechazó tajante que su partido tenga una alianza con el PRI; “acabamos de votar en contra algunas cuentas públicas que ellos votaron a favor, y ello tampoco implica que ahora estemos aliados con los del PAN. A veces coincidimos con unos, a veces con otros”.

Enfatiza el dirigente estatal del Partido Sinaloense que hay cosas que tienen que cambiar, y que la forma de dictaminar, revisar, fiscalizar y aprobar las cuentas públicas es una de ellas.

En adelante “tendremos dictámenes de cuentas públicas sustentados técnicamente, que en público serán revisados y discutidos por el pleno”.

Refirió que esas reformas van aparejadas con el sistema nacional anticorrupción, y que desde marzo pasado la ASE cuenta con más facultades en materia de fiscalización con una reforma que el propio PAN aprobó, aunque ahora pretendan que ni cuenta se dieron.

Cuén Ojeda señala que “el PAS y nuestros diputados trabajamos por menos corrupción, por más transparencia y por una rendición de cuentas más efectiva”, para rechazar tajante que su partido esté siendo utilizado por el PRI; simplemente, reiteró, “apoyamos lo que consideramos que es bueno para Sinaloa, sin detenernos a ver quiénes coinciden o discrepan”.

De nuestra parte, la reiteración directa de que no termina de convencernos la reforma constitucional.

No somos ariscos por naturaleza, sino por lo que hemos visto.

La coincidencia, ahí sí, de que más temprano que tarde estaremos en condiciones de valorar de mejor manera esos cambios constitucionales, ya cuando comiencen a operar.

DICTADURA SOSPECHOSA

Es cierto que algunos asistentes a las sesiones legislativas parecen ir nada más a generar disturbio.

Tampoco se puede negar la obligación de tomar las medidas de seguridad necesarias para resguardar el orden dentro del recinto legislativo.

La presidenta de la JUCOPO, diputada Irma Leticia Tirado, anunció que se impedirá el acceso a un grupo de personas que tienen identificadas como alborotadores.

No alegaremos que puedan tener razón en ese calificativo, pero debemos advertirles que es una acción que viola la ley.

¿Acaso nadie les ha informado a los diputados sobre la obligada presunción de inocencia?

Ser “sospechoso” de incurrir en conducta inapropiada no representa ningún delito; la intención de prevenir un riesgo real o supuesto no quita lo inconstitucional a esa medida anunciada.

Absurdas pretensiones dictatoriales del Congreso del Estado, ese poder que supuestamente está para vigilar que las leyes se cumplan.