Con bombo y platillo desde Brownsville, el gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, promulgó ayer la polémica Ley SB4 que permitirá a policías estatales y de los condados arrestar y deportar a México a cualquier persona “sospechosa” de haber cruzado ilegalmente a Texas, al tiempo que culpó al gobierno de López Obrador por la creciente oleada de migrantes.

Rodeado de alguaciles y de elementos militares de la Guardia Nacional de Texas a los pies del muro fronterizo, Abbott presumió que la nueva legislación permitirá encarcelar a los inmigrantes reincidentes con una pena carcelaria de hasta 20 años en prisión y rechazó las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la legislación.

“Lo que López Obrador ha hecho es reprobable, sometiendo a miles y miles de personas a la tortura, a la violación, a asalto y hasta la muerte. Y simplemente los envía por la vía libre al estado de Texas y piensa que puede condenar a Texas por esto. Es indignante. Necesita entender que él es una gran causa del problema migratorio que tenemos en Estados Unidos. Los vamos a mandar de inmediato de regreso a México”, remató el republicano.

Abbott sostuvo que una vez que la ley sea implementada a partir de marzo próximo, el número de llegadas de migrantes a Texas podría desplomarse en al menos 50 por ciento y probablemente hasta en 75 por ciento, toda vez quienes sean arrestados deben aceptar la orden de un juez de ser deportados o de lo contrario, ser acusados penalmente. Si reinciden, el castigo más drástico es de hasta 20 años de cárcel.

¿Qué más autoriza la Ley SB4?
Aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes estatales, la ley autoriza que los policías de Texas deporten a los presuntos migrantes sin acatar los requerimientos constitucionales del debido proceso, es decir sin juicio de por medio. Las agencias policiales de esa entidad esperan que la ley facilite el combate a los cárteles mexicanos.

Expertos en derecho internacional creen que la legislación texana podría dar lugar a una disputa legal con el gobierno de López Obrador, toda vez que los oficiales estatales pueden enviar hacia territorio mexicano a miles de personas al margen de su estatus migratorio o nacionalidad.

Aun antes de la promulgación de la ley por parte de Abbott, el gobierno de la 4T había advertido que el paquete de medidas legislativas aprobadas por las cámaras texanas afectaría los derechos humanos de millones de personas de origen mexicano que residen en el estado.

Aunque las dos iniciativas de ley entran en vigor hasta marzo del próximo año, la Unión Nacional de Libertades Civiles (Aclu) anunció que presentará preventivamente una demanda contra la SB4, por considerar que viola los derechos de los solicitantes de asilo no solamente a través de las leyes de Estados Unidos, sino a través de las internacionales.

“Nuestra meta es presentar la demanda con suficiente antelación a la entrada en vigor de la ley en marzo de 2024 para que podamos presentar nuestro argumento ante el tribunal y asegurarnos de que se escuche a tiempo para evitar que prosiga y resulte en el arresto de una persona”, dijo David Donatti, abogado de la Aclu.

De acuerdo a EFE, además de Aclu, decenas de organizaciones texanas criticaron a Abbott y le advirtieron que se verán en las cortes “muy pronto”. La Unión del Pueblo Entero y Frontera Texas Organizing Project aseguraron que estarán en “estado de alerta y resistencia”.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, advirtió en un comunicado de prensa que docenas de organizaciones de Texas se han comprometido a “resistir la agenda antiinmigrante, racista y xenófoba encabezada por el gobernador Abbott”.

Ley podría afectar a mexicanos: AMLO 
Abbott sostuvo sin embargo que él da la bienvenida a las demandas, incluso si llegan a la Suprema Corte de Justicia para determinar la legalidad de sus acciones, a pesar de que existe un precedente de qué la máxima corte del país consideró inconstitucionales una serie de medidas similares adoptadas por el estado de Arizona en 2010.

Además, Abbott promulgó la SB3 que asigna 1,540 millones de dólares para completar el muro de Trump en la frontera con México y construir barreras vehiculares y peatonales adicionales.

Durante la promulgación, Abbott presumió que ha construido casi 26 kilómetros de muros y barreras de bolardos de acero y que otros 53 kilómetros se encuentran en proceso. También indicó que se han desplegado más de 177 kilómetros de barreras con alambre de púas.

La SB4 asigna por otra parte 40 millones de dólares al departamento de Seguridad Pública de Texas para la nómina de policías estatales que realizan labores de vigilancia en área de viviendas conocida como Colony Ridge, cerca de Houston, a fin de incrementar la presencia policial en una zona a la que suelen llegar los indocumentados.

Tras la promulgación de las leyes, un grupo de legisladores demócratas pidió en una carta al Departamento de Justicia que interponga una demanda contra Texas para frenar lo que calificaron de una ley “inconstitucional”

La carta fue enviada al fiscal general, Merrick Garland y está firmada por los demócratas de la Delegación de la Cámara de Representantes de EU en Texas y del Caucus Hispano del Congreso federal.

Con información de Milenio

JR