Tras varios días de estar hospitalizada la bebé de Lupita TikTok, diversos medios han señalado que la menor podría presentar muerte cerebral, sin embargo, sus padres han negado esta información a través de redes sociales, incluso hace unas horas revelaron que habían bautizado a la menor.

Ante esta situación, otra preocupación se suma a la vida de Lupita TikTok, pues, de último momento ha trascendido que Ricardo “N”, pareja de la influencer y padre de la menor ha sido detenido por las autoridades de Nuevo León.

¿Por qué detuvieron a Ricardo “N”?

De acuerdo con medios locales, Ricardo “N”, actual pareja de Lupita TikTok y padre de Karely Yamileth, la bebé que se debate entre la vida y la muerte desde el pasado 27 de abril, fue detenido este 10 de mayo de 2025, así lo informaron las autoridades del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con la información que trasciende en diversos medios de comunicación locales y redes sociales, Ricardo “N” fue detenido por el delito equiparable a la violación contra una persona con vulnerabilidad cognitiva o discapacidad intelectual.

Hasta la redacción de esta nota, ni Lupita TikTok ni tampoco James Flores, manager tanto de la influencer como de Ricardo “N” han salido a confirmar o negar dicha información, por lo que se espera que en las próximas horas.

La última publicación de Ricardo “N”

El pasado 7 de mayo, Ricardo “N” a través de su página oficial de Facebook, compartió una fotografía de él mismo y en ella escribió que iban a bautizar a la pequeña Karely. Un día después, el 8 de mayo publicó una historia en su Instagram en donde mostró el kit de bautizo de la pequeña y aseguró que ya había quedado bautizada su hija.

Desde entonces, el novio de Lupita TikTok no ha publicado nada en sus redes sociales. Se espera que sea através de éstas en donde se dé a conocer más detalles de la situación legal de Ricardo “N”.

Con información de El Heraldo de México.

CAC

Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de El Chapo, están a un paso de convertirse testigos colaboradores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en las investigaciones y procesos que se llevan a cabo en este país contra de otros líderes o aliados de las operaciones de El Cartel de Sinaloa, entre ellos Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero.

El acuerdo de culpabilidad que Ovidio Guzmán ya pactó con los fiscales estadunidenses, y que en el caso de Joaquín Guzmán también se encuentra avanzado, incluye el compromiso de cooperar con otros procesos e indagatorias que tiene en marcha los fiscales, tanto aportando información como, de ser necesario, comparecer en audiencias.

Autoridades federales de los Estados Unidos consultadas por MILENIO confirmaron que desde junio del año pasado los dos hijos de El Chapo forman parte del programa de protección de testigos cooperantes (Witness Security Program) del Departamento de Justicia. 

Por ese motivo no se encuentran recluidos en cárceles convencionales, sino en una dirección no revelada bajo custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Durante casi un año la defensa de los dos hermanos a cargo del abogado Jeffrey Lichtman ha trabajado con los fiscales en los términos de dicho acuerdo, que además de la declaración de la culpabilidad exige la cooperación con las autoridades estadunidenses en los procesos en marcha.

Son condiciones idénticas y obligatorias que ya se han aplicado en el pasado a otros narcotraficantes extraditados a Estados Unidos como, por ejemplo, Vicente Zambada Niebla, hijo de “El Mayo” Zambada, o Damaso López Núñez, los cuales además de dar declaraciones se presentaron en juicios.

Actualmente hay dos procesos en curso en contra de jefes del Cartel de Sinaloa y en los que los hijos de El Chapo podrían formar parte de los testigos de los fiscales. Uno es el iniciado en contra de Ismael El Mayo Zambada, quien de hecho fue entregado en contra de su voluntad por Joaquín Guzmán López.

El otro es el de Rafael Caro Quintero, quien según la acusación de los Estados Unidos aun estuvo a cargo de operaciones de narcotráfico por lo menos hasta 2015, además de que se le acusa de ser el responsable intelectual del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena.

Pero además existe la posibilidad de que Ovidio y su hermano aporten información que permita proceder en contra de cómplices del cartel como, por ejemplo, funcionarios corruptos que les hayan brindado apoyo. 

Es un escenario que ya ocurrió con varios testigos colaboradores que participaron en el juicio de El Chapo, y que a la par rindieron declaraciones con las que luego los fiscales de Estados Unidos procedieron en contra del exsecretario de seguridad, Genaro García Luna.

La especialidad de la casa

El ofrecer penas acortadas y beneficios migratorios a jefes criminales a cambio de información y de convertirlos en testigos que comparezcan en juicios ha sido una práctica recurrente de los fiscales de Estados Unidos, por lo menos en las últimas dos décadas. Una práctica que ha resultado exitosa pues en todos los casos en que se han utilizado han obtenido condenas.

Entre esos casos destacan, por ejemplo, el de Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, extraditado en 2010 a Estados Unidos. En 2013 se declaró culpable y aceptó cooperar con las autoridades. 

Entre otros procesos, fue uno de los principales testigos en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York en 2018 y 2019. Dio detalles sobre la operación del cártel y la complicidad de funcionarios mexicanos.

Dámaso López Núñez El Licenciado, ex colaborador cercano de El Chapo, capturado en México en 2017 y extraditado a Estados Unidos en 2018, se declaró culpable y testificó contra El Chapo. Dio detalles de su fuga el penal del Altiplano en 2015 y dio información sobre la estructura del cártel.

También Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey Zambada, hermano de El Mayo y ex jefe del Cartel de Sinaloa en la Ciudad de México. 

En 2014 se declaró culpable en chicago previo acuerdo con los fiscales, y años después testificó en el juicio de El Chapo y en el de García Luna donde habló de los sobornos millonarios entregados a funcionarios mexicanos.

A ellos se suma Sergio Villarreal Barragán El Grande, ex lugarteniente de los Beltrán Leyva, organización aliada en su momento al Cártel de Sinaloa, y quien tras declararse culpable y volverse testigo colaborador ha comparecido en varios procesos, entre ellos el de García luna.

Otros que se han declarado culpables y se han vuelto testigos son Oscar Nava Valencia, El Lobo; Miguel Ángel Martínez El Tololoche; Lucero Guadalupe Sánchez López, La chapodiputada; Harold Mauricio Poveda Ortega, El Conejo.

Los casos que vienen

Además de los casos que ya están en marcha en tribunales, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tienen diversos procesos pendientes en contra de personas ligadas al Cártel de Sinaloa, organización delictiva a la que considera ya no solo un cartel de la droga sino un grupo terrorista internacional.

En las audiencias que se han llevado a cabo en distintos juicios como los de El Chapo Guzmán o la de García Luna, los fiscales estadunidenses han referido la existencia de otras indagatorias y señalamientos en contra de funcionarios y exfuncionarios sin abundar en mayores detalles sobre ello. Los abogados defensores también han expuesto esto en sus contrainterrogatorios.

Los casos que sí se conocen públicamente son los de Luis Cárdenas Palomino y Ramon Pequeño García, ex alto mandos de la Policía Federal, y que al igual que García Luna están acusados de brindar apoyo al Cartel de Sinaloa a partir de las declaraciones de testigos colaboradores. Cárdenas Palomino se encuentra detenido en México, mientras Pequeño García está prófugos.

Luego de la primera audiencia de Caro Quintero el 28 de febrero el jefe de la División de la DEA en Nueva York, Frank Tarantino IIII, adelanto que más personas ligadas al Cartel de Sinaloa serían entregadas por parte de México a Estados Unidos  este mismo año.

Con información de Milenio.

CAC

Por acuerdo de las partes, la audiencia que Joaquín Guzmán López tendría esta mañana en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois fue cancelada nuevamente y enviada a una nueva fecha.

Esta es la segunda vez consecutiva que esto sucede, ya que dicha audiencia estaba programada inicialmente para el 19 de marzo. Luego se reprogramó para el 18 de abril y ahora ha sido cambiada al 2 de junio.

Desde que Joaquín Guzmán López fue arraigado el 30 de julio de 2024, en una audiencia donde se declaró “no culpable” frente a la jueza Sharon Johnson Coleman, solamente se ha presentado a una audiencia más: la del 7 de enero, en la que la fiscalía pidió más tiempo debido a la complejidad del caso.

Los anuncios de cambios de audiencia y las peticiones de más tiempo son normales en los juicios federales, ya que las fiscalías están obligadas a llevar a juicio a un acusado a más tardar 70 días después de su arraigo formal, que en este caso ocurrió a finales de julio del año anterior. Por lo tanto, las solicitudes para cambiar fechas o declarar los casos como “complejos” permiten extender ese plazo.

¿Joaquín Guzmán López en prisión de baja seguridad?

Por otro lado, desde el 16 de octubre pasado, Joaquín Guzmán López no se encuentra en ninguna prisión adjunta al sistema del Buró de Prisiones Federal, por lo que es altamente probable que esté detenido en una cárcel local de baja seguridad.

Esto podría ser parte de los beneficios que ha obtenido mediante negociaciones para convertirse en testigo protegido en el caso contra Ismael Zambada García “El Mayo”, quien está detenido y procesado en Nueva York.

Con informacion de MVS Noticias.

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