Las autoridades de Sonora identificaron una peligrosa modalidad de reto viral implementada por jóvenes menores de edad en Hermosillo, que consiste en incendiar vehículos para después firmar el acontecimiento y publicarlo en las redes sociales.

Joven detenido por reto viral de incendiar autos

El fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, dio a conocer la situación, en la que registran a un adolescente detenido por el delito de daños.

“Le llaman un reto, que es poner una botella de gasolina en la parrilla del vehículo, hacerla incendiar y correr, y filmar después el daño causado”, dijo.

Salas Chávez calificó dicha práctica como irresponsable, en tanto buscarán responsabilidad para los padres o tutores.

Son menores de edad y serán puestos a disposición de un juez en cuanto tengamos las órdenes de aprehensión correspondientes. Por supuesto, estamos también viendo la posibilidad de corresponsabilizar civilmente a los padres de familia de estos jóvenes”, anotó.

Identifican a más involucrados

Finalmente, declaró que han identificado a tres jóvenes involucrados en los incendios parciales de vehículos, los cuales se han registrado mayormente al norte de la capital sonorense.

“Lo llaman un reto, que consiste en colocar una botella con gasolina en la parrilla del vehículo, prenderle fuego, correr y filmar después el daño causado”, explicó Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora.

El fiscal informó que ya hay un menor de edad detenido relacionado con estos hechos y que cuentan con información sobre otros posibles involucrados.

Con información de UNO tv.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el procedimiento que llevará a cabo el INE para verificar que los candidatos a ministros, magistrados y jueces que ganen la elección no hayan cometido algún delito de género o se encuentren prófugos de la justicia. En caso deencontrar sentencias o estar sustraídos de la justicia, puede proceder a anular triunfos. 

¿Por cuáles delitos se puede anular el triunfo a un magistrado?

En sesión pública, los magistrados aprobaron por unanimidad el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera que confirma el acuerdo del INE, por el que se hará la revisión para corroborar que ningún candidato ganador haya sido sentenciado por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

El magistrado Fuentes Barrera afirmó que no se puede entregar una constancia a las personas que son inelegibles, por lo que, dijo, “es indispensable que el INE verifique que quien obtenga la mayoría de votos sea efectivamente elegible”. 

“Aquí la lógica es sencilla: no se puede declarar válida una elección que en su culminación desemboca en una inhabilitación, no puede entregarse una constancia de mayoría a quien legalmente no puede ocupar el cargo”, dijo. 

Candidatos tenrán que presentar certificados

Respecto a la obligación que impuso el INE a todos los candidatos para que presenten un certificado de no deudor alimentario y una carta bajo protesta de decir verdad en la que declaren no haber sido condenados por violencia de género ni estar prófugos de la justicia, el magistrado Felipe Fuentes dijo que “no es una carga excesiva, es una condición mínima de responsabilidad pública”

El magistrado concluyó que el procedimiento avalado por el INE para verificar la elegibilidad de los candidatos no invade facultades del Senado de la República ni de los Comités de Evaluación, pues la Constitución establece que al INE le corresponde “efectuar los computos de la elección, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas”, así como declarar la validez de la elección.

“Aquí no hay una invasión de atribuciones ni duplicidad de tareas sino una colaboración funcional entre instituciones del Estado Mexicano, conforme a lo que ordena el marco constitucional vigente. Lo que está en juego no es quién hace qué sino como se garantiza que quien resulte electo cumpla cabalmente con los requisitos de elegibilidad que exige la Constitución”, dijo. 

En tanto, la magistrada Mónica Soto Fregoso, presidenta de la Sala Superior del TEPJF,  dijo que con la revisión “se potencializan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia al impedir que candidaturas que hayan incurrido en determinados ilícitos en esa materia puedan acceder a un cargo público, a pesar de haber triunfado en las urnas”. 

Con información de El Sol de México.

La imagen es tan dolorosa como reveladora: Fidelia Vásquez Nuño, de 96 años de edad,postrada en una camilla, es empujada por su hijo Gilberto Ayala hasta el interior de la sucursal del banco BBVA en la colonia Reforma de esta ciudad. No es una emergencia médica, es una cita forzada. La institución financiera le exigió presentarse en persona para corregir una falla en su registro biométrico que le ha impedido cobrar su pensión desde hace medio año.

La historia de la señora Fidelia es un reflejo alarmante de los obstáculos que enfrentan muchas personas adultas mayores para acceder a servicios financieros. En este caso, la situación escaló hasta convertirse en un acto de posible revictimización institucional. La mujer, quien no sufre una enfermedad grave pero sí enfrenta severas limitaciones de movilidad debido a su edad, fue transportada en una cama hospitalaria y en ambulancia desde su domicilio hasta el banco.

“Es una indignidad. Hemos entregado todo: documentos oficiales, poderes notariales, su apoderado legal. Aun así, nos han exigido que ella venga en persona, a pesar de que claramente no está en condiciones”, relató Gilberto Ayala, su hijo, quien ha encabezado los trámites. “La gerente de la sucursal de BBVA nos dijo que el pago está suspendido y que necesitamos cumplir con más requisitos para poder reactivar el cobro. Es un calvario”, añadió.

Por su parte, Ernestina Ayala, hija de Fidelia, calificó el trato recibido como un agravio inaceptable. “Nos han paseado de oficina en oficina. Nos dicen que los rasgos faciales no coinciden con los del registro anterior, sin considerar que mi madre tiene 96 años. Claro que ha cambiado físicamente, ¿quién no cambia en décadas?”, cuestionó indignada.

El incidente fue grabado en video y ha comenzado a circular en redes sociales, generando una oleada de críticas hacia la institución bancaria. En las imágenes se aprecia a la señora Fidelia ingresando al banco acostada en su camilla, mientras su hijo y personal médico la acompañan.

La familia anunció que presentará quejas formales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“No se puede permitir que los bancos traten así a nuestros adultos mayores, como si fueran cifras y no personas”, sentenció Gilberto Ayala.

Hasta el momento, BBVA no ha emitido una postura pública sobre el caso.

Con información de Infobae.