México
CNDH: suman 32 mil 236 desaparecidos y 855 fosas
Entre 1995 y 2015 se han exhumado en diferentes estados, mil 548 cadáveres; informe destaca un problema estructural en la atención a las víctimas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) corroboró que en México han desaparecido 32 mil 236 personas hasta octubre de 2016 y han sido localizadas 855 fosas clandestinas, de las cuales se exhumaron mil 548 cadáveres.
Señala que se encontró un problema estructural en la atención a víctimas del delito de desaparición.
Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz son las entidades que reportaron haber exhumado y/o encontrado 35 mil 958 restos óseos y humanos. Por estos delitos hay ocho personas sentenciadas, dos de las cuales fueron por el orden local y seis por lo federal, informó el primer visitador general Israel Eslava Pérez.
En la presentación del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, la CNDH señala que 82.71% de los casos se concentran en 11 estados: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla y Michoacán.
En su reporte, la CNDH encontró que hay un incremento en los casos de personas desaparecidas en los últimos 10 años, puesto que en 2007 se reportaron 662 casos y para octubre de 2016 se denunciaron 3 mil 805, de acuerdo con las cifras oficiales.
Esto representa un aumento de 474% en la cantidad de personas desaparecidas en el país.
La comisión reconoció que tanto en la localización de fosas clandestinas como en la búsqueda de personas, han sido los familiares quienes logran los mayores avances, pese a ponerse en situaciones de riesgo y no contar con los recursos suficientes para realizar la búsqueda de sus parientes.
“En muchas ocasiones, la búsqueda y localización de fosas clandestinas es realizada por la sociedad civil, que, ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, se ve obligada a hacer lo que le corresponde a la autoridad”.
El informe destaca un problema estructural en la atención de las víctimas relacionado con la falta de una ley en la materia y de profesionalización en las autoridades dedicadas a la investigación, “aunado a la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad, corrupción y colusión de servidores públicos con la delincuencia”.
La CNDH reportó irregularidades en las investigaciones de desaparición que realizaron las procuradurías de justicia locales y la Procuraduría General de la República (PGR). En una revisión de 100 expedientes iniciados entre 2009 y 2015, halló que las pesquisas no se realizaron de manera “pronta, exhaustiva e imparcial”.
Por ejemplo, las labores de búsqueda no se iniciaron de manera inmediata, el Ministerio Público no reporta los casos a la policía ni a periciales, no investigaron ni interrogaron a testigos ni se implementaron los protocolos homologados para la búsqueda.
Tampoco iniciaron averiguaciones previas a pesar de que había elementos para presumir que se cometieron delitos, no recabaron las fichas de identificación de las personas desaparecidas ni transmitieron el reporte a programas federales para búsqueda.
“Las inconsistencias estructurales, entre ellas la deficiente procuración de justicia que aún enfrenta el país, dificulta la atención pertinente de los casos, partiendo de cuestiones tan básicas como precisar cuántos de esos casos pertenecen a desaparición forzada, cuáles son imputables a la delincuencia organizada, y cuántas víctimas corresponden a causas diferentes”, dijo.
Los datos se obtuvieron de las cifras entregadas por las procuradurías de justicia locales, y las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. La CNDH revisó los registros de 57 mil 861 personas reportadas como desaparecidas entre 1995 y 2015. De estos corroboró 32 mil 236 casos, de los cuales se tendrá que determinar cuántas personas han sido localizadas. Esta revisión no coincide con las cifras oficiales, las cuales sólo reconocen la desaparición de 29 mil 903 personas.
Sobre las fosas clandestinas, entre el 1 de enero de 2007 y septiembre de 2016 fueron localizadas 855, en las cuales se exhumaron los cuerpos de mil 548 personas; las entidades con más son: Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Colima, San Luis Potosí, Durango, Jalisco, y Sonora.(EL UNIVERSAL)
México
Muere ballena jorobada tras quedar atrapada en redes de pesca en Guerrero
Ambientalistas denunciaron que fue culpa de pescadores irresponsables

Una ballena jorobada murió varada en la playa de Coyuca de Benítez, en Guerrero, con una cuerda amarrada y parte de una red de pesca en la cola, por lo que ambientalistas denunciaron este miércoles que fue culpa de pescadores irresponsables.
Restauranteros de la zona de la playa indicaron a EFE que el mar expulsó el cuerpo del cetáceo, de cerca de siete metros de largo, la tarde del martes, cuando su cadáver flotó a orillas del mar y después encalló en la arena.
Los vecinos, preocupados por lo ocurrido, revisaron al animal, que suele pesar entre 25 y 30 toneladas, pero ya no pudieron hacer nada y detectaron una red atrapada en la cola y una cuerda que salía de la boca.

Los vecinos y comerciantes pidieron a las autoridades ambientales del Gobierno federal y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de Guerrero que intervengan y ayuden a sepultar a la ballena, pues temen que una embarcación la arrastre mar adentro y se descomponga.
Además, integrantes de la asociación civil Los Guerreros Ambientales lamentaron que el mamífero haya muerto el martes, Día de la Madre Tierra y la Naturaleza, por culpa de “la contaminación y la pesca irresponsable”.
Miembros de la organización expusieron a EFE que el hecho es “grave” porque arriesga la salud pública ante la descomposición del cuerpo que puede contaminar la playa.
Además del daño ocasionado al ecosistema, porque el deceso altera la fauna y el equilibrio natural.
Con información de EFE.
México
Exigen justicia por “Tuti”, perrita asesinada, fue golpeada con un palo tras ser atropellada
La Fiscalía General del Estado ha asegurado que investigará el caso de la canina ocurrido en el municipio de Charcas

Desde el pasado 21 de marzo las redes se han volcado a denunciar el asesinato de “Tuti”,una perrita que perdió la vida tras ser atropellada presuntamente de manera deliberada y luego de varios minutos de agonía también fue agredida físicamente con un palo. El acto quedó documentado en el municipio de Charcas perteneciente al estado de San Luis Potosí.
La canina fue llevada a casa por la denunciante y su familia, quienes trataron de salvarle la vida; sin embargo, las lesiones eran tan graves que falleció horas después. Diversos colectivos defensores de animales han exigido la intervención de las autoridades y un castigo para los responsables.
En las imágenes que se han vuelto virales en redes sociales se observa el momento en que “Tuti” se encuentra recostada sobre la banqueta, curando sus heridas cuando en cuestión de segundos aparecen una pareja de personas con un palo, las cuales inician a golpearla.
#Alerta🚨
— Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) April 22, 2025
Estos HDP lastimaron con un palo a una perrita atropellada en el municipio de Charcas #SLP.
Los miserables la aventaron con un palo para moverla a la fuerza a un baldío mientras se burlaban.
Ojalá la @FiscaliaSLP haga justicia porque seguro le harían eso a su madre.… pic.twitter.com/SzUlaMwc58
¿Cuánto es el castigo por maltrato animal en SLP?
La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, anunció en las últimas horas que se iniciará una investigación formal tras la difusión de un video en redes sociales que muestra una agresión contra una perrita en el municipio de Charcas.
“Vamos a revisar los videos para abrir, aperturar, la carpeta correspondiente”, declaró ante medios de comunicación
En San Luis Potosí (SLP), el maltrato animal puede acarrear penas de cárcel y multas, aunque hay debate sobre si las sanciones son suficientemente severas. El Código Penal del estado establece penas de prisión que pueden llegar hasta los 5 años, junto con sanciones económicas.
Con información de El Heraldo.
México
Diputados aprueban que regulación de armas quede en manos de Sedena: ¿Cómo serían los permisos?
Los diputados aprobaron por unanimidad una reforma para hacer más estricta la regulación del uso de armas

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 23 de abril por unanimidad la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, que tiene el objetivo de regular de manera más estricta el uso de armamento por particulares, justificando la defensa personal.
Con 476 votos a favor, se aprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lleve un control de todos los artefactos a través del Registro Federal de Armas. Además, se enlistaron nuevas normas para control, vigilancia y sanciones de actividades en las que esté relacionada un arma de fuego, municiones, explosivos y sustancias químicas.
Entre los motivos que los diputados consideraron para su aprobación está reducir la capacidad de la delincuencia organizada que en los últimos años han accedido a armas de uso exclusivo del Ejército por el cruce ilegal desde Estados Unidos.
Dan facultad a la Sedena para otorgar permisos
A la par, los diputados dieron la atribución para que la Secretaría de la Defensa otorgue, niegue, suspenda o cancele los permisos de adquisición y las licencias de portación de armasautomáticas calibre 7.62 mm o similares y superiores.
Lo anterior incluye a las diferentes instituciones y organismos de seguridad pública federales y estatales.
Para el caso de la Guardia Nacional se establecieron una serie de requisitos para la adquisición y licencia de portación de armas:
- El titular tendrá que presentar una solicitud de Licencia Oficial Colectiva;
- Un Certificado Único Policial vigente y
- Respetar los lineamientos del apartado B del artículo 29 de esta Ley.
En tanto, los organismos de seguridad pública de los estados tendrán que justificar la necesidad del uso armamento que solicitan, para ello el gobernador de la entidad debe hacer una solicitud formal; entregar una opinión favorable del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la necesidad para la adquisición y portación de armas.
Asimismo, extender un convenio de colaboración con la Sedena para la capacitación de y adiestramiento de las armas; presentar el Certificado Único Policial vigente del personal operativo al que se asignará el armamento solicitado y respetar los lineamientos del apartado B del artículo 29 de esta Ley.
En tanto, se mantiene que las personas físicas pueda poseer un arma de fuego “autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en el domicilio declarado por las personas físicas, para la seguridad y legítima defensa de sus moradores”.
Las armas que pueden poseer los civiles son “pistolas de funcionamiento semi-automático, de calibre no superior al .380″ y su equivalente 9 x 17 mm o 9 mm Short o 9 mm Kurz”.
‘Vuelan’ requisitos para que una persona tenga licencia de portación de arma
Pese a que la reforma es mucho más restrictiva y clara sobre el uso de las armas por parte de personas físicas, en el dictamen aprobado este miércoles se eliminaron todos los requisitos que debe de cumplir una persona para tener una licencia para la portación de una arma de fuego.
Los diputados aprobaron la derogación del numeral I del Artículo 26, de la Ley Federal de Armas de Fuegos que establece, entre otras cosas, que las personas físicas no tengan un impedimento físico o mental para el manejo de armas; no haber sido condenado por delitos cometidos con el empleo de armas; no consumir drogas, enervantes o psicotrópicas, y acreditar ante la Sedena la necesidad de portar armas.
Con información de El Financiero.
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