PGJE de Ensenada protege a estafador

Ciudadano americano pretende ser despojado de su vivienda de casi dos millones de dólares por presunto primo de Peña Nieto

Conocido estafador Eloy Peña Garza supuesto primo del Presidente de la Republica ésta siendo protegido de manera descarada por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado en el municipio de Ensenada por parte del sub-procurador de esta zona, Marco Antonio Chavarría  en un fraude de más de un millón de dólares cometido en perjuicio del Lic. Carlos  Rodríguez, quién le vendió  una vivienda  que a la fecha no se la ha pagado, pero con papeles falsos pretende hacer creer que ya lo hizo.

Este litigio tiene más de dos años, desde Noviembre del 2014 a la fecha, y el supuesto pariente del Presidente de la República luego de andarse escondiendo durante meses para no pagar la vivienda una vez que se firmó  un contrato de cesión de derecho en la notaria numero 2(posibles cómplices también) por fin cayó  en manos de la justicia y ésta en la cárcel de donde aún no ha declarado ni demostrado que ya pago al afectado, más sin embargo se ha mantenido argumentando que a través de BanRegio hizo el depósito de la cantidad pactada a la cuenta de Antonio Cervantes, como se había acordado, situación que jamás cumplió  y que además ha sido desmentida por la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no obstante de ello, los funcionarios de la PGJE pretende  liberarlo así nomás porque si para  que vuelva huir.

LOS HECHOS

Con la promesa de establecer nuevos negocios juntos, Carlos Rodríguez vendió, a un bajo costo, una de sus propiedades en el municipio de Ensenada a Eloy Alejandro Peña Garza,  quien aparte de ostentarse familiar de Pena Nieto, dijo ser propietario de diversas compañías. Le aseguró dedicarse a gestionar subsidios federales para el desarrollo de empresas, en la Secretaría de Economía o en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Fue el martes 11 de noviembre de 2014cuando celebraron el contrato de compraventa por la casa ubicada en el fraccionamiento Chapultepec segunda sección de Ensenada, valuada en un millón 700 mil dólares, ante Martha Silva, de la Notaría Pública número 2. Luego,  Peña Garza presenta el comprobante del depósito a la cuenta de Antonio Cervantes por 100 mil dólares – anticipo como se acordó–, pero sostiene que el número de ruta bancaria estaba equivocado. Días después, quien hoy está denunciado por el delito de fraude, envía una supuesta carta de BanRegio, con la que argumenta una reposición del depósito. Cosa que no fue cierta. Es por esa burla que el 27 de enero del 2015, Carlos Rodríguez denunció oficialmente a Eloy Peña por fraude y lo que resulte –bajo el expediente 215/15/300– en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cuya averiguación previa se encuentra radicada en la Agencia de Delitos Patrimoniales.

 En su comparecencia, Eloy Peña se niega a declarar o a ofrecer pruebas, mientras que en contestación a una demanda civil interpuesta también por Carlos Rodríguez, argumentó haber pagado mostrando un estado de cuenta, que a decir del quejoso, no refleja ningún depósito hecho a la cuenta acordada. A la fecha, casi dos años  desde que se hizo el trato por la casa, la investigación de la PGJE no se ha consignado, y Carlos Rodríguez ya sospecha sobre un contubernio entre las autoridades ministeriales y Eloy Peña. Incrementan sus dudas, toda vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en un informe enviado a la PGJE, específicamente a la subprocuraduría de Ensenada, señala que no existe registro de un depósito por las cantidades acordadas en esas fechas desde BanRegio ni en ninguna otra institución bancaria, respuesta que fortalece la presunción de un fraude, al no haber registro del pago.

Carlos Rodríguez sostiene que la PGJE ya cuenta con los elementos suficientes para terminar de integrar la averiguación, y que a últimas fechas le han pedido documentos que le parecen absurdos, como planos del inmueble. Nomás falta que le pidan la credencial de la Coppel.

Menciona que se han ignorado pruebas sobre estados de cuenta y falsos depósitos que nunca le llegaron a las cuentas acordadas, así como un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que lo ratifica. “Más de un año y no ha avanzado, esto ya no es normal”.

Lo peor del caso, es que el afectado teme que la casa sea saqueada ya que la dejo completamente amueblada, puesto que la están modificando sin autorización alguna.

Por su parte, el sub-procurador de manera cínica argumenta que la vivienda en comento se encuentra asegurada para que nadie pueda realizar otro contrato de compra venta sobre ella, por eso el afectado pedirá el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, como ciudadano de ese país ya que existen fundadas sospechas de la complicidad de las autoridades con Eloy Alejandro Peña para despojarlo de la casa sin que le pague ningún centavo y poder repartirse entre ellos una fuerte cantidad que se consiga por una venta posterior de la misma.

En Ensenada como en el resto del estado  en Baja California es muy común la clase de estafadores como Eloy Peña que protegidos por ciertos funcionarios de la Procuraduría de  Justicia del Estado conforman una “banda de delincuentes de cuello blanco” dedicados apropiarse de casas y terrenos que consideran fáciles de prescripción, una actividad que ven como si fuera un deporte, cuando mucha gente sabe que para lograrlo  tienen que falsificar toda una serie de documentos que los acredite como posesionarios del inmueble por espacio de más diez años como lo establece la ley en forma ininterrumpida, pues de otro manerano podría darse, a menos que se presenten falsos testigos, como siempre se ha hecho.

En el caso en mención, el Lic. Carlos Rodríguez se encuentra  enfrentando a un  grupo de “maleantes” que incrustados en las mismas dependencias del gobierno, principalmente en los órganos de impartición de justicia que coludidos con civiles se han dedicado a despojar a decenas de gente propiedades y terrenos a sus anchas sin que nadie pueda hacerles nada porque todas sus “tranzas las cuadran legalmente” de tal forma que al momento de reclamaciones de los afectados, no tengan elementos suficientes para defenderse y ellos poder salirse con la suya.

Ojala y que el Consulado escuche a su conciudadano y pueda enviar una reclamación al gobierno encabezado por el Gobernador Francisco Vega de la Madrid para que funcionarios como el sub-procurador del municipio de Ensenada deje de estar metiendo las manos en este asunto que ya ésta fuera de su competencia puesto que ahora se encuentra en manos de la Juez Penal Lic. Amalia Gutiérrez Peña, quién al parecer también se encuentra en “el cochupo” pues pese a las pruebas irrefutables, se atreve dejar libre al estafador con una fianza de  un millón de dólares aceptando como garantía la misma vivienda en litigio y aplicarle una vergonzosa multa de 15 mil pesos, cuando Carlos Rodríguez lleva casi 200 mil dólares gastados en este juicio para poder tratar de recuperar su casa o que le hagan el pago efectivo.

Decimos ojala para que otros ciudadanos americanos no sufran la misma suerte que Carlos Rodríguez, pues al paso que van, esos ciudadanos de los Estados en retiro que compran viviendas para descanso en esta parte de México van estar siendo despojado de las propiedad que adquieran de manera impune, es por eso que la Embajada debe terminar y pedir que se actúe con todo el rigor de la ley en contra de esos malos servidores públicos que abusan en contra de los extranjeros

No obstante de que la Juez cuenta con los elementos suficientes para dictar sentencia en favor del ofendido ha dilatado la misma porque personajes importantes de Ensenada le han “pedido le eche la mano” a Eloy Peña, quien presumiblemente es su familiar, por eso lo ha dejado libre por irrisoria multa de 15 mil pesos, ante ello los abogados que asesoran a Carlos Rodríguez interpondrán una denuncia o queja formal ante el Tribunal Superior en Mexicali en contra dela Lic. Amalia Gutiérrez Peña, quien por cierto, desde más de un año se ha negado de manera sistemática en atender al ofendido a sus abogados.

Eso sin contar que en varias ocasiones ha hecho diligencias para tratar de demostrar que el estafador tiene la posesión de la vivienda, hecho completamente más falso ya que la misma ésta abandonado y con los servicios suspendidos por falta de pago, con estos movimientos es claro que la Lic. Amalia Gutiérrez Peña tienen toda la intención de despojar de la vivienda al afectado dándole el gane al estafador, presumiblemente su familiar.

Que vergüenza y que asco de juez y que denigrante para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California el contar con esta clase de jueces que denigran su actuación con acciones dolosas que en lugar de aplicar ley como debe y a quien tenga la razón, se ponen del lado del delincuente y lo que es peor todavía lo dejan libre para que siga cometiendo más actos ilegales con la complacencia y la protección de las mismas autoridades

La Lic. Amalia Gutiérrez Peña debe de ser investigada  al respecto y sobre otros asuntos irregulares que han sucedido en donde presumiblemente se dice ha actuado en favor de los acusados dando el fallo en contra de los ofendidos, quienes se han acercado pidiendo justicia y han encontrado todo lo contrario. Ojala y que el Gobernador del Estado y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado tomen cartas en el asunto respecto a este caso y realmente se haga justicia y no se despoje de la vivienda al Lic. Carlos Rodríguez, quien aún cree en la bondad de la justicia mexicana.

En ese mismo tenor a la Notaria propiedad del Lic. Guillibaldo Cota Silva y de su hija Martha Silvia Cota también cómplices se interpondrá queja formal en el Archivo de Notarias en la ciudad de Mexicali, pues no es legal que un fedatario actúe con dolo en contra de su propio cliente.