Política
Kiko Vega; marioneta en manos de Fernando Beltrán
Cástulo y Fernando Beltrán, se están enriqueciendo con contratos sin licitación alguna y obras de asignación directa operan negocios sin permiso de las autoridades municipales pregonando que “estando bien con dios para que quieren al Ayuntamiento”
Tijuana BC.- Señalados por el cúmulo de corrupción que desbordan los hermanos Beltrán, Cástulo y Fernando respectivamente, quienes se ufanan entre amigos cercanos de tener al gobernador del Estado @Francisco Vega de Lamadrid como una marioneta por aquello de hacer con él lo que les viene en gana.
Principalmente son señalados de lavar dinero y de hacer negocios millonarios a través de contratos sin licitar para beneficiarse con arrendamientos para oficinas públicas cobrando fuertes cantidades mensuales con cargo al erario, además de explotar negocios sin que estos cuenten con el más mínimo de los requerimientos.
“Estando bien con dios para que quieren a los angelitos”, dan a entender que mientras estén bajo el manto protector de Kiko Vega, para que ocupan al “Patas”.
Hace unos meses, cuando aún despachaba como Secretario de Finanzas, Antonio Valladolid firmó un contrato de arrendamiento por 20 años con Fernando Beltrán, para que en una propiedad recién construida frente a Plaza Monarca se reubicaran las oficinas de la Sub recaudación de Rentas, por 20 mil dólares mensuales.
“No obstante de que en la Zona donde está ubicada su precio está muy por encima de lo normal por lo que se puede deducir un descarado tráfico de influencias y un severo golpe a las finanzas públicas”.
Por si esto no fuera suficiente, dicha construcción cuenta con un estacionamiento insuficiente, ya que tan solo asignaron 10 cajones para empleados y un mismo número para los cientos de usuarios que llegan diariamente a exponer su vida al utilizar el cordón del bulevar “Gato Bronco” como estacionamiento.
Además de ello, a un costado de estas oficinas recaudatorias los hermanos Beltrán mantienen operando un estacionamiento privado en pésimas condiciones en donde sin autorización alguna por parte del Ayuntamiento cobran 20 pesos por hora sin que presente la factibilidad de uso de suelo ni un seguro contra robos o daños parciales.
Reporteros de Blanco y Negro intentaron entrevistar vía telefónica a Ernesto Rothenhausler, administrador que tiene de estos dos predios (oficinas y estacionamiento) tajantemente nos ha expresado que ellos no ocupan ninguna clase de permisos para operar cualquier negocio en el Estado, pues para eso tienen a su “marioneta como gobernador del estado”.
Si bien es cierto y que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid es un “títere” en manos de estos sujetos, cuando menos debería de exigirles que cumplan con todas las disposiciones que marca la ley para operar cualquier negocios y no les permita que lo sigan avergonzando de esa manera.
La ley debe ser pareja para todos y no por ser “protegidos de algún funcionario o político” como en este caso presumen los hermanos Beltrán, se les permita tanta impunidad y todavía tengan el descaro de burlarse de las mismas autoridades, de las que se están sirviendo y enriqueciéndose.
ADICIÓN…
En esta historia sale a relucir el nombre de Ernesto Rothenhausler, quien según se dijo era el encargado de la promoción inmobiliaria de este terreno, por el cual cobraba en noviembre de 2016 de 10,000 a 15,000 dólares como “gancho” para quienes deseaban poner algún local o construir en dicho terreno, en las proximidades de la nueva oficina de “placas”.
Dicen que quien pagó ese dinero, fue Benjamín Valenzuela, propietario de dos “trailers” en los que venden seguros que son obligatorios para los automovilistas, y que se ubican exactamente a un costado del estacionamiento de esta oficina de placas.
Hace unos días se terminó la construcción de una barda perimetral que evita que los ciudadanos compren seguros en otras oficinas cercanas, y así beneficiar a Valenzuela. Por cierto, habrá que señalar que por estas instalaciones el gobierno del Estado pagó una renta de 10 años por adelantado, además del gasto que significó la construcción del edificio por parte del mismo gobierno estatal.