Rosarito
Se reparten permisos de taxis integrantes del cabildo rosaritense
Los permisos en mención, son autorizaciones de la modalidad de taxis libres
Playas de Rosarito.- Sin pena ni rubor, pero con mucha pasión y el mayor cinismo, los integrantes del cabildo del VI Ayuntamiento de Rosarito, se adjudicaron a través de familiares y prestanombres 34 permisos para taxis libres, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy.
La Comisión de Transporte Publico, que preside la regidora Suldma Beltrán Montes (PAN), y sus correligionarios integrantes de la misma, Arturo Granado Juárez (PRI), Fátima Manrique (PAN), Jorge Arévalo (PAN) y Carlos Ortega (PANAL), fueron los artífices de esta legal pero inmoral fechoría, que les permite agrandar su peculio personal.
Los permisos en mención, son autorizaciones de la modalidad de taxis libres que por diversas circunstancias fueron cancelados en la presente administración, sin embargo, algún ¨vivo¨, se le ocurrió activarlos y asignar a familiares y prestanombres para que no se percatara la opinión pública y de nueva cuenta los etiquetaran, como lo que hasta hoy han sido, de corruptos.
La facilidad para lograrlo se fundamentó en que no incrementarían el padrón existente en esta modalidad en el sector del transporte público, de lo contrario la faena alertaría a los liderazgos y generaría protestas del sector.
Finalmente, los ediles están conscientes de que nada pasara, que aunque cubrieron las formas y los protocolos, la acción a todas luces fue de baja calidad moral, la distribución del botín solo ellos la conocen, pero lo cierto es, que no habrá consecuencias con la próxima administración, tienen garantizada la inmunidad.
Y por desgracia para los rosaritenses aun faltan cinco meses para que concluya el gobierno que preside Silvano Abraca, y en ese tiempo algo si es seguro, los miembros del cabildo seguirán llevando a cabo todas las acciones que les permitan incrementar lo mayor posible su patrimonio personal, no importara, como hasta ahora no les ha importado, que su beneficio sea directamente inverso al perjuicio de los ciudadanos y del propio municipio.