En entrevista radiofónica, el Lic. José Manuel Román Gómez, coordinador de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México manifestó que en la ciudad de Tijuana, el robo de propiedades ya es una práctica común que personajes realizan con documentación falsa utilizando poderes notariales ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) Precisó que al ser ésta, una dependencia de gobierno que carece de peritaje, actúa de buena fe, a la vista del cumplimiento de requisitos para la inscripción de propiedades, traslaciones de dominios y cancelaciones de gravámenes.

Tijuana, B. C.- Bandas de delincuentes de “cuello blanco” que operan al amparo de altos funcionarios, jueces y autoridades policíacas, están llevando a cabo falsos juicios hipotecarios para desalojar de manera violenta a las miles de familias tijuanenses que por algún razón se han retrasado en sus pagos y no se encuentran al corriente ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Envestidos como actuarios y abogados certificados para llevar a acabo desalojos de viviendas, un grupo de estafadores se han dedicado bajo la complicidad de policías municipales a desalojar y robar propiedades en los diversos fraccionamientos y complejos residenciales como Santa Fe, Real de San Francisco y Urbi Quinta Marsella entre otras.

Es de esta última, es de donde se obtiene un amplio conocimiento de la forma en que opera esta banda de vivales para arrojar de sus hogares a las familias que se atrasaron y no que no cuentan con el efectivo para liquidar los pagos de sus viviendas, motivo por el cual, los bancos venden dichas propiedades en carteras vencidas a gente sin escrúpulos que sin ningún proceso jurídico como; oficios, actuaciones, notificaciones, expedientes y un actuario presente llevan a cabo una serie de violaciones de garantías al allanar y hasta lesionar a sus ocupantes en la diligencia del desahucio.

Ya es de conocimiento público el enfrentamiento que la abogada Gabriela Gaxiola, tuvo con el mencionado grupo en una transmisión en vivo, cuando estos realizaban un desalojo a todas luces arbitrario y carente de legalidad en una propiedad de Urbi Quinta Marsella custodiados por agentes de la (SSPM) carentes de un oficio que diera fe de la legalidad de su presencia más allá de la intimidación que ocasionaban a propietarios y vecinos que algún momento buscaban ayudar y evitar el desalojo.

En entrevista radiofónica, el Lic. José Manuel Román Gómez, coordinador de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México manifestó que en la ciudad de Tijuana, el robo de propiedades ya es una práctica común que personajes realizan con documentación falsa utilizando poderes notariales ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC).

Precisó que al ser esta, una dependencia de gobierno que carece de peritaje, actúa de buena fe, a la vista del cumplimiento de requisitos para la inscripción de propiedades, traslaciones de dominios y cancelaciones de gravámenes. Por ello, pidió a los ciudadanos tener bien resguardadas sus propiedades y utilizar el servicio de ALERTA que brinda el RPPC por un bajo costo.
En mayo del 2018 el abogado Sergio Carbajal Franchini, denunció las complicidades del INFONAVIT con autoridades municipales, estatales además de una juez y un notario de Texcoco del Estado de México por llevar a cabo actos de adjudicaciones sin notificar a los más de 9 mil propietarios que resultaron afectados en un procedimiento de jurisdicción “voluntaria” en esta ciudad fronteriza.

Franchini, demostró que por medio de un Edicto contenido en el expediente 608/14 promovido por el Lic. Gerardo Castillo, apoderado legal de Infonavit, más de 4 mil deudores del fueron notificados para que comparecieran a hacer valer sus derechos a dicho procedimiento; “obviamente”, dijo, NADIE compareció” y la rescisión de apertura de crédito con garantía hipotecaria de forma unilateral se hizo efectiva para posteriormente llevarla a cabo ante un Juez y poderse adjudicar las propiedades.

Es así, como 4 mil familias de Tijuana Baja California están en total indefensión, ya que de manera arbitraria el Edicto no fue dirigido a nombre de cada deudor, pasando por alto, el mandar a citar al grueso de los implicados con documentos que precisaran los nombres y direcciones de a quienes van dirigidos, dejando, solo una lista de nombre de propietarios que ya fueron cambiados ante el Registro Público.

Ante las arbitrariedades y complicidades para desalojar a miles de familias en la ciudad, el portal de noticias Blanco y Negro, pondrá a disposición de las familias afectadas al grupo de abogados, entre ellos al Lic. David Rincón, reconocido abogado de la localidad con quien ya se han obtenido amparos favorables que han obligado a los responsables a regresar las casas, por lo que en caso de requerir asesoría legal, por ello, es imperante que si Usted se encuentra en la situación de perder su hogar, busque la vía del amparo para hacer legal la defensa de su patrimonio.