Claudia Sheinbaum Pardo asumirá el cargo de presidenta el próximo 1 de octubre y lo hará frente a varios pendientes en materia derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país.

En la agenda feminista, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es una de las demandas que mayor eco tiene, pues el aborto inseguro representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna en el país. Hasta el 3 de octubre de 2022 era una de las primeras cinco causas de muerte materna.

Fernanda Díaz de León Ballesteros, subdirectora de Incidencia en la organización Ipas Latinoamérica y el Caribe, y Stephanie Lomelí, coordinadora del Fondo MARIA, en entrevista para Expansión Política lanzaron un llamado para avanzar en la promoción, protección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, y concretar la despenalización del aborto a nivel federal.

Ipas México—organización que busca incrementar la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir—, ha señalado que el triunfo de Sheinbaum es histórico también porque Morena tiene las mayorías calificadas de la Cámara de Diputados y de Senadores, lo cual apuntó, es una oportunidad que permitirá dar cumplimiento a la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en 2023, en la que se ordenó eliminar el aborto del Código Penal Federal.

El reto más importante es implementar aquellas decisiones que ya tomó la Corte, en términos de garantizar el acceso al aborto seguro para todas las personas en México. Es importante que se haga caso, que se atienda esta decisión que ya se dio en septiembre del año pasado, de eliminar del Código Penal Federal el aborto consentido y a quien apoye a la mujer para interrumpir el embarazo”.

Fernanda Díaz de León Ballesteros.

“Esto abre la puerta a otros pasos necesarios, es decir, llevar a la Ley General de Salud el aborto como un servicio esencial, garantizarlo de esa manera y emitir los lineamientos o las directrices, para prestar los servicios en todas y cada una de las instancias federales sin importar en dónde estén localizadas”, agregó.

En este mismo sentido, Stephanie Lomelí, de Fondo MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), dijo que si bien es un logró que en México se vaya a romper el “techo de cristal” al tener por primera vez a una mujer presidenta, los retos y pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos siguen siendo los mismos que quedaron pendientes desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, “que son no el reconocimiento de la existencia y de la validez de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente, por ejemplo, el tema de aborto por parte del Ejecutivo y de todas las instancias de gobierno”.

Lomelí apuntó además que aparte del pendiente que se tiene por modificar el Código Penal Federal para dejar de criminalización de aborto en todo el país, la próxima presidenta de México también deberá garantizar que se cuente con los recurso para que hospitales y personal de salud puedan proveer los insumos materiales necesarios que estos servicios de salud requieren.

“A pesar de que podamos tener avances muy normativos, en donde podamos tener despenalizaciones como ha ido ocurriendo en algunos estados, esto es insuficiente cuando no se cuenta con un recurso asignado con el que puedan contar los hospitales y los servicios de salud para contratar a personal, para capacitarle, para tener los insumos materiales necesarios para proveer estos servicios”, apuntó.

Díaz de León Ballesteros, de IPAS, también hizo hincapié en que ya están delimitados los pasos a seguir y avanzar hacia la garantía del acceso a un aborto seguro, por lo que indicó, se tiene la esperanza de que antes de que termine la actual legislatura se cumpla con el ordenamiento que la SCJN emitió y que ya notificó al Congreso de la Unión.

Aclaró además que para que el Congreso elimine el aborto como un delito en el Código Penal Federal no es necesaria una reforma constitucional, por lo que incluso con que el Poder Ejecutivo emita un ordenamiento este proceso se podría acelerar.

En cambio apuntó, un pendiente que sí se tiene en el Congreso de la Unión desde 2021 y que se espera se resuelva a la brevedad, es modificar la Ley General de Salud para regular la objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud, específicamente personal de medicina y enfermería.

Actualmente 12 de 32 estados han despenalizado el aborto hasta las 12 o 13 semanas de gestación, mientras que otros dos (Jalisco y Chihuahua) tienen el fallo de tribunales para retirarlo de los códigos penales.

En tanto que los estados que más penalizan el aborto son Guanajuato y Querétaro, donde solo está permitido en casos de violación o es resultado de una conducta imprudencial y sin dolo de la persona embarazada.

Díaz de León Ballesteros insistió en que si a nivel federal, el Congreso acata en breve la orden de la SCJN de eliminar el aborto del Código Penal se dará un paso más para que las instancias federales como el IMSS o el ISSSTE presten este servicio de salud independientemente de la ubicación geográfica en la que se encuentren.

“La Federación es el órgano rector en materia yen políticas de salud, en ese sentido, la Ley General de Salud establece las reglas generales bajo las cuales se tienen que prestar los servicios y se tiene que garantizar el derecho a la salud de las personas. Sin embargo, la materia penal es responsabilidad o competencia de cada uno de los estados, por lo tanto, cada estado debe a la brevedad, reformar sus códigos penales para que el aborto salga de éstos”, explicó.

La representante de IPAS, así como la coordinadora del Fondo MARIA, apuntaron que como organizaciones de la sociedad civil tienen altas expectativas del próximo gobierno que Sheinbaum encabezará y además se tiene la esperanza de que la presidenta electa no solo reconozca el rol importante que las organizaciones de la sociedad civil tienen, sino que también se haga un trabajo conjunto para atender esta agenda de derechos sexuales en el país.

“Estamos más que dispuestas y listas para acompañarle en la implementación de estas políticas públicas que son tan importantes y tan necesarias en el país”, expresó Díaz de León Ballesteros.

“Hay pendientes, yo no los llamaría retos, pero que hay pendientes importantes que se deben de abordar de una manera científica, de acuerdo a los derechos humanos, y es necesario emitir política pública clara y tomar medidas y pasos firmes para avanzar hacia esta realidad de que todas las mujeres que necesiten un aborto puedan acceder a servicios en cualquier lugar en donde vivan, en cualquier instancia a la que tengan acceso, y que estos servicios tienen que ser seguros, brindados por personal capacitado y con todos los insumos que se requieran estén garantizados”, agregó.

En tanto que Stephanie Lomelí, coordinadora del Fondo MARIA, resaltó que si bien es un logró que México vaya a una mujer presidenta, esto no es una garantía de que la nueva titular del Poder Ejecutivo se asuma feminista, ni de que tenga una vocación por la lucha de los derechos de todas las mujeres y de las personas de la diversidad sexual.

“El próximo gobierno no necesariamente implica una oportunidad o algo que vaya a tener como una ventaja en la agenda por ser mujer, pero sí esperaríamos que hubiera una apertura al diálogo para que podamos justamente, compartir desde las organizaciones de sociedad civil estas preocupaciones que tenemos y que están pendientes de poder ser retomados”, apuntó.

La deuda que se tiene con las mujeres, los hombres trans y las personas no binarias es que deje de considerarse su derecho a la autodeterminación y a la salud reproductiva como un delito y comience a mirarse como lo que es, es un derecho y eso implica que salga por completo del Código Penal”

Stephanie Lomelí.

Durante el primer debate presidencial, organizado por el Instinto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum fue cuestionada sobre cómo su gobierno garantizaría el acceso seguro al aborto, a lo que se limitó a responder que esa ya era una decisión de la Corte.

“Eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, de lo que hay que hablar es de los derechos en términos amplios de las mujeres, las mujeres lo que requieren es un sistema nacional de cuidados y también lo que necesitamos es fortalecer las autonomías de las mujeres, la autonomía económica y por eso el apoyo de 60-64 años y seguir apoyando a las mujeres para que lo tengan y permitirse la posibilidad de desarrollarse y la autonomía política que es fundamental en las decisiones y también los derechos de las mujeres en términos físicos”, expresó.

Con información de Expansión

JE