Altoparlante: Definición legislativa

Definición legislativa

Nos sorprendió mucho enterarnos de algunos de los detalles respecto de las agresiones contra colegas de Mazatlán, por parte del presidente municipal Fernando Pucheta Sánchez y colaboradores.

Los insultos, groserías, denostaciones, empujones y demás son cosas de todos los días, por increíble que nos pueda parecer.

Habíamos escuchado previamente en la radio algunas expresiones del alcalde porteño en contra de actores políticos y sociales, que por decir lo menos calificaríamos como muy desafortunadas.

Conversamos el viernes pasado con alrededor de una decena de amigos y colegas de Mazatlán, y encontramos no solamente indignación sino hartazgo en contra del intolerante que gobierna el municipio, y particularmente porque no parece existir nadie que se atreva a enfrentarlo y someterlo al imperio del estado de derecho.

Son nueve meses, y ya no lo aguantan.

O Fernando Pucheta está rematadamente orate, o es alguien conscientemente intolerante, represor,berrinchudo, irrespetuoso y valemadrista; confiesa quien esto escribe no estar seguro cuál de estas dos resulta la menos mala en alguien con una responsabilidad pública tan importante.

Cualquiera que sea la razón tanto de las agresiones físicas y verbales como de la impunidad insultante que otra vez es la constante, la Asociación de Periodistas de Sinaloa presentó ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa una denuncia formal en contra de Pucheta y de quienes resulten responsables.

Una pequeña investigación por parte de los visitadores de derechos humanos bastará para encontrar elementos que comprueban sobradamente los hechos denunciados en contra de cuando menos siete periodistas de Mazatlán, cuyos nombres y medios quedaron asentados en el documento entregado ante la Comisión.

Y hay más casos, nos dijeron; cuestión de escarbarle un poquito.

Mientras esperamos lo que la CEDH resolverá, iremos el día de mañana martes al Congreso del Estado para manifestar nuestra indignación por las agresiones, y reclamar del poder legislativo un posicionamiento puntual en contra de las mismas y en lo general sobre la libertad de expresión y nuestros derechos humanos.

Que como representantes populares que la Constitución nos dice que son, los legisladores nos definan claramente si están por el respeto irrestricto a la libertad de expresión y al trabajo de los comunicadores, o si prefieren ser cómplices por omisión.

No descubriremos el hilo negro al advertir que muchos de nuestros políticos suelen actuar en razón de los intereses y las filias partidistas, y que se tapan con la misma cobija o nadan de muertito, como si la virgen las hablara.

Lo que los periodistas reclamamos es una cosa muy sencilla: respeto a nuestro trabajo.

La libertad de expresión y el derecho a la información han tenido ya un costo excesivamente alto, vidas incluso, y son derechos en beneficio de todos los sinaloenses y mexicanos.

La impunidad con que se nos agrede, nos insultan, se nos amenaza y hasta asesina es sin duda una de las razones más importantes de que nuestros derechos sigan siendo violentados.

Al cabo que no pasa nada, dicen los Puchetas y demás represores.

Pero si creen que les resultará tan fácil, están muy equivocados.

Si entre las instituciones encuentran cómplices que los solapen y dejen hacer, hay que repetirles y recordarles a esos intolerantes y a sus compinches que por lo menos nunca se escaparán de la balconeada, cuantas veces sea necesario.