Altoparlante: Enseñan a delinquir

Enseñan a delinquir

Durante buen número de años, con la pasiva complicidad de autoridades educativas, en muchas escuelas de Sinaloa y del país se condicionan la inscripción, el ingreso de estudiantes a las clases o su permanencia en el ciclo escolar, con directores y prácticas que violentan impunementenuestra constitución, leyes y reglamentos.

Que por no pagar la cuota “voluntaria”, porque el alumno no trae su pelo bien recortado, porque la alumna se pintó las cejas o maquilló, o porque los estudiantes llevan broche en el pelo, diadema, collar o pulsera.

La imposición de reglas que se deben firmar como requisito para que el alumno sea inscrito, es el mecanismo mediante el cual se violan derechos humanos no sólo de nuestros niños y jóvenes, sino también de los paterfamilias.

Una y otra vez encontramos que en algún plantel educativo se impidió el ingreso o la permanencia de los estudiantes, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública nos ha dicho montones de veces que ni las cuotas escolares ni los uniformes son obligatorios, y que no se pueden aplicar restricciones de ningún tipo para el disfrute del derecho a la educación.

En nuestras escuelas, donde por mandato constitucional expreso se debe enseñar y fomentar el respeto a la legalidad, directores terminan pasándose nuestras leyes por el arco del triunfo, y lo que terminan aprendiendo algunos de nuestros niños y jóvenes es que se pueden cometer delitos sin recibir sanción o castigo.

Como si anduviéramos tan bien en eso del fomento a nuestros valores.

Hay que advertir que estos reglamentos y acuerdos son casi siempre resultado de acuerdos “locales” entre las autoridades de las escuelas y las directivas de las asociaciones de padres de familia.

Absurdas normas surgidas de la “democracia” que unos cuantos les imponen a todos los demás.

Nos tocó vivirlo con énfasis en la escuela secundaria de mis tres hijos más pequeños, con madres de familia reclamando porque a sus hijos se les impidió ingresar al salón de clases por llevar zapatos o tenis “de color”, pelo “largo”, pulseras, o broches de pelo y un montón de etcéteras.

Lo “correcto”, lo “decente”, el “orden” como pretextos para violentar los derechos de terceros.

Que a unos nos pueda parecer adecuado que nuestros niños y jóvenes anden con su pelo recortado, por citar un ejemplo, no les quita a los demás alumnos y padres su derecho a pensar y preferir algo diferente; aplica lo mismo en el vestir y en lo demás.

Es éste un asunto más importante de lo que a algunos les parecerá: las libertades se deben respetar, y el permitir ilegalidades “pequeñas” sirve sólo para que nos impongan luego otras peores.

Necesitamos una educación para todos, sin distingos, dogmas o actitudes “mochas”.

¿En serio es mucho pedir?

En busca del posicionamiento oficial, entrevistamos ayer sobre este asunto el Contralor Interno de SEPyC, Roberto Ruiz Carballido, quien informó que aunque no se había recibido ninguna queja por padres de familia o alumnos, se investiga la noticia sobre una escuela secundaria de Los Mochis, donde se impidió entrar a clases a decenas de alumnos por llevar el pelo “largo”.

Sin más detalles de este caso en particular, en virtud de que apenas comenzaba su indagación, dejó en claro que el derecho a la educación está por encima de reglamentos o acuerdos internos de las escuelas, y que asuntos como el corte de pelo de ninguna manera deben ser usados para impedir que nuestros muchachos ejerzan y disfruten esta garantía constitucional.

Hizo un llamado a los padres de familia que se sienten afectados en cualquiera de sus derechos a que acudan ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y que presenten formalmente su queja con la garantía de que serán escuchados y atendidos.

La legalidad es primero, insistió; si se encuentra que condicionamientos como el del corte de pelo, colores de zapatos y demás son más una costumbre que una excepción, SEPyC emitirá un comunicado para informar, orientar y prevenir.

Nos parece excelente que así suceda, y que en su caso se proceda contra quienes incurran de manera reiterada en este tipo de conductas ilegales y arbitrarias.

Respecto de los denunciados condicionamientos de inscripción por el pago de cuotas, Ruiz Carballido reveló que se recibieron quejas en un total de veintisiete planteles escolares, y que convocó a los directores de cada una de esas escuelas.

Veinticinco casos quedaron resueltos prácticamente de inmediato, con la aclaración respectiva entre director y asociación de padres de familia, y en los dos restantes se abrió un proceso administrativo y sancionatorio ante la reiteración de la conducta por parte de la autoridad escolar.

Admitamos que no resulta fácil corregir irregularidades cometidas durante décadas; lo primero es voluntad política, y esperemos que suceda.