Altoparlante: Fruncidos

Fruncidos

Reflexionábamos recientemente sobre las denuncias tanto públicas como formales, relacionadas con trámites ilegales de control vehicular por el gobierno de Sinaloa.

En esta columna dimos la primicia sobre dos investigaciones de la Auditoría Superior del Estado, que entre el 26 de junio del 2015 y el 31 de marzo del 2017 encontró más de 950 irregularidades diversas, tanto en la Dirección de Vialidad y Transportes como en Recaudación de Rentas.

Auditorías e irregularidades hasta entonces mantenidas en secreto, cuya existencia fue reconocidapor la ASE luego de las revelaciones hechas aquí en Altoparlante.

Sorteando las acechanzas de Helga Alzheimer, esa escultural y tentadora jovencita alemana que con frecuencia nos persigue y alcanza (con el respeto pleno para los que prefieran que los persiga y alcance un varón), echamos una mirada atrás y sin necesidad de ponernos al borde del derrame cerebral nos encontramos con una historia que se repite montones de veces: ilegalidades defuncionarios bien identificados pero impunes, con cómplices bien anónimos.

Pasan los días, los meses y los años, y todo queda en la retórica demagógica con que alguien con carita de niño bueno sale a decirnos que podemos estar todos tranquilos, porque el gobierno abrió una investigación que como siempre llegará hasta las últimas consecuencias.

Las investigaciones más recientes de la Auditoría Superior del Estado refieren irregularidades en trámites vehiculares en la parte final de la administración anterior y en el inicio de la actual, pero los medios de comunicación registran muchos casos más, en años previos del gobierno de Mario López Valdez, y más atrás.

Con la advertencia de que algunas de esas “nuevas” irregularidades encontradas en realidad están recicladas, desempolvadas con intencionalidades políticas evidentes, por más que nos presuman de esasuperarchirecontra y megaintensa lucha que han asumido de manera indeclinable a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

Pero ése es otro cantar.

De lo real, quedaría confirmado lo que antes fue insistente rumor temeroso y en lo quedito: Don Lencho metía las manos y todo el cuerpo en los trámites de placas vehiculares, licencias de conducir, tarjetas de circulación y demás, con oficina propia en la Unidad de Servicios Estatales del Gobierno de Sinaloa, donde despachaba y operaba su representante, llegado del extremo oriente.

Y así, gran número de carros con reporte de robo fueron emplacados con facturas falsas; licencias de conducir, placas y tarjetas de circulación expedidas mediante documentos de identidad apócrifos.

A punto estuvo de tronar este escándalo de la delincuencia organizada, pero la opinión pública sólo se enteró de medidas en contra de los gestores supuestamente externos, conocidos como “coyotes”.

Las ilegalidades continuaron, con algunas modificaciones en los procedimientos; es en realidad una historia más larga que la que conocemos, y mientras más le escarbamos, más pus sale.

Mientras luego seguimos, recordemos la muy ilustradora y reciente confesión del hoy diputado local panista Juan Pablo Yamuni Robles: cuando fungía como titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas con Malova, sus auditores hallaron el emplacamiento ilegal de vehículos. Funcionarios involucrados, y evidencias que apuntaban al crimen organizado.

¿Y se fueron hasta las últimas consecuencias?

Pues no; ni siquiera turnaron la investigación ante autoridad competente.

Como dice el conocido proverbio popular, vale más aquí se frunció, que aquí caminó.

Y por lo visto, es epidemia.

Como parte de las indagatorias y reflexiones contactamos al senador Manuel Cárdenas Fonseca.

Ya denunciamos que las placas que en este momento se expiden en Sinaloa son repetidas a otras que previamente se entregaron en Sonora, letras y número repetidos, algunas con reporte de robo, allá, con la natural afectación a las de acá.

Siendo diputado local, Manuel Cárdenas denunció con todo detalle una serie de omisiones y presuntas ilegalidades en la adquisición de placas vehiculares, y exigió de manera formal que se investigara y procediera en consecuencia.

Señalamientos puntuales, en escrito formal dirigido a la entonces presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, diputada Rosa Elena Millán Bueno, 16 de mayo del 2013: la compra, en lo oscurito y fuera de las normas establecidas en la ley, de un millón quinientos mil juegos de placas para transporte público y privado, a una empresa china.

Se gastaron ilegalmente varios cientos de millones de pesos, y el legislativo ignoró los justos reclamos del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, evadiendo el cumplimiento de sus responsabilidades.

Pendientes, porque como señalamos hay mucho por comentar.