Altoparlante: Pendejos

Pendejos

Pocas cosas tan peligrosas hay como un pendejo con iniciativa, y más grave resulta cuando se juntan varios y tienen espacios de poder institucionales y públicos.

Es el caso de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes a nuestra manera de ver han incurrido de nuevo en una serie de excesos en sus recientes “Lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral”.

Disculparán el título de nuestra columna de hoy, pero a ese nivel llegan los excesos que vemos en el acuerdo unánime, llenos de generalidades y ambigüedades que son lugar para esas interpretaciones a modo, tan riesgosas para la sociedad.

No existe directamente ninguna violación directa al desempeño periodístico, y hasta se precisa en esos lineamientos que “las expresiones vertidas en las redes sociales y los medios de comunicación fuera de los espacios comerciales se presumirán amparadas bajo el ejercicio debido del derecho a la libertad de expresión y de prensa, salvo prueba en contrario”.

Sin embargo, una serie de limitaciones aplicables a la difusión en redes sociales y medios de comunicación implicarían “violaciones” cometidas no solamente por aspirantes a un puesto de elección popular y servidores públicos, sino también por los medios de comunicación y los periodistas.

Encontramos, por ejemplo, que todos aquellos que aspiren a ser candidatos están impedidos en todo momento a “promocionarse”; los servidores públicos “deberán abstenerse en el ejercicio de sus funciones, de realizar acciones o expresiones que impliquen apoyo o promoción de terceros aspirantes”.

Si alguien es entrevistado por algún medio o periodista y luego resulta candidato, según estos lineamientos del INE caería en promoción indebida de su imagen y de su nombre.

Y el medio o el periodista en la misma “ilegalidad”, por lo menos como cómplices pasivos o de buena fe… “salvo prueba en contrario”.

Si en un evento público el presidente de la república, gobernador o alcalde estuvieron acompañados de un servidor público o ciudadano que después fue nominado, se habrá incurrido en una promoción “ilegal” sancionable tanto para el funcionario como para el candidato.

Generalizaciones absurdas que terminan en limitaciones a los mismos derechos humanos, entre ellos el de la libertad de expresión y el derecho a la información; por más que repliquen que los periodistas tenemos derecho a informar y opinar de lo que queramos.

A los consejeros del INE los tengo que convocar a la equidad: pónganse al nivel de las mayorías, y bájenle a sus pendejadas.

IMPUNIDAD Y CINISMO

Como advertimos, una impunidad más; aberrante, por los cinismos que encierra.

Sobre las muertes de cuando menos ocho bebés en el Hospital General de Los Mochis en tan sólo unos pocos días, el Secretario de Salud estatal Alfredo Román Messina terminó diciéndonos que no hay ninguna responsabilidad humana en estos hechos.

Se negó primero que haya ocurrido un brete infeccioso, que después tuvo que reconocerse para pasar luego a minimizar los daños y reiterar que el fallecimiento de los infantes fue por prematurez y complicaciones generadas por esa misma condición.

A la bacteria le aplicaron inicialmente la presunción de inocencia, pero por aquello del no te entumas terminaron con una sentencia a muerte: le dieron cran, tras conseguir lana para esterilizar esa zona hospitalaria.

Ignoramos si la fiscalía estatal o la comisión de derechos humanos le tomaron declaración a la bacteria presumiblemente asesina.

Entendamos que Román Messina nos dice que el estafilococo dorado llegó al área de nonatos sin invitación, y que por eso mismo no existe oficialmente ninguna responsabilidad por parte de la secretaría.

Si el área no estaba esterilizada, como obligado resulta, todo es por culpa del dinero.

Proceda pues entonces el fiscal Juan José Ríos Estavillo en contra del dinero y del presupuesto en lo general.

También puede consignarse ante la autoridad judicial a la casualidad, por aquello de los ocho casos en tan pocos días.

Que no se diga que esta irresponsabilidad criminal terminó en la impunidad absoluta.