Expediente Político: ¿Qué sigue?…

La seguridad pública ha sido un tema malogrado en los gobiernos municipales de Tijuana y Playas de Rosarito, ya sus alcaldes, Juan Manuel Gastélum y Mirna Rincón, por más que lo intentan no lo pueden ocultar, las estadísticas del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE) así se los muestran y demuestran.

Desde el inicio de sus gobiernos sus propuestas para ocupar las posiciones de Secretario y director de la policía municipal en Tijuana, y la dirección en Rosarito, los ediles fueron cuestionados por los diversos sectores de sus municipios, al no considerarlos como una buena opción a la responsabilidad asignada, y el tiempo dieron la razón a quienes lo señalaron.  

En Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua como Secretario y Luis Felipe Chan Baltazar en la Dirección, así como Magdaleno Vázquez Luis como director de la policía municipal en Rosarito, no han podido implementar un programa que les permita detener la escalada en los índices de los diversos delitos que laceran a sus conciudadanos, y no lo han implementado por simple razón de que nunca tuvieron programa alguno, arribaron al cargo con la esperanza de que con solo su presencia bastaría para dar solución a la problemática a la que se enfrentarían.

Robos a casa habitación, a transeúntes, comercios, de vehículos, con o sin violencia, son la plaga que cada día tienen que soportar los ciudadanos de ambas demarcaciones. Los datos que mensualmente aporta el CCSPE que son los que permiten medir el comportamiento delictivo que sufren los municipios en cada uno de los delitos que se analizan, así lo demuestran. 

A partir del primero de diciembre del 2016, fecha en la que iniciaron las presentes administraciones los delitos antes señalados han tenido un incremento del 20 por ciento, con relación al mismo periodo de la pasada anualidad.

Y que señalar de los delitos llamados de alto impacto, los asesinatos a plena luz del día y en cualquier vialidad son la cotidianidad, así  como la localización de cuerpos de personas asesinadas y desmembradas que son arrojadas en bolsas y con cartulinas con mensajes a las autoridades o a los grupos criminales rivales, que solo generan incertidumbre y temor en la población que ya no sabe a quien acudir por ayuda contra el flagelo de la inseguridad.

Los ediles de Tijuana y Rosarito no han podido dar una satisfacción que convenza a sus gobernados, en la que expliquen con claridad del porque de su empecinamiento en mantener en el cargo a quienes a todas vistas no han podido con la tarea encomendada.

El tiempo transcurre y los índices se elevan exponencialmente, y esa carrera ascendente de la actividad criminal solo tiene un desenlace posible, el retorno de los tiempos violentos de los años 2007-2009, situación que tijuanenses y rosaritenses no quieren volver a vivir.

Es el momento de que cambien el rumbo en el tema de la seguridad.

Y mientras tanto…

En el PRI sus militantes siguen escudriñando entre los mencionados a ocupar la dirigencia estatal en sustitución de Chris López Alvarado, una señal que les indique quien será el ungido.