La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua autorizó en Managua la entrada a ese país de tropas, naves y aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia entre el 1 de julio al 31 de diciembre de este año, así como militares de Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela.

El Parlamento nicaragüense, bajo el control del oficialismo, ratificó con carácter urgente un decreto de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, aliados del mandatario ruso, Vladímir Putin, a través del cual permite el ingreso de un número no precisado de personal militar extranjero a Nicaragua, así como de naves y aeronaves.

El objetivo de esta medida es “con fines de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo, en caso de situaciones de emergencia”, durante el segundo semestre de 2025, según el decreto presidencial.

La presencia militar rusa en Nicaragua será para participar en “ejercicios de adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria, misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencia o desastres naturales” con la Unidad Humanitaria y de Rescate, así como con las fuerzas terrestres, Fuerza Aérea y Fuerza Naval del Ejército nicaragüense.

También para llevar a cabo intercambio de experiencias, adiestramiento, operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos en el mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el océano Pacífico de Nicaragua con la Fuerza Naval de Nicaragua.

Además, Ortega y Murillo facilitarán el ingreso a Nicaragua de tropas rusas para participar con miembros del Comando de Operaciones Especiales, la fuerza élite del Ejército de Nicaragua, “en intercambio de experiencias y ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria”.

Asimismo, las tropas rusas participarán en intercambio de experiencias y de comunicación operacional en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, y adiestramiento en labores de seguridad, planeación de ejercicios de ayuda humanitaria y atención ante desastres.

En total, el Parlamento autorizó a Ortega que un número sin establecer de militares, naves y aviones rusos entren a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025.

También de países centroamericanos

En el mismo decreto, ratificado por el Parlamento, los copresidentes autorizaron por seis meses, a partir del 1 de julio, el ingreso al territorio nacional de forma rotativa de 50 efectivos militares, naves y aeronaves de México para participar en ejercicios con fines humanitarios, adiestramiento, instrucción e intercambio de experiencias con miembros del Ejército de Nicaragua.

También de un número no precisado de militares de Venezuela para participar en intercambio y adiestramiento en labores de seguridad, planeación de ejercicios de ayuda humanitaria y atención ante desastres; adiestramiento en operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos en el mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el océano Pacífico de Nicaragua: y en operaciones de ayuda humanitaria.

Además dio luz verde al ingreso de militares de Cuba y de los países centroamericanos para realizar intercambio y labores de carácter humanitario.

En el caso de Estados Unidos, Ortega y Murillo dieron su visto bueno para “el ingreso al territorio nacional, previamente planificado y coordinado con el Ejército de Nicaragua, de personal de las Fuerza Armadas, naves y aeronaves de los Estados Unidos, a fin de atracar en puertos y aterrizar en aeropuertos nacionales para realizar operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencias o desastres naturales, por aire, mar y tierra”.

Ortega y Murillo enviaron ese decreto al Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, para su debida ratificación, este mismo jueves.

Con información de El Financiero.

Más de una decena de gazatíes fueron asesinados este viernes en un ataque israelí con drones contra tiendas de campaña para personas desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según informaron medios locales.

La agencia palestina Wafa informó de 13 heridos, incluidos tres niños, en este ataque realizado con aviones no tripulados israelíes a tiendas de campaña donde se encontraban personas desplazadas en Al Mawasi, a las afueras de Jan Yunis.

Por su parte, el canal catarí Al Jazeera elevó la cifra en el bombardeo en Jan Yunis a catorce, diciendo que la cifra de muertos en total por ataques en toda la Franja de Gaza este viernes supera los 30.

Además, otra mujer falleció después de ser disparada por el Ejército israelí en una zona de Rafah, también en el sur de la Franja de Gaza, según Wafa.

Estos nuevos muertos se suman a los 73 de ayer jueves debido a ataques israelíes. Así, la cifra de fallecidos desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el 2 de octubre de 2023 se eleva ya a 54 mil 321, mientras que hay más de 123 mil 700 heridos.

En la jornada del viernes, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza también denunció el ataque y saqueo del hospital de campaña Americano en el centro de la Franja de Gaza, donde un grupo de ladrones “ha robado y destruido los bienes, los medicamentos y el equipo médico del hospital”.

“Este incidente se produce a la luz de la destrucción sistemática del sistema de salud en la Franja de Gaza” por parte de las fuerzas israelíes, denunció el Ministerio controlado por Hamás.

El 14 de noviembre del 2024, el Comité Especial de la ONU para investigar las prácticas israelíes publicó un informe en el que concluye que la guerra de Israel en Gaza es coherente con las características de un genocidio, con víctimas civiles masivas y condiciones que amenazan la vida impuestas intencionalmente a los palestinos.

Posteriormente, en marzo de este año, una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmó que Israel cometió actos genocidas en la Franja de Gaza a través de la destrucción sistemática de instalaciones sanitarias para atención sexual y reproductiva durante su ofensiva contra el enclave.

Con información de EFE.

Defensores de los migrantes reforzaron los llamados a funcionarios electos para intervenir a favor de una pequeña mexicana de cuatro años que recibe tratamiento vital en Estados Unidos y se expone a ser deportada junto con su familia.

Sofía, como ha sido identificada la pequeña por los abogados de la organización Public Counsel, sufre del síndrome del intestino corto, una afección potencialmente mortal que impide que su cuerpo absorba suficientes nutrientes, que no pudo ser tratado con éxito en México.

La niña y sus padres pudieron ingresar a EE.UU. en julio de 2023 gracias a un permiso de entrada humanitaria de emergencia para que ella recibiera el tratamiento médico en el Hospital Infantil de Los Ángeles, uno de los pocos en el país que trata esta afección en niños pequeños.

Sin embargo, en abril pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó a sus padres que el permiso había sido revocado y debían abandonar el país.

A la madre de Sofía, Deysi Vargas, también se le notificó que su permiso de trabajo fue cancelado, lo que significa que la familia no tiene medios para pagar las cuentas médicas y el desplazamiento continuo desde Bakersfield (California), donde residen, hasta Los Ángeles.

“Quitarle la atención médica que le salvó la vida y obligarla a regresar a un lugar donde podría morir en cuestión de días es una cruel traición a la palabra de nuestra nación y una afrenta a nuestra humanidad compartida”, dijo Rebecca Brown, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel y abogada de la familia en un comunicado.

Las probabilidades de que Sofía reciba la atención que necesita en México son prácticamente “imposibles”, han dicho los abogados.

Los médicos del Hospital Infantil de Los Ángeles han declarado que Sofía moriría en cuestión de días sin su tratamiento actual.

Vargas pidió de todo corazón a las autoridades de migración estadounidenses que consideren “de todo corazón” el caso de Sofía y le permitan quedarse en el país.

Public Counsel se ha puesto en contacto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), miembros del Congreso y legisladores locales con la esperanza de que Sofía siga con vida y en Estados Unidos.

“Esperamos que el Gobierno estadounidense restablezca nuestra libertad condicional para que mi hija pueda recibir la atención que necesita”, insistió Vargas.

Por su parte Brown destacó que los migrantes vienen a este país por razones “reales”, una crítica a la posición de la Casa Blanca de que la mayoría de personas que llegaron por la frontera sur de EE.UU. en los últimos cuatro años no tienen casos válidos.

“El caso de Sofía es un claro recordatorio de que debemos considerar la situación de cada persona individualmente, a menos que, como nación, nos sintamos cómodos condenando a nuestros semejantes a muerte y tortura dejando las decisiones en manos de procesos burocráticos indiferentes”, sentenció Brown.

Con información de EFE.