El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acusó este jueves a varios jueces de favorecer a presuntos delincuentes, lo cual consideró “inaceptable”, pues aseguró que existe un “alarmante” número de determinaciones judiciales que han beneficiado a criminales.

“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial.

Harfuch destacó que debido a estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos definitivos, “lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”.

Además, se han dado 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.

Todo ello, afirmó, pese a que Prevención y Reinserción Social de la SSPC los consideró como “no viables” para estas medidas, por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

“Es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, dijo García Harfuch.

García Harfuch acusa a jueces de favorecer a presuntos delincuentes

Destacó el caso del líder de los Zetas, Miguel Ángel ‘N’, requerido por el Gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego, cuya extradición fue bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces.

Harfuch también señaló directamente al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, quien habría otorgado beneficios a Gerardo Pince Alanís, presunto operador del Cartel del Pacífico, y al ‘Contador’, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cartel del Golfo.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que, por las denuncias contra los candidatos a la próxima elección judicial, que presuntamente tendrían nexos con el narcotráfico, será el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal electoral los que tomen la decisión en última instancia, pero destacó que hasta ahora las denuncias se han hecho en redes sociales.

El mes pasado, Sheinbaum pidió al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos de la primera elección popular del Poder Judicial que tengan nexos con el narcotráfico, después de que el Senado reconoció que hay aspirantes con estos vínculos.

Además, la agrupación civil Defensorxs documentó 13 “candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades” en el sitio ‘Justicia en la mira’, donde resalta, entre otros, a Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán Loera.

Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, cuando un récord de 99.7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3,422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, con alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios. 

Con información de EFE.

Una boda entre dos menores de edad en la comunidad San Pedro Cuitlapa, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, en los límites de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, indignó en redes sociales.

El matrimonio entre los menores de edad ocurrió el pasado domingo, se celebró bajo un toldo, hubo música en vivo, una mesa con un pastel, muchos regalos y decenas de invitados, como suele ocurrir con otras bodas tradicionales.

El titular de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez, señaló para “El Sol de Acapulco” que la boda no fue un matrimonio civil y no se emitió ningún acta, por lo que no tuvo validez legal, es decir fue una boda “simbólica”.

Al respecto la bancada de Morena en el Congreso de Guerrero emitió un comunicado en el que condena la boda de los menores, y demanda a las instancias correspondientes abrir una investigación y sancionar a quienes resulten responsables.

“Desde el Congreso del Estado reiteramos que el matrimonio infantil en Guerrero está prohibido, así como cualquier tipo de cohabitación forzada entre menores de edad, por lo que exigimos que se hagan cumplir las leyes”, se lee en el comunicado.

Cabe mencionar que  en 2022, el Congreso local reformó el Código Penal Estatal para prohibir los matrimonios infantiles, estos, dice la reforma, no se deben realizar ni con el consentimiento del padre, madre o tutor de un menor de 18 años de edad. 

Apenas el 3 de abril, se incrementó la sanción: hasta 15 años de prisión a quién obligue a los menores a casarse. La sanción se agrava si quienes obliguen a los menores son familiares o si pertenecen a un pueblo originario o forman parte de la población afromexicana. 

Otros casos de matrimonio infantil en Guerrero

El 15 de abril una adolescente de 16 años salió huyendo de la comunidad Ñuu savi de San Antonio, en Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero. Lo hizo después de tres días de encarcelamiento.
El 12 de abril, la menor fue encerrada en la cárcel del pueblo porque ni ella ni su madre tuvieron en la mano los 700 mil pesos que la familia de su pareja exigía que le devolviera porque fue lo que pagaron por la “dote” hace dos años.

Todo comenzó cuando su pareja pidió a la Policía Comunitaria de su pueblo que la detuviera. El hombre dijo que “descubrió” en el celular de la menor fotografías de su exnovio. Los policías comunitarios la detuvieron y también a Samuel, el exnovio. 

El hombre le pidió el favor a su tío, Lorenzo Moreno Ventura, el presidente del Consejo de Justicia y Certeza de los Pueblos Originarios.

La menor fue liberada tres días después, luego de que el padre de Samuel y su madre se comprometieron a pagar los 700 mil pesos. El padre pagará 250 mil y la madre el resto, 450 mil

Después de la firma del trato, la menor salió huyendo de su pueblo, se desterró y, de no cumplirse con el pago, quien ahora podría ser detenida sería su madre.

La familia de su pareja exigió el pago de los 700 mil pesos pese a que, durante los dos últimos dos años, la menor fue sometida a trabajos sin pago, trabajó de jornalera en Sinaloa y todo su salario se lo quitaron los padres de la pareja con el pretexto de que tenía que recuperar algo de lo que pagaron por la dote. 

La menor ahora está recluida en un albergue de menores en Chilpancingo. 

Los matrimonios forzados son en comunidades de la Montaña y Costa Chica donde se concentran los pueblos originarios. 

Esto ocurre en Acapulco también. 

El 24 de febrero en las redes sociales, se supo del “arreglo matrimonial” entre Gael, un niño de 14 años y Celia de 15, en la comunidad de Huamuchitos, ubicada en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Acapulco. 

El “arreglo matrimonial” fue transmitido en Facebook y anunciado como si se tratara de un baile. Como en San Pedro Cuitlapan. En las imágenes se ve un ambiente festivo, como si no se tratara de un matrimonio de menores.

Con información de El Informador.

El Gobierno de México presumió una disminución en los homicidios dolosos de 24.9 por ciento desde el inicio de la Administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior fue detallado por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco., al presentar los datos de la incidencia delictiva en el país durante abril de 2025.

“Al cierre de abril podemos informar que este mes cerró cerró con un promedio mensual de 65.3 homicidios diarios”, indicó.

“Si comparamos este promedio con el que se tenía al inicio del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que era de 86.9 homicidios diarios, en siete meses se ha tenido una reducción de 24.9 por ciento”, destacó.

La funcionaria federal indicó que en abril pasado se registraron 21 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024.

Figueroa Franco indicó que siete estados concentran el 52.1 por ciento de los homicidios dolosos entre enero y abril.

Dichos estados son Guanajuato, con el 14.4 por ciento (mil 260 casos); Baja California, con 7 % (610); Estado de México, con 6-9 por ciento (601); Chihuahua, 6.7 % (589); Sinaloa, 5.9 por ciento (521); Jalisco, con 5.6 % (495) y Guerrero, con 5.6 por ciento (493).

Por otro lado, la titular del (SESNSP) informó de una disminución de 19.25 por ciento en los delitos de alto impacto en los primeros siete meses de Gobierno de Sheinbaum.

“Desde octubre de 2024 que promedió 636 delitos de alto impacto diarios, se identifica una tendencia a la baja, en la que destaca el último mes de abril que cerró con 513,6 delitos promedio diarios”, describió.

Sheinbaum Pardo asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196 mil asesinatos registrados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), mientras que los homicidios repuntaron un 1.2 por ciento anual en 2024 hasta los 30 mil 57, según las estadísticas del SESNSP.

La mandataria argumentó que la reducción de homicidios en su Administración reivindican su plan de seguridad de cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, uso de inteligencia contra el crimen, y coordinación entre las autoridades federales y estatales.

Con información de López-Dóriga Digital.