Comunidades mayas y organizaciones civiles demandaron este miércoles una declaratoria de emergencia socioambiental para la península de Yucatán por las afectaciones al territorio, ecosistemas y vida de la población provocadas por megaproyectos, como el Tren Maya, emblema del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Representantes de comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo informaron en una rueda de prensa que declararon la región como “zona de emergencia socioambiental”, valiéndose de su derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Por ello, exigieron al Gobierno de Claudia Sheinbaum implementar medidas urgentes para detener las graves afectaciones al ambiente provocadas por “un modelo de desarrollo” que ha causado deforestación, contaminación del agua y muerte masiva de abejas, entre otras problemáticas, que afirmaron, han incrementado en los últimos años.

“Usando el derecho que nos pertenece como pueblos indígenas a una autodeterminación, a tener la soberanía alimentaria, a ser autónomos, soberanos, a organizarnos como nosotros decidamos de acuerdo a los usos y costumbres, hoy venimos para declarar como zona de emergencia socioambiental a nuestro territorio peninsular maya”, expuso Claudia Cob, representante del pueblo maya en Chocholá, al poniente de Yucatán.

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“También exigimos a las instancias federales, a las instituciones, que se cumpla esta exigencia, porque nuestro pueblo está viviendo en verdad grandes atropellos a nuestros derechos al ambiente”, agregó Cob, quien se dedica a la apicultura.

La apicultora alertó que las granjas porcícolas y avícolas “están afectando gravemente las actividades ancestrales que se hacían” en la región, así como a los polinizadores, como las abejas que se están extinguiendo.

Asimismo, advirtió de que las industrias e inmobiliarias están acaparando los despojos y “saqueando a los pueblos originarios de su territorio”, ocasionando desigualdad y problemas sociales.

En un comunicado de la Alianza Maya por las Abejas y la ONG medioambiental Greenpeace, los denunciantes avisaron que presentaron un documento con sus demandas al Gobierno para frenar la crisis, “resultado de la implementación de diversos megaproyectos que se desarrollan en la península y que, de manera conjunta, están generando una crisis socioambiental sin precedentes cuyos resultados pueden ser irreversibles”.

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Entre estos proyectos, incluyeron al Tren Maya, obra insignia del oficialismo para detonar el desarrollo del sureste del país, por “la destrucción de los cenotes y deforestación de millones de árboles”.

Así como “el establecimiento de cerveceras que secan y salinizan nuestro manto freático” y la existencia de más de 800 “fábricas de cerdos y aves”, muchas funcionando sin manifestaciones de impacto ambiental, que contaminan el agua, generan pérdida forestal y contaminación de apiarios, denunciaron.

Además, advirtieron que “el crecimiento sin control de las concesiones para la explotación de minas” y la expansión inmobiliaria “que se apropia de la costa peninsular” reduce sus comunidades “a colonias de las grandes ciudades y que solo puede entenderse gracias a la colusión de las instituciones agrarias que permite la venta y despojo de ejidos”

Con información de EFE.

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El Gobierno de El Salvador confirmó que dos de los seis migrantes asesinados en Villa Comaltitlán, Chiapas, por elementos del Ejército mexicano eran de origen salvadoreño.

A través de un comunicado, la Cancillería salvadoreña confirmó la identidad de las víctimas: un hombre de 57 años y un adolescente de 17 años, quienes habían salido de las comunidades de San Vicente y La Libertad, respectivamente.

Las autoridades salvadoreñas solicitaron al Gobierno de México una investigación exhaustiva sobre los hechos, esperando un pronto esclarecimiento de esta tragedia que ha conmocionado a la comunidad migrante y a las familias de las víctimas.

En su comunicado, el Gobierno de El Salvador expresó su consternación por la pérdida de vidas humanas y reafirmó su compromiso de velar por los derechos de sus ciudadanos en el exterior.

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A través de su embajada en México, el país centroamericano ha mantenido contacto con las autoridades mexicanas para obtener información oficial y asegurarse de que se sigan los protocolos internacionales de derechos humanos en la investigación.

El gobierno salvadoreño señaló la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas para proteger a los migrantes, quienes con frecuencia se enfrentan a condiciones extremadamente peligrosas en su travesía.

En respuesta a lo ocurrido, la Cancillería salvadoreña ofreció sus más profundas condolencias a las familias de los fallecidos, a quienes también brinda atención consular. Las autoridades han dispuesto apoyo y acompañamiento a los familiares, en línea con los protocolos establecidos para estos casos.

El Gobierno salvadoreño reiteró su exigencia de justicia y pidió a las autoridades mexicanas esclarecer el suceso. La investigación continúa, y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el incidente que costó la vida a los migrantes.

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Finalmente, el gobierno salvadoreño reiteró su disposición para cooperar con las autoridades mexicanas en el seguimiento del caso, buscando justicia para las víctimas y sus familias.

Cabe recordar que, el pasado 1 de octubre, el ejército interceptó a un grupo de migrantes, confundiéndolos con grupos del crimen organizado, y dispararon en su contra, provocando la muerte de seis extranjeros que viajaban de manera irregular.

Con información de El Sol de México.

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) calificaron de incongruente la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de entregar la información que solicitó el Senado de la República para la emisión de la convocatoria para la elección de los juzgadores.

En entrevista en el marco de la protesta que realizaron en la sede del Consejo Coordinador Empresarial, Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores, sostuvo que la Judicatura debe apoyar a sus juzgadores porque para eso los formó y autorizó sus nombramientos.

“Hoy es incongruente que hayan fallado en el sentido que lo hicieron. Por eso, el pronunciamiento de la JUFED tiene pleno sustento y respaldo, inclusive también por nosotros, por la base trabajadora. Porque fue lo primero que le pedimos al Consejo, que respetara las suspensiones, ya que otras autoridades no lo están haciendo, que el propio Consejo lo hiciera, porque somos un poder único y autónomo hasta este momento. En esa medida, debieron actuar de manera congruente, y, además, respetar esas suspensiones, porque las otorgaron juzgadores federales. Es una incongruencia que hayan votado de esa manera”.

A decir de la también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo, la decisión del CJF sienta un mal precedente, debido a que si ellos no respetan las resoluciones de los juzgadores, nadie lo hará.

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Respecto a la advertencia que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de que no va a recibir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Aguayo Bernal advirtió que los trabajadores buscan reunirse con la titular del Ejecutivo federal y no con intermediarios.

“Estamos pidiéndole acercamiento a ella para que nos escuche, para que tenga una muestra de sensibilidad y sobre todo para que entienda que esta reforma, a quien va a afectar primero, va a ser a ella y a su gobierno. Quizá también, de segunda intención, a los trabajadores del Poder Judicial, a los juzgadores evidentemente. Y por eso queremos acercamiento con ella, no a través de intermediarios, porque inclusive si los legisladores nos están recibiendo, si los representantes del Poder Legislativo nos están recibiendo, ¿por qué no nos va a recibir ella, que es la titular del Ejecutivo Federal? Es a quien le estamos pidiendo audiencia”.

Ante este panorama, Patricia Aguayo sostuvo que aún hay esperanza en la SCJN, donde hay ocho ministros que están comprometidos con el Poder Judicial de la Federación, con los trabajadores, pero sobre todo con México.

Con información de MVS Noticias

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