Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de El Chapo, están a un paso de convertirse testigos colaboradores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en las investigaciones y procesos que se llevan a cabo en este país contra de otros líderes o aliados de las operaciones de El Cartel de Sinaloa, entre ellos Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero.

El acuerdo de culpabilidad que Ovidio Guzmán ya pactó con los fiscales estadunidenses, y que en el caso de Joaquín Guzmán también se encuentra avanzado, incluye el compromiso de cooperar con otros procesos e indagatorias que tiene en marcha los fiscales, tanto aportando información como, de ser necesario, comparecer en audiencias.

Autoridades federales de los Estados Unidos consultadas por MILENIO confirmaron que desde junio del año pasado los dos hijos de El Chapo forman parte del programa de protección de testigos cooperantes (Witness Security Program) del Departamento de Justicia. 

Por ese motivo no se encuentran recluidos en cárceles convencionales, sino en una dirección no revelada bajo custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Durante casi un año la defensa de los dos hermanos a cargo del abogado Jeffrey Lichtman ha trabajado con los fiscales en los términos de dicho acuerdo, que además de la declaración de la culpabilidad exige la cooperación con las autoridades estadunidenses en los procesos en marcha.

Son condiciones idénticas y obligatorias que ya se han aplicado en el pasado a otros narcotraficantes extraditados a Estados Unidos como, por ejemplo, Vicente Zambada Niebla, hijo de “El Mayo” Zambada, o Damaso López Núñez, los cuales además de dar declaraciones se presentaron en juicios.

Actualmente hay dos procesos en curso en contra de jefes del Cartel de Sinaloa y en los que los hijos de El Chapo podrían formar parte de los testigos de los fiscales. Uno es el iniciado en contra de Ismael El Mayo Zambada, quien de hecho fue entregado en contra de su voluntad por Joaquín Guzmán López.

El otro es el de Rafael Caro Quintero, quien según la acusación de los Estados Unidos aun estuvo a cargo de operaciones de narcotráfico por lo menos hasta 2015, además de que se le acusa de ser el responsable intelectual del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena.

Pero además existe la posibilidad de que Ovidio y su hermano aporten información que permita proceder en contra de cómplices del cartel como, por ejemplo, funcionarios corruptos que les hayan brindado apoyo. 

Es un escenario que ya ocurrió con varios testigos colaboradores que participaron en el juicio de El Chapo, y que a la par rindieron declaraciones con las que luego los fiscales de Estados Unidos procedieron en contra del exsecretario de seguridad, Genaro García Luna.

La especialidad de la casa

El ofrecer penas acortadas y beneficios migratorios a jefes criminales a cambio de información y de convertirlos en testigos que comparezcan en juicios ha sido una práctica recurrente de los fiscales de Estados Unidos, por lo menos en las últimas dos décadas. Una práctica que ha resultado exitosa pues en todos los casos en que se han utilizado han obtenido condenas.

Entre esos casos destacan, por ejemplo, el de Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, extraditado en 2010 a Estados Unidos. En 2013 se declaró culpable y aceptó cooperar con las autoridades. 

Entre otros procesos, fue uno de los principales testigos en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York en 2018 y 2019. Dio detalles sobre la operación del cártel y la complicidad de funcionarios mexicanos.

Dámaso López Núñez El Licenciado, ex colaborador cercano de El Chapo, capturado en México en 2017 y extraditado a Estados Unidos en 2018, se declaró culpable y testificó contra El Chapo. Dio detalles de su fuga el penal del Altiplano en 2015 y dio información sobre la estructura del cártel.

También Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey Zambada, hermano de El Mayo y ex jefe del Cartel de Sinaloa en la Ciudad de México. 

En 2014 se declaró culpable en chicago previo acuerdo con los fiscales, y años después testificó en el juicio de El Chapo y en el de García Luna donde habló de los sobornos millonarios entregados a funcionarios mexicanos.

A ellos se suma Sergio Villarreal Barragán El Grande, ex lugarteniente de los Beltrán Leyva, organización aliada en su momento al Cártel de Sinaloa, y quien tras declararse culpable y volverse testigo colaborador ha comparecido en varios procesos, entre ellos el de García luna.

Otros que se han declarado culpables y se han vuelto testigos son Oscar Nava Valencia, El Lobo; Miguel Ángel Martínez El Tololoche; Lucero Guadalupe Sánchez López, La chapodiputada; Harold Mauricio Poveda Ortega, El Conejo.

Los casos que vienen

Además de los casos que ya están en marcha en tribunales, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tienen diversos procesos pendientes en contra de personas ligadas al Cártel de Sinaloa, organización delictiva a la que considera ya no solo un cartel de la droga sino un grupo terrorista internacional.

En las audiencias que se han llevado a cabo en distintos juicios como los de El Chapo Guzmán o la de García Luna, los fiscales estadunidenses han referido la existencia de otras indagatorias y señalamientos en contra de funcionarios y exfuncionarios sin abundar en mayores detalles sobre ello. Los abogados defensores también han expuesto esto en sus contrainterrogatorios.

Los casos que sí se conocen públicamente son los de Luis Cárdenas Palomino y Ramon Pequeño García, ex alto mandos de la Policía Federal, y que al igual que García Luna están acusados de brindar apoyo al Cartel de Sinaloa a partir de las declaraciones de testigos colaboradores. Cárdenas Palomino se encuentra detenido en México, mientras Pequeño García está prófugos.

Luego de la primera audiencia de Caro Quintero el 28 de febrero el jefe de la División de la DEA en Nueva York, Frank Tarantino IIII, adelanto que más personas ligadas al Cartel de Sinaloa serían entregadas por parte de México a Estados Unidos  este mismo año.

Con información de Milenio.

CAC

En 2023, el país registró la cifra más baja de nacimientos entre adolescentes de 10 a 17 años en al menos una década, con 101 mil 147 casos. La caída es significativa, pues representa una disminución de 47.3 por ciento respecto a los 192 mil 070 nacimientos contabilizados en 2013, cuando esta forma de maternidad temprana alcanzó su punto más alto de los últimos años.

Actualmente las jóvenes mexicanas ya no ven la maternidad como un destino impuesto, sino como una posibilidad remota que puede aplazarse. Hace diez años, 7.75 de cada 100 nacimientos correspondían a madres de entre 10 y 17 años. Hoy esa proporción se ha reducido a 5.55 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El fenómeno también se desmarca de la tendencia general. Mientras el número total de nacimientos en el país ha disminuido de 2.47 millones en 2013 a 1.82 millones en 2023 —una caída del 26.5%—, los embarazos adolescentes han retrocedido casi el doble y la caída ha sido sostenida año con año, incluso durante 2020, en medio de la disrupción causada por la pandemia y las restricciones al acceso a servicios de salud sexual.

En 2015, el gobierno federal puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), un esfuerzo transversal con metas concretas: eliminar los nacimientos en niñas menores de 15 años y reducir en 50% la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años antes de 2030.

La estrategia priorizó el acceso efectivo a métodos anticonceptivos, la inclusión de educación sexual integral en los planes escolares, la capacitación de personal docente y médico, y la creación de espacios seguros para adolescentes.

Pero la política pública no actúa sola y también se registró un cambio cultural, pues cada vez más jóvenes rechazan la maternidad temprana como parte de su proyecto de vida. La adolescencia se ha vuelto, para muchas, una etapa de afirmación personal, no de renuncias. Las redes sociales, el acceso a la información, la participación en causas feministas y la conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos han transformado la manera en que las nuevas generaciones enfrentan decisiones sobre su cuerpo.

Sin embargo, el mapa del embarazo adolescente aún revela desigualdades marcadas. El Estado de México concentró el mayor número de nacimientos de madres adolescentes en 2023, con 11 mil 742 casos, seguido por Chiapas con 10 mil 48, Puebla con 6 mil 705, Veracruz con 6 mil 613 y Jalisco con 6 mil 525. Son cifras que en términos absolutos reflejan tanto el tamaño poblacional como las brechas de acceso a educación y salud sexual.

Pero al revisar los datos en términos proporcionales, los estados con mayor incidencia relativa de embarazos adolescentes fueron Oaxaca (7.04%), Michoacán (6.79%), Guerrero (6.72%), Chiapas (6.70%) y Veracruz (6.63%). 

En estas entidades, más de 6 de cada 100 nacimientos en 2023 fueron de madres menores de edad. Esta tendencia confirma que las regiones con mayores niveles de marginación siguen siendo las más vulnerables a la maternidad forzada en etapas tempranas.

En el otro extremo, la Ciudad de México presentó la tasa más baja del país, con solo 3.18% de sus nacimientos correspondientes a madres adolescentes. Le siguieron Baja California (4.18%), Baja California Sur (4.26%), Quintana Roo (3.94%) y Nuevo León (3.83%). Estas entidades reflejan entornos donde el acceso a anticonceptivos, educación sexual y servicios de salud es más amplio y consistente.

El avance es innegable, pero no uniforme. Las cifras nacionales muestran progreso, pero la geografía del embarazo adolescente sigue teniendo una carga de desigualdad social, económica y educativa. La tasa promedio nacional de nacimientos en adolescentes en 2023 fue de 5.55%, pero 13 estados se mantuvieron por encima de esa media.

Entre 2013 y 2023, México registró una disminución sostenida en el número total de nacimientos, lo que refleja no solo un descenso en las tasas de fecundidad, sino también una transformación en los patrones reproductivos del país.

En 2013, se contabilizaron 2 millones 478 mil 889 nacimientos, mientras que para 2023 la cifra descendió a un millón 820 mil 888, lo que representa una caída del 26.5% en una década. Esta reducción ha sido constante año con año, salvo por un repunte temporal en 2021, posterior al confinamiento por la pandemia de covid-19.

La tendencia evidencia el efecto de diversos factores como el acceso a métodos anticonceptivos, pues según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 del Inegi, el 98.7 por ciento de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) conocen al menos un método anticonceptivo, y el 96.6 por ciento sabe cómo utilizarlo correctamente.

El comportamiento decreciente de los nacimientos en el país no solo se ha visto entre adolescentes, sino en mujeres de todas las edades. El mayor aumento porcentual ocurrió entre 2020 y 2021, cuando los nacimientos aumentaron de 1.6 a 1.9 millones tras el impacto inicial de la pandemia, pero luego retomaron su trayectoria a la baja.

La curva descendente ha sido más pronunciada en estados con mayor urbanización y acceso a servicios de salud reproductiva, donde las mujeres han optado por tener menos hijos o retrasar la maternidad. 

Aunque el fenómeno está lejos de ser homogéneo en todo el territorio, los datos de la última década confirman que México atraviesa una transición demográfica acelerada, con implicaciones directas en políticas de salud, educación y desarrollo social.

Con información de Milenio

Una juez de control amplió a 5 meses el plazo de investigación complementaria sobre el caso de Carlota “N” y sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N”, quienes son investigados por el delito de homicidio calificado en ventaja y por homicidio calificado en grado de tentativa.

La medida de prisión preventiva justificada se mantiene para los tres, por lo que continuarán recluidos en el penal de Chalco hasta que concluya el plazo de investigación, el cual se extendió a petición de la defensa legal de los imputados.

Durante la audiencia que tuvieron este viernes, se anunció el cambio de abogado y un grupo de gente llegó al exterior de los juzgados en Chalco, para exigir la libertad de la mujer de la tercera edad y sus hijos, señalando que actuaron en defensa para no ser presuntamente despojados de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe.

Antes eran tres defensores jurídicos y ahora solo será uno, de nombre Karim Peralta, quien explicó que la solicitud de ampliación tiene como finalidad recabar datos de prueba que puedan ser presentados en favor de Carlota, Mariana y Eduardo.

El abogado Karim Peralta mencionó que esta petición se hizo con la finalidad de incorporar diversos medios de prueba para terminar de robustecer la estrategia jurídica, pidiendo también a la autoridad judicial una serie de peritajes médicos, psicológicos y expedientes de las personas fallecidas y el menor de edad que resultó herido de bala.

El ex diputado e hijo de la mujer de 73 años, Arturo Santana, explicó que no han solicitado el cambio de medida cautelar para prisión domiciliaria para Carlota, toda vez que la nueva defensa legal estudia minuciosamente el tema para que no se les sea negada, en caso de solicitarla.

De igual forma, puntualizó que su madre y sus dos hermanos se encuentran bien y tranquilos, reconociendo que han recibido buen trato en el mes que llevan detenidos en el Penal de Chalco, recordando que Carlota padece diabetes tipo 2 y Mariana de esquizofrenia, recibiendo la atención medica.

Además, Eduardo “N”, sostuvo durante el desarrollo de la audiencia que no ha podido ver a su madre y hermana, por lo que su defensa legal ya trabaja en ello para que pueda verlas, ya que desde la audiencia del 10 de abril, cuando fueron vinculados a proceso, fue la última vez que tuvo contacto con ellas.

Con información de El Universal.