Desde hace varios meses, en la sierra de Huajicori, en Nayarit, sí ha reportado una serie de desplazamientos forzados masivos de personas, principalmente del pueblo o’dam, a partir de la violencia generada por la disputa del territorio entre los carteles de Jalisco y de Sinaloa.

En los últimos días, 57 familias desplazadas llegaron a la cabecera municipal en busca de seguridad, y se sumaron a otras que permanecen en el lugar desde julio pasado.

Elisa Aragón, activista local, señaló para Aristegui Noticias que las familias desplazadas provienen de las comunidades, Santa María de Picachos y El Riíto,  y que algunas llegaron a pie desde sus comunidades.

“Han estado dejando sus hogares, sus animalitos, sus mascotas, sus siembras, todo por buscar un lugar seguro donde estar en lo que se soluciona el tema de inseguridad que se vive en las zonas serranas”.

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A mediados de septiembre, se reportó el hallazgo de 11 cuerpos sin vida en un campamento de presuntos delincuentes,  en la zona conocida como Las Antenas; y en redes sociales circularon videos en los que presuntos criminales referían el reclutamiento de personas entre la población.

La Sedena ha dado a conocer algunos decomisos de armas y equipo táctico en la zona, pero la violencia armada continua en contra de la población.

Eliza Aragón forma parte del grupo de ciudadanía que se organizó desde que las primeras personas llegaron a la cabecera y además de ofrecerles alimento, también les ayudan a conseguir espacios donde refugiarse.

Hasta el momento, igual que los desplazados de los meses anteriores, los pasillos de la presidencia y la plaza municipal se convirtieron en la zona de hospedaje improvisado.

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“Están muchos, todavía no tienen un espacio donde pasar la noche. Algunos están improvisando, o con sus familiares, con sus conocidos, con sus amigos”, apuntó Aragón.

A partir de esto, la activista señaló que de nueva cuenta están solicitando apoyo de la ciudadanía y de los gobiernos para atender la situación.

Dijo que las personas desplazadas buscaron ser atendidas este miércoles por el alcalde, Sergio Rangel Cervantes, sin recibir respuesta.

“Por la mañana, todavía el mediodía, las familias se reunieron en la plaza, igual que desde ayer, buscando la forma de llegar a un diálogo con el gobierno municipal para solicitarles apoyo, asilo, en lo que se resuelve la problemática de sus comunidades.”

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Elisa Aragón dijo que algunas familias encontraron un lugar donde dormir, ya sea porque sus familias les dieron espacio o porque personas prestan sus casas, y otras todavía buscan un refugio.

“De momento todavía hay algunas ahí, ya en su mayoría han buscado un espacio donde dormir. La comunidad de Huajicori ha mostrado solidaridad, dando cobijo a las familias que han dejado sus hogares”.

Algunas han tenido que improvisar refugios para no regresar a la comunidad donde les amenazan.

El mes pasado se deshabilitó el comedor comunitario cuando personas desplazadas lograron instalarse en la cabecera municipal y otras empezaron a migrar hacia Tepic, la capital del Estado, a San Blas y otros municipios en busca de empleo.

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“En Huajicori cabecera no hay fuentes de empleo, muchos de los desplazados han migrado a otros lugares en busca de trabajo, principalmente a la costa y al estado vecino de Sinaloa, donde se dedican a la producción de mango. La economía está bastante crítica para las familias”.

Las personas desplazadas forzadamente, en sus comunidades tenían siembras y animales para el consumo personal, por eso irse le representa gastos que no pueden generar.

“En sus casas tenían maíz, calabazas, gallinas todo lo que consumían y ahora, la vida se les ha hecho cara porque no tienen empleo y no pueden conseguir los alimentos”, dijo Eliza Aragón.

La ayuda que llevan a cabo activistas, apoyados por el párroco Miguel Escoto y feligreses de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, actualmente es con la dotación de despensas, pero iniciaron con alimentos calientes preparados en el lugar y ante la nueva condición, retomarán la cocina.

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Las familias incluyen personas menores de edad y personas adultas mayores; se calcula, según datos del INEGI, que en Santa María de Picachos habitaban 281 personas y en la de El Riíto, 339 habitantes, pero “prácticamente las comunidades quedaron solas, están deshabitadas”, dijo Eliza.

“Estamos esperando que haya una respuesta buena del gobierno. Pero mientras eso sucede, estamos tratando de apoyar en lo que podemos”.

Finalmente, dijo que lo que solicita como apoyo, son alimentos no perecederos, atún, sardinas, café, galletas, cereal, leche, así como artículos y productos de higiene personal, cepillos dentales, pastas dentales, desodorantes, toallitas femeninas, colchonetas y cobijas.

Esta reportera solicitó entrevista con el alcalde de Huajicori, Sergio Rangel, para conocer la situación y la perspectiva oficial, pero no hubo respuesta.

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Con información de Aristegui Noticias.

La iniciativa de reforma energética no significa que el Gobierno de México se está cerrando a la inversión privada, sino que “la estamos regulando y motivando”, señaló Luz Elena González, secretaria de Energía.

Antes de que fueran aprobadas en la Cámara de Diputados con 353 votos a favor y 122 en contra, la funcionaria indicó, en conferencia de prensa matutina, que uno de los principales objetivos de la reforma será establecer que el 54 por ciento de la generación eléctrica del país deberá ser suministrada por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de fortalecer la planeación del sector y garantizar el abasto y la confiabilidad.

“Vamos a permitir una participación ordenada acorde a las necesidades por cada una de las regiones del país, se va a favorecer la generación de energía limpia y renovable, así como un esquema equilibrado de distribución de beneficios”, apuntó.

“Mientras tanto, el 46 por ciento de la participación de la iniciativa privada se realizará con reglas claras para la inversión, lo que permitirá una participación ordenada, acorde a las necesidades del país por cada una de las regiones; se va a favorecer la generación de energía limpia y renovable con respaldo, y un esquema equilibrado de distribución de beneficios”, dijo.

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Con estas modificaciones, se garantizará la preponderancia de la CFE en el despacho de energía eléctrica.

Para Arturo Carranza, especialista del sector energético, “se busca despachar la energía eléctrica de la CFE antes que la energía de los privados. En otras palabras, materializar el concepto de complementariedad, lo que implica sentar bases claras, ordenadas y por consecuencia previsibles, con respecto al papel que la CFE y los privados jugarán para satisfacer la demanda eléctrica”, dijo.

Agregó que estas modificaciones constitucionales buscan que la participación de la CFE y de los privados se dé en un contexto de mejor planeación, ya que ésta coordinación será fundamental para avanzar en el proceso de la transición energética.

Empresas del Estado

La titular de la Secretaría de Energía también detalló que con la reforma constitucional, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejarán de regirse por el derecho mercantil y volverán a velar por el bienestar de todos los ciudadanos.

Luz Elena González explicó que entre los principales cambios se encuentran las modificaciones al artículo 25, en el que Pemex y CFE dejarán de ser Empresas Productivas del Estado para convertirse en Empresas Públicas del Estado.

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Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que la decisión de eliminar el mandato de Pemex y la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, para transitar hacia un modelo sin fines de lucro, podría representar que las empresas operen con pérdidas y terminen causando un daño a la hacienda pública.

“El Poder Legislativo deberá ser especialmente cuidadoso de que la redacción en la legislación secundaria mitigue en la medida de lo posible estos riesgos, para que el objetivo de fortalecer a las empresas públicas no vaya en detrimento de las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento”, dijo el experto.

Luz Elena González agregó que la reforma al artículo 27 constitucional establece que no se otorgarán concesiones para explotar el litio.

Respecto al artículo 28, se estipula que el litio y el servicio de internet serán consideradas como áreas estratégicas, por lo que no podrán ser catalogados como monopolios. Además, se garantizará la preponderancia en el despacho de energía eléctrica a CFE.

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“Buscaremos que haya una integración vertical de las empresas públicas del Estado para operar y administrar de manera más eficiente los recursos públicos”, agregó la funcionaria.

Al respecto, Alonso Romero, especialista en materia energética, señaló que esta integración vertical permitirá a ambas empresas tener operaciones más eficientes.

“En Estados Unidos, la American Public Power Association reporta que las empresas eléctricas integradas verticalmente observan precios 10 por ciento menores y tres horas menos de interrupciones en el servicio. Además, en el caso específico de Pemex, el ser empresa pública, disminuirá su costo de la deuda y liberará flujo de efectivo importante”, y agregó que esta planeación brindaría oportunidades y certidumbre, “al conocer la demanda y planear el crecimiento del sector en su conjunto”, subrayó Romero.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que tras la aprobación de la reforma en materia energética, será necesario modificar leyes secundarias para dejar en claro las atribuciones de CFE y Pemex.

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Resaltó que el Gobierno de México buscará que ambas empresas sean más productivas de lo que son ahora, mientras que, para los privados, definirán reglas claras de cómo pueden invertir y en qué condiciones.

Puntualizó que tendrán 180 días para hacer ajustes y para reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y con todos los interesados en saber qué implicaciones tendrá esta modificación constitucional.

La mandataria espera que la reforma sea aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados, para que posteriormente sea enviada a su aprobación al Senado y a los Congresos estatales.

A espera de la presentación del Plan Nacional de Energía, Claudia Sheinbaum adelantó que se mantendrán los subsidios por más de 83 mil millones de pesos a las tarifas eléctricas, con el objetivo de que el costo de la energía eléctrica no aumente en términos reales.

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Con información de El Financiero

TR

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A menos de un mes de la entrada en vigor de la reforma constitucional al Poder Judicial, Morena y sus aliados ya se preparan para volver a cambiar la Constitución que ellos mismos modificaron, al alterar el mecanismo para definir a los candidatos, acusó la oposición.

En el dictamen de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), avalado en comisiones del Senado, se introdujo una facultad, no prevista en la Constitución, para que las dos Cámaras del Congreso y la presidencia de la República, puedan “palomear” y eventualmente decidir qué candidatos podrían aparecer en la boleta.

La medida sería contraria a la Constitución recién reformada por la mayoría de Morena y sus aliados, e incluso se deslindó de ella el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

“El proyecto original en el que yo participé era bueno porque los comités de evaluación tenían autonomía, independencia, o tienen autonomía e independencia para seleccionar los candidatos”, dijo al reconocer que el anteproyecto fue modificado en la dictaminación y se restó esa autonomía en la definición de postulaciones.

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Ante el riesgo de que la reforma secundaria sea controvertida y declarada inconstitucional, Monreal, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y otros tres diputados conformaron una comisión para corregir el dictamen, en acuerdo con senadores, de modo que el pleno de esa Cámara los considere durante su votación, este jueves.

Los comités de evaluación tendrán “plena autonomía, los resultados y definiciones que ellos tomen no serán sujetos de veto y se actuará con mucha pulcritud, (…) no vamos a dar absolutamente ningún pretexto para impugnación, no vamos a dar ese gusto a nadie”, dijo Ramírez.

La noche del martes, en comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron los dictámenes que reforman la Legipe y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en ambos casos para regular el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.

Vía reservas al dictamen que fueron avaladas exprés, y a propuesta de los senadores morenistas Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Miguel Pavel Jarero y Olga Patricia Sosa, se alteró el procedimiento constitucional en dos vías, al menos.

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En el primer caso, para modificar la forma de selección de candidatos e introducir la nueva facultad a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de filtrar qué aspirantes pasan a una ronda de depuración, vía insaculación (tómbola).

Además, se dio a las dos Cámaras la atribución de poder “acordar las postulaciones conjuntas de candidatos”.

La redacción del añadido al artículo 500 de la Legipe incorporó esa atribución, que en los hechos podrá ser un “poder de veto”, según alertó el senador de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés.

“Los Poderes de la Unión determinarán en primer término su conformidad total o parcial sobre los listados referidos en el párrafo anterior; en caso de que se rechace la totalidad de la lista, los Comités deberán presentar un nuevo listado”, se añadió mediante la reserva, modificación que de acuerdo a Monreal no estaba originalmente.

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De acuerdo con el panista Anaya Cortés, la consecuencia de ese agregado tendrá como consecuencia que sea Morena, a través su mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, y vía la Presidencia de la República que ostenta la morenista Claudia Sheinbaum, la que decida quién competirá en la elección y, por tanto, quienes serán los jueces, magistrados y ministros de la SCJN.

En la sesión de dictaminación, el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, explicó la diferencia entre el procedimiento original y el nuevo.

El artículo 96 de la Constitución reformada establecía un procedimiento “que ya de por sí era un agandalle”, pues se registraban todos los que quieran ser juezas o jueces de distrito, como paso uno.

“Paso número dos: el Comité de Evaluación reduce la lista, en el caso de jueces de distrito, a seis personas. Paso número tres, mediante insaculación (pública) se elige a dos personas. Y esas serán las propuestas del Ejecutivo”.

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Ese procedimiento, recordó Anaya, era similar en el Legislativo mediante votación de mayoría calificada de los plenos camarales, y por mayoría calificada del pleno de la Corte.

En cambio ahora, “se registran quienes quieran participar, paso uno. Paso dos, se reduce la lista a seis y fíjense nada más lo que agregaron, ya no pasa directo a la insaculación, (sino que) se lo turnan al Poder correspondiente, en el caso del Senado ustedes tienen la mayoría, para que ustedes validen los nombres que, de acuerdo al Comité, resultaron en los mejores lugares y sólo después de su evaluación pasan a la insaculación”.

Anaya agregó: “es decir, no nada más es un atropello brutal, es que es una contradicción lo que aquí ustedes quieren votar hoy con lo que dice la Constitución”.

Por todo ello, el líder de los diputados federales del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdéz, alertó: “con ello están violando la Constitución, alterando los mecanismos que ellos mismos insistieron en poner en la reforma constitucional y están impedidos expresamente para modificarlos un ápice”.

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Mas aún, recordó el priísta, fue a insistencia de Morena que se prohibió expresamente en la Constitución interpretar y modificar cualquiera de sus apartados, que es lo que pretende hacer el Senado, cámara de origen en la reforma a las leyes secundarias para adecuarlas a la elección judicial.

Así, otra vulneración constitucional sería al artículo 11 transitorio de la reforma judicial, en donde se incorporó la restricción a cualquier cambio que no esté literalmente asentado en la Constitución.

“Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”, indica el apartado mencionado.

Por eso, “en el momento que ellos se quisieron agandallar tanto, ya se atoraron, ellos mismos cerraron la posibilidad de hacer precisiones en las leyes secundarias y menos legislar más allá de la Constitución”, indicó el priista Moreira, quien recalcó que se trata de una violación constitucional a lo que no tiene ni un mes de aprobado.

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Con información de Expansión

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