El gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá que desactivar la expansión del control territorial de grupos de la delincuencia organizada, cuyas disputas han generado condiciones de violencia severa que amenazan con escalar todavía más en Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Zacatecas, así como contener el narco terrorismo y la narcopolítica, plantean especialistas consultados por El Economista.

Además, deberá renegociar la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad y eliminar las formas de violencia no asociada a grupos de la delincuencia organizada, pero que afectan severamente a la población.

Control criminal de territorios, el asunto más delicado

Hoy, en materia de seguridad, el riesgo más delicado es la expansión del control territorial del crimen organizado, pues está asociado al incremento sustantivo de la violencia, consideró Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa

El problema radica en que, en muchas regiones del país existe un régimen criminal donde, son delincuentes quienes definen las reglas en los ámbitos político, económico y social, por encima del Estado. “Ellos son quienes gobiernan y definen cómo se regulan y explotan las economías locales, a través de la extorsión y cobro de piso”, explicó.

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Según el especialista, se trata de un problema grave, sobre todo porque, durante los últimos años, hemos visto cómo se ha reproducido el número de mercados ilícitos, además de que se ha incrementado el número de grupos criminales que quieren imponer su control en distintos territorios.

Eso —indicó—, es una evidencia de que la expansión del control territorial del crimen organizado va acompañada de una explosión de la violencia expresada, no solo en el aumento de delitos como extorsión y cobro de piso, sino de homicidios dolosos.

Por su parte, el consultor en políticas públicas en seguridad, David Saucedo, consideró que es avasallante el control territorial que ejercen grupos de la delincuencia organizada en distintas regiones del país, sobre todo porque operan como grupos guerrilleros que van controlando distintos aspectos de la vida en las comunidades

En algunos municipios controlan incluso las autoridades e instituciones de gobierno, sobre todo las direcciones de Seguridad Pública municipales y, en otras, solo tienen presencia como tal, pero no obstaculizan las actividades de la vida cotidiana de los ciudadanos y autoridades, detalló.

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En ese sentido, destacó que, al menos en Sinaloa, Michoacán y Chiapas, sí hay un trastorno a la vida de los habitantes, desde la operación de escuelas hasta negocios de distintos tipos y tamaños o bien, dado su presencia, hay vías de comunicación que no se pueden utilizar, lo que ocasiona desabasto de suministros básicos.

Focos rojos

A raíz de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, en Sinaloa se desató una cruenta guerra entre gente de ese presunto delincuente contra los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la cual se ha desbordado de municipios de Sinaloa a Sonora y Chihuahua, y muy probablemente, siga a Durango y Nayarit.

David Saucedo explicó que la violencia que inició en Culiacán ha permeado hacia otros municipios de esa entidad del Pacífico mexicano, particularmente donde hay presencia simultánea, tato del grupo que apoya a los familiares de El Mayo Zambada, como los que apoyan a hijos de “El Chapo” Guzmán.

Hasta el momento, señaló, el incremento de la violencia homicida se ha dado prácticamente en las fronteras de los territorios que controlan.

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Lo delicado es que, es altamente probable que haya un efecto contagio hacia otros estados del país, donde ambos grupos operan, como Sonora, donde ya ocurrió, Durango y Nayarit o incluso a otros como Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí o Zacatecas.

En opinión del analista para contener a los dos grupos, se requeriría una concentración masiva de elementos militares y policiacos en Sinaloa, pero el problema es que, de hacer eso, se dejarían descubiertas otras regiones.

Eso porque, a pesar de que hubo un incremento sustantivo del número de elementos militares, sigue siendo muy reducido como para enfrentar de manera simultánea todos los conflictos que hay en el país.

Además, la Guardia Nacional no tiene la cantidad suficiente de elementos como para concentrar cierta cantidad en un solo territorio.

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En su opinión, el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército a Sinaloa no ha reducido los homicidios.

Lo que tendría que hacerse son decomisos, cateos, desarticulación de células criminales.

Otro foco rojo es Chiapas, donde en las regiones del centro, norte y sur, así como en su frontera con Guatemala, hay una disputa por el trasiego de drogas y migrantes entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como organizaciones criminales locales como el llamado Cártel de Chiapas y Guatemala.

En tanto, en Guerrero, desde hace varios años hay al menos tres grandes zonas en disputa entre grupos criminales: la región de la Tierra Caliente, Acapulco, Zona Cetro-Chilpancingo y las fronteras con Jalisco, Michoacán y Morelos.

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En Jalisco, donde si bien el CJNG mantiene una hegemonía en la zona central del estado, en regiones como Los Altos y las fronteras con Guanajuato y Michoacán, se encuentran en disputa con otras organizaciones.

A esa lista se agrega la espiral de violencia que se padece desde hace años en Guanajuato por la disputa entre el CJNG con el llamado Cartel de Santa Rosa de Lima.

En Morelos, autoridades locales señalan la presencia de unas seis organizaciones criminales, entre ellas el CJNG el Cártel del Noreste.

Mientras, en Zacatecas el CJNG y el de Sinaloa han generado meses de violencia.

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Urge contener narcoterrorismo y narcopolítica

David Saucedo expuso que uno de los dos grandes temas que deberá atender la próxima administración federal es el narco terrorismo.

Explicó que, debido a que en diferentes regiones del país hay una disputa entre organizaciones criminales por el control de territorios, son bastante frecuentes los actos que atentan contra la población civil, por ejemplo, ataques a establecimientos comerciales, plazas y centros comerciales, los cuales escalan a narco bloqueos, utilización de drones para atacar casas de civiles, ataques a edificios gubernamentales, desaparición forzada de personas y decenas de casos de desplazamiento forzado, incluso tumultuario.

Dijo que, si bien, el gobierno se resiste a llamar a todo ese tipo de actos narcoterrorismo, lo es, porque no hay duda de que se trata de sucesos que tienen la intención de infundir terror en la población

En su opinión, los delincuentes generalmente hacen eso para obligar a las autoridades a tomar postura, sobre todo, en zonas en donde hay una disputa por el territorio por parte de grupos delictivos, abundó.

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Por otra parte, consideró que el nuevo gobierno federal deberá implementar acciones para atajar la penetración del narcotráfico en los procesos electorales, ya sea, mediante financiamiento de candidatos, ataque y amedrentamiento a aspirantes o financiamiento a campañas políticas.

Recordó que durante los pasados procesos electorales, se detectó participación de la delincuencia organizada en este tipo de actividades, particularmente en Sinaloa, Michoacán, respaldando elites políticas.

Hay que redefinir cooperación con Estados Unidos

Asimismo, David Saucedo, destacó la importancia de que el gobierno de la presidenta, Sheinbaum renegocie con las autoridades de Estados Unidos los términos de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En ese sentido, expuso que, en los últimos años, la agenda de México en esa materia se ha reducido básicamente acatar las directrices de Washington, lo cual coloca al país en una situación muy delicada.

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En su opinión, tal como lo expresó el presidente López Obrador, la captura de Ismael “El Mayo” Zambada García, generó la escalada de violencia que se vive hoy en Sinaloa.

Las extradiciones lo que provocan en México es inestabilidad interna. Lo que hacen es generar episodios de violencia”.

A los estadounidenses les interesa mucho la captura de líderes criminales, cada que eso sucede, inmediatamente se desata una guerra sucesoria. “Los estadounidenses quieren que se combata la producción y tráfico de fentanilo en México, pero para eso se requieren recursos y ellos no lo aportan y nuestro país no lo tiene”, abundó.

Asimismo, recordó que es necesario llegar a un acuerdo con Estados Unidos que permita la reducción de la entrada a México de armas procedentes de esa nación.

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Atención a otras violencias

A su vez, Armando Vargas, expuso que el nuevo gobierno federal, debe contener otras violencias que afectan a la población.

Dijo que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha habido un incremento significativo en delitos como narcomenudeo y extorsiones.

Además, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, hay un incremento en la tasa de incidencia delictiva de crimen urbano, concretamente asaltos en la vía pública, extorsiones, amenazas, fraudes y otros que afectan la vida cotidiana de las personas.

Llamó la atención en que generar condiciones de seguridad en el país requiere la implementación de políticas diferenciadas, para desactivar la expansión del control territorial del crimen organizado, lo cual pasa por una reforma profunda en términos políticos, que permita desactivar la impunidad y la corrupción, reestablecer el Estado de derecho.

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En tanto, la atención de la criminalidad urbana requiere, sobre todo de policías eficientes, profesionalizadas a escala local, lo cual, en estos momentos escomplejo de tener, dada la reciente aprobación de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En su opinión, ese proceso que está en marcha en los congresos estatales, una vez aprobado por el Congreso de la Unión, reduce la expectativa de cambio, al menos en el corto y mediano plazo.

Me parece que lo que va a haber va a ser continuidad y, en todo caso, una profundización en la política de militarización”, porque ahora tenemos soldados más empoderados tanto en el ámbito político económico, al menos más que hace seis años.

Lo delicado es que tenemos militares con mayores incentivos para tratar de posicionar su propia agenda.

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Militarización, una falsa salida

Para la analista Paula Sofía, el proceso de militarización en México es una falsa salida temporal a un problema de seguridad pública que no hemos querido ni podido resolver de forma permanente.

Comentó que en 2006 la justificación a delegar tareas en el Ejército era resolver de manera temporal un problema porque las policías no eran confiables, porque no había instituciones de seguridad pública los suficientemente fuertes y este mismo discurso lo vimos repetido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para la analista, fue un parche que pasó a ser un asunto permanente, que trastocó la realidad en la vida cotidiana, lo cual parte de una negación: Negamos la gravedad de la problemática en materia de seguridad desde 2006; en 2018 negamos la debilidad del Estado y negamos que lo que necesitamos para fortalecer el Estado era mejores políticas públicas y mejor regulación y mucho financiamiento.

Además, también se están negando las pocas capacidades que tiene el ejército para cumplir con las tareas originales y las adicionales que se le han encomendado.

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Con información de El Economista

TR

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