Heriberto Juárez es uno de los más de 33 mil mexicanos deportados de Estados Unidos en esta nueva era de Donald Trump.

A Beto, como le dicen sus amigos, el sueño americano sólo le duró un año con ocho meses.

Cuando despertó, ya estaba otra vez en México, sin dinero y sin trabajo, únicamente con lo que traía puesto.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en los primeros 100 días de la administración Trump, fueron retornadas a nuestro país 38 mil 757 personas. 

“De las cuales: 33 mil 311 son mexicanas y cinco mil 446 son extranjeras”, dio a conocer en la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.

Para pagarle al pollero, Heriberto tuvo que pedir prestado 10 mil dólares, algo así como 200 mil pesos mexicanos.

Con ese dinero consiguió viajar desde el Pueblo de Nativitas, en la Alcaldía Xochimilco, hasta Atlanta, Georgia. 

“Desde la Ciudad de México contactamos a una persona a la que se le conoce como pollero. Cruzamos al otro lado por la ciudad de Reynosa Tamaulipas a través del Río Bravo”

La mitad del dinero lo pagamos cuando comenzamos el viaje y la otra mitad, ya cuando estábamos en Estados Unidos; el pollero se comunicó con mi familia para que entregaran el resto”, explicó.

Heriberto vivía con 12 connacionales hacinados en un pequeño departamento de dos recámaras en el condado de Gwinnett.

Todos los días se paraba temprano a buscar trabajo para juntar dinero para pagar sus deudas, enviar dinero a su esposa y sus dos hijos, y tratar de sobrevivir en Estados Unidos, hasta que las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo sorprendieron una mañana del mes de abril.

“Estábamos haciendo mantenimiento en una yarda, poniendo pasto y plantas; cuando nos dimos cuenta ya estábamos rodeados”, relató. 

Después de permanecer una semana en la cárcel, fue deportado a México por la garita de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Uno va por necesidad y regresa peor de lo que se fue, debiendo dinero y con un gran pesar; por muy valiente que te sientas, el corazón se te hace pequeño cuando te das cuenta de que no lo pudiste lograr”, comentó Heriberto Juárez.

Lazos de apoyo 

Ante esta dura realidad, desde el Congreso de la Ciudad de México, se aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a las 16 alcaldías a implementar acciones urgentes para proteger los derechos de los migrantes deportados.

La diputada local Judith Vanegas, integrante de la Comisión de Personas Migrantes originarias de la Ciudad de México, explicó que la idea es ofrecerles apoyo y financiamiento para que estén en posibilidad, por ejemplo, de comprar herramientas y emprender un negocio.

“Que puedan aplicar aquí todos los conocimientos que adquirieron en Estados Unidos, con impulso a proyectos productivos para emprendedores”, señaló. 

Indicó que se debe garantizar que los connacionales tengan un entorno favorable para su reinserción en la sociedad y el mercado laboral.

“La idea es que sean reintegrados principalmente en las alcaldías rurales y semirrurales de la capital del país, donde hacen falta manos para trabajar el campo”, manifestó. 

El Punto de Acuerdo presentado por la diputada Judith Vanegas contempla además la instalación de módulos móviles para regularizar su documentación oficial como la credencial del INE, CURP y RFC.

Otro aspecto importante, es que los connacionales tengan acompañamiento psicológico, para que puedan superar las secuelas después de pasar este trago amargo, así como campañas de sensibilización para prevenir actos de discriminación en las comunidades.

Con información de Excelsior.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acusó este jueves a varios jueces de favorecer a presuntos delincuentes, lo cual consideró “inaceptable”, pues aseguró que existe un “alarmante” número de determinaciones judiciales que han beneficiado a criminales.

“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial.

Harfuch destacó que debido a estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos definitivos, “lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”.

Además, se han dado 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.

Todo ello, afirmó, pese a que Prevención y Reinserción Social de la SSPC los consideró como “no viables” para estas medidas, por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

“Es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, dijo García Harfuch.

García Harfuch acusa a jueces de favorecer a presuntos delincuentes

Destacó el caso del líder de los Zetas, Miguel Ángel ‘N’, requerido por el Gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego, cuya extradición fue bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces.

Harfuch también señaló directamente al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, quien habría otorgado beneficios a Gerardo Pince Alanís, presunto operador del Cartel del Pacífico, y al ‘Contador’, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cartel del Golfo.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que, por las denuncias contra los candidatos a la próxima elección judicial, que presuntamente tendrían nexos con el narcotráfico, será el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal electoral los que tomen la decisión en última instancia, pero destacó que hasta ahora las denuncias se han hecho en redes sociales.

El mes pasado, Sheinbaum pidió al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos de la primera elección popular del Poder Judicial que tengan nexos con el narcotráfico, después de que el Senado reconoció que hay aspirantes con estos vínculos.

Además, la agrupación civil Defensorxs documentó 13 “candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades” en el sitio ‘Justicia en la mira’, donde resalta, entre otros, a Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán Loera.

Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, cuando un récord de 99.7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3,422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, con alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios. 

Con información de EFE.

Una boda entre dos menores de edad en la comunidad San Pedro Cuitlapa, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, en los límites de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, indignó en redes sociales.

El matrimonio entre los menores de edad ocurrió el pasado domingo, se celebró bajo un toldo, hubo música en vivo, una mesa con un pastel, muchos regalos y decenas de invitados, como suele ocurrir con otras bodas tradicionales.

El titular de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez, señaló para “El Sol de Acapulco” que la boda no fue un matrimonio civil y no se emitió ningún acta, por lo que no tuvo validez legal, es decir fue una boda “simbólica”.

Al respecto la bancada de Morena en el Congreso de Guerrero emitió un comunicado en el que condena la boda de los menores, y demanda a las instancias correspondientes abrir una investigación y sancionar a quienes resulten responsables.

“Desde el Congreso del Estado reiteramos que el matrimonio infantil en Guerrero está prohibido, así como cualquier tipo de cohabitación forzada entre menores de edad, por lo que exigimos que se hagan cumplir las leyes”, se lee en el comunicado.

Cabe mencionar que  en 2022, el Congreso local reformó el Código Penal Estatal para prohibir los matrimonios infantiles, estos, dice la reforma, no se deben realizar ni con el consentimiento del padre, madre o tutor de un menor de 18 años de edad. 

Apenas el 3 de abril, se incrementó la sanción: hasta 15 años de prisión a quién obligue a los menores a casarse. La sanción se agrava si quienes obliguen a los menores son familiares o si pertenecen a un pueblo originario o forman parte de la población afromexicana. 

Otros casos de matrimonio infantil en Guerrero

El 15 de abril una adolescente de 16 años salió huyendo de la comunidad Ñuu savi de San Antonio, en Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero. Lo hizo después de tres días de encarcelamiento.
El 12 de abril, la menor fue encerrada en la cárcel del pueblo porque ni ella ni su madre tuvieron en la mano los 700 mil pesos que la familia de su pareja exigía que le devolviera porque fue lo que pagaron por la “dote” hace dos años.

Todo comenzó cuando su pareja pidió a la Policía Comunitaria de su pueblo que la detuviera. El hombre dijo que “descubrió” en el celular de la menor fotografías de su exnovio. Los policías comunitarios la detuvieron y también a Samuel, el exnovio. 

El hombre le pidió el favor a su tío, Lorenzo Moreno Ventura, el presidente del Consejo de Justicia y Certeza de los Pueblos Originarios.

La menor fue liberada tres días después, luego de que el padre de Samuel y su madre se comprometieron a pagar los 700 mil pesos. El padre pagará 250 mil y la madre el resto, 450 mil

Después de la firma del trato, la menor salió huyendo de su pueblo, se desterró y, de no cumplirse con el pago, quien ahora podría ser detenida sería su madre.

La familia de su pareja exigió el pago de los 700 mil pesos pese a que, durante los dos últimos dos años, la menor fue sometida a trabajos sin pago, trabajó de jornalera en Sinaloa y todo su salario se lo quitaron los padres de la pareja con el pretexto de que tenía que recuperar algo de lo que pagaron por la dote. 

La menor ahora está recluida en un albergue de menores en Chilpancingo. 

Los matrimonios forzados son en comunidades de la Montaña y Costa Chica donde se concentran los pueblos originarios. 

Esto ocurre en Acapulco también. 

El 24 de febrero en las redes sociales, se supo del “arreglo matrimonial” entre Gael, un niño de 14 años y Celia de 15, en la comunidad de Huamuchitos, ubicada en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Acapulco. 

El “arreglo matrimonial” fue transmitido en Facebook y anunciado como si se tratara de un baile. Como en San Pedro Cuitlapan. En las imágenes se ve un ambiente festivo, como si no se tratara de un matrimonio de menores.

Con información de El Informador.