Prisioneros en las cárceles del país, a pesar de no haber cometido delito alguno, viven 172 niñas y niños. Sus edades no rebasan los tres años, pero ya saben lo que es estar en una celda, porque ahí están siendo criados por sus madres.

Estados con más infancia prisionera

Con un total de 23 menores, Tamaulipas es el estado donde más infantes viven entre rejas. Reynosa, su ciudad más violenta, alberga un Centro de Ejecución de Sanciones donde nueve mujeres son acompañadas por 11 hijos, mientras esperan su proceso penal o el cumplimiento de su condena.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 documenta esta convivencia, el cual indica que:

• En Victoria, la capital del estado, hay siete niñas y niños.
• En Altamira, tres menores.
• En Matamoros, dos. 

En estos centros son cuidados por 12 internas que les dieron la vida.

La presencia de esta niñez cautiva destaca, ya que ningún otro estado tiene tantos menores en sus reclusorios. Según el documento elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la entidad que más se acerca a Tamaulipas en esta estadística es Jalisco, donde en un reclusorio femenil residen 20 infantes.

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​La mayoría de los centros penitenciarios considerados por la CNDH para este análisis son femeniles, aunque también figuran algunos mixtos, como ocurre en Tamaulipas, que carece de instalaciones exclusivas para mujeres.

• El tercer estado con más infancia prisionera es Hidalgo, con 13 menores.
• Seguido por Guerrero con 12.
• Michoacán y Tabasco, con 11.
• Quintana Roo y Chihuahua, con diez.
• Oaxaca, con ocho.
• Durango y Morelos, con seis, entre los primeros con mayor número.

¿Cuánto tiempo pueden estar los menores en la cárcel?

A nivel nacional, son 169 mujeres que, privadas de su libertad, ejercen también su función de madres, sabiendo que la alegría de tener consigo a sus hijos un día se convertirá en llanto. 

La ley sólo les permite permanecer en prisión hasta que cumplan tres años; una vez alcanzada esa edad, deben ser entregados a un familiar que se haga cargo de ellos.

Autoridades penitenciarias afirman que los menores son trasladados a esa edad para que puedan recibir la educación necesaria. 

Mientras tanto, durante su estancia en la cárcel, se les cuida y atiende como a cualquier niño, donde incluso reciben su esquema de vacunación y atención médica.

La separación es el momento más duro

Para afrontarlo, se brinda terapia psicológica a la madre, y al menor se le comienza a alejar poco a poco de ella.

Entre las internas que aún no reciben sentencia, muchas albergan la esperanza de ser declaradas inocentes y recuperar su libertad, para así hacer una vida normal con sus hijos.

Llegaron acusadas de todo tipo de delitos: historias distintas, decisiones posiblemente mal tomadas, minutos o segundos que les cambiaron la vida.

El desarrollo integral y bienestar de sus hijos se ve afectado, por lo que en la Cámara de Diputados se propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que reciban la atención adecuada y puedan crecer en un entorno digno.

Lo anterior, porque la separación forzada de sus madres al cumplir la edad límite de tres años puede generar impactos emocionales graves, tanto en los niños como en las mujeres privadas de la libertad.

Diputada propone reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Además, los menores son estigmatizados y rechazados en sus comunidades, lo que los lleva a sufrir exclusión social.

“Esto afecta su autoestima y repercute a largo plazo en su estabilidad emocional”, afirmó la diputada federal Ofelia Socorro Jasso Nieto.

La legisladora propuso una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10, 23 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de infantes que viven con sus madres en reclusión. 

Esta situación, subrayó, representa un desafío importante para el sistema de justicia en México.

“Los centros penitenciarios no están diseñados para garantizar su estancia; carecen de espacios educativos y recreativos adecuados para el desarrollo infantil, lo que afecta su crecimiento físico, cognitivo y emocional”, apuntó en su exposición de motivos.

Añadió que los menores suelen tener acceso limitado a programas de estimulación temprana y educación inicial, lo cual impacta directamente en su desarrollo. 

“Existen casos documentados donde los niños que salen de prisión desconocen conceptos básicos, y esto refleja las carencias educativas y sensoriales que viven”, afirmó.

Señaló que hay infantes que, al salir al mundo exterior y ver por primera vez un automóvil en movimiento o al interactuar con animales comunes como perros o gatos, manifiestan sentir mucho miedo.

La Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce los derechos de las mujeres privadas de la libertad en relación con sus hijos menores de edad, permitiendo que permanezcan con ellas en los centros penitenciarios hasta los tres años.

La diputada sostuvo que esto representa también un gran desafío, debido a la falta de recursos para costear las necesidades básicas de los niños en prisión. 

Además, aseguró que la disponibilidad presupuestal es dispar entre los estados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las decisiones sobre la custodia de los menores deben basarse en una evaluación caso por caso, considerando siempre su integridad.

“El Estado mexicano tiene compromisos internacionales que debe cumplir en relación con los derechos de los menores en situación de reclusión. Las Reglas de Bangkok y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) establecen que los países deben garantizar condiciones adecuadas”, agregó Jasso Nieto.

¿Qué propone la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes?

Por todo lo anterior, propuso establecer salidas periódicas que les permitan conocer el mundo exterior, como visitas a parques, museos y espacios culturales. 

“Esto contribuiría a su desarrollo integral y reduciría el impacto negativo del aislamiento penitenciario”, indicó.

Asimismo, se busca la creación de protocolos para la separación gradual de los menores y sus madres. 

“Estos protocolos deben incluir el acompañamiento de profesionales en psicología y trabajo social que minimicen los impactos emocionales de la separación”, señaló.

Finalmente, la legisladora considera importante implementar programas de seguimiento que garanticen que los infantes reciban el apoyo necesario una vez que dejan el entorno penitenciario y se integren en un ambiente familiar o social que les ofrezca seguridad y estabilidad.

La propuesta fue presentada el miércoles 23 de abril, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Con información de Milenio.

CAC