La absolución de un joven rico por violar a una menor reabre las heridas de un caso que ha sacudido a la sociedad en el último año

Diego Cruz Alonso no llevaba la camisa puesta cuando salió del Mercedes negro recién estrenado pero la clave del caso fue durante mucho tiempo si ella llevaba minifalda. En un lugar exclusivo del Puerto de Veracruz (México), cuatro jóvenes, hijos de familias adineradas e influyentes, salieron de fiesta y decidieron que el remate de la noche podría ser Daphne Fernández, que en ese momento tenía 17 años. La subieron al coche y en la parte trasera abusaron de ella, según los testimonios de la víctima. Al llegar a una casa, el cabecilla del grupo la violó. Todavía los miembros de la pandilla no se apodaban Los Porkys. La absolución de uno de ellos esta semana ha reabierto las heridas de uno de los casos que más ha irritado a México en los últimos años.

Todo ocurrió en enero de 2015 pero la denuncia estuvo un año enterrada en la Fiscalía estatal. Los acusados seguían libres, ni una sola orden de detención en su contra. Hasta que llegó un momento en el que, como si una violación hubiera colmado la paciencia ante la impunidad de los más poderosos, la sociedad estalló. Un suceso local se convirtió en una batalla nacional por la justicia. Y la presión de la opinión pública sobre las instituciones ha sido el motor de acción fundamental para un caso destinado al olvido.

Hace exactamente un año, el padre de la víctima, Javier Fernández, filtró una serie de vídeos en los que los presuntos agresores confesaban su responsabilidad en lo ocurrido. Las imágenes se extendieron como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación mexicanos. Ante el escándalo, el caso se reabrió. Aunque no fue suficiente: unos días más tarde, al menos dos de ellos pudieron huir del país, ya que no existía todavía una orden de detención en su contra. El hecho de que dos acusados de pederastia —un delito sancionado con hasta 30 años de prisión— hubieran podido cruzar las fronteras sin ningún impedimento disparó la indignación, hasta tal punto, que el Gobierno federal tuvo que tomar las riendas y pedir a la Interpol que los capturara.

El primero en caer fue Enrique Capitaine, cabecilla del grupo e hijo de un exalcalde de Nautla (al norte de Veracruz), una zona conocida por el trasiego de droga hacia el norte del país, Tamaulipas. Fue detenido en mayo del año pasado. Daphne lo señaló desde el principio como el que conducía el Mercedes y el que la llevó a su casa para violarla en el baño.

La Interpol detuvo al segundo en Madrid en junio del año pasado. Diego Cruz, vivía en una lujosa residencia de estudiantes del centro de la capital, donde las habitaciones cuestan entre 650 euros al mes hasta casi 800. La noche de su captura salía de fiesta con unos amigos e intentó mentir sobre su identidad. Después de meses de batallas legales en España para intentar frenar su extradición, la Audiencia Nacional decretó que fuera entregado a México. Ahora la misma Justicia que pidió su captura, ha permitido su absolución esta semana en México, aunque no es definitiva.

Según el testimonio de Daphne, Cruz, junto a su amigo Jorge Cotaita, le “tocó los senos, le metía sus mano debajo de la falda y le introdujo sus dedos por debajo del calzón y se los introdujo en la vagina”. Pese a ello, en una sentencia que ha desatado una oleada de críticas, el magistrado consideró que Cruz no tenía ninguna intención de “copular” porque él no se lo dijo directamente a la víctima. De manera que anula el delito de abuso sexual y por tanto pide su liberación inmediata.

Una jueza federal, que prefiere no dar su nombre, explica a este diario que el magistrado usó una jurisprudencia antigua, sin tener en cuenta el Tratado de Belém do Pará, al que México está suscrito y que exige una perspectiva de género. Además, la magistrada añade que el juez se equivoca al señalar el componente “lascivo”, cuando este no está recogido en el delito de pederastia. Y, debido “probablemente a una mentalidad machista, él entra a valorar si ella pudo haber huido de sus agresores, cuando eso ocurrió en un momento posterior al que se refiere el delito”.

El caso de los Porkys ha resucitado esta semana con esta última sentencia. De nuevo, la presión social ha acelerado la maquinaria institucional para frenar lo que parecía una puesta en libertad de uno de los presuntos agresores. El órgano de control de los jueces ha cesado al magistrado de su cargo para investigar si cometió algún tipo de irregularidad, como, por ejemplo, corrupción.

De los cuatro jóvenes implicados en la violación, sólo dos están en manos de las autoridades. Uno de ellos, el que iba con Cruz en la parte de atrás del coche, está prófugo. Y el último, Gerardo Rodríguez, logró librarse desde el principio con un amparo. La lucha contra la impunidad de los más poderosos la libra la opinión pública fuera de los tribunales.

Mientras que en España se produce una violación cada ocho horas, en México durante el mismo tiempo se perpetran 16. Y eso teniendo en cuenta que solo una de cada 10 se denuncia, según estimaciones oficiales. De Veracruz, el propio fiscal ha dicho que se trata de “la fosa más grande de México”, donde hay enterradas al menos 250 personas que aún no han sido identificadas. Una tierra donde su exgobernador, Javier Duarte, se encuentra prófugo y está considerado el político más corrupto de la historia del país, al menos, desde que se tienen registros. Nada hacía pensar que el abuso sexual de una menor de edad iba a poner patas arriba a todo un entramado institucional aparentemente diseñado para proteger a los amigos. La violación a Daphne Fernández ha evidenciado el tamaño de sus propias grietas.

EL ORIGEN DEL MOTE DE LA BANDA
Los Porkys, hijos de familias adineradas en Veracruz, que se paseaban exhibiendo su poder por las zonas más exclusivas de la entidad como auténticos mirreyes, fueron bautizados con el mote por su parecido con aquellos Porkys de Xalapa que marcaron el imaginario colectivo de los veracruzanos en los años noventa y principios de los 2000. Todos juniors o mirreyes, chicos de familias poderosas e influyentes de la región, hijos de empresarios y políticos, fueron señalados por la comisión de un crimen y exonerados después de las consecuencias penales. Aquellos mataron a un joven a golpes y, como los actuales, pese a estar implicados en el caso, lograron sortear la Justicia y cruzar las fronteras.(El País)