Es paradójico que la violencia contra la comunidad LGBTTI haya aumentado en la medida que han avanzado en materia de derechos y de aceptación social.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El domingo 12 de junio, mientras se reconstruían los detalles de la matanza de medio centenar de personas en el bar lésbico-gay Pulse, el semanario Desde la Fe, elaborado por el vocero del cardenal Norberto Rivera, volvió a insistir en su cruzada en contra de la iniciativa de reforma constitucional para permitir el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo.

“Hay un intervencionismo extranjero de poderosos lobbys auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas que financian esta perversión de los valores familiares”, subrayó Desde la Fe.

Es tal la ignorancia que pretende inducir la Arquidiócesis de México que no responde a una pregunta elemental:

¿Entiende acaso que la posición de la ONU es resultado de una política de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha quitado a la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo y a los transgéneros del catálogo de “enfermedades” desde hace más de dos décadas?

Seguro lo entiende, pero no le conviene señalarlo a la Arquidiócesis de México porque desde el 8 de junio, tres días después de la derrota electoral del PRI en siete entidades, un bloque de ocho iglesias encabezadas por la católica, la evangélica, los mormones y la ortodoxa griega, integrantes del Consejo Ecuménico de México decidieron emprender una ofensiva en contra de los matrimonios gay (El Universal, 9 de junio 2016, p. 1).

Los matrimonios entre personas del mismo sexo quedaron permitidos por la Suprema Corte de Justicia desde que se estableció la jurisprudencia 4320/15, el año pasado, en la que se señala como “discriminatorio” y “anticonstitucional” prohibir los matrimonios lésbico-gays.

Estos son los términos que la cruzada moral y política de las iglesias y sus jerarcas más arcaicos no quieren admitir: su posición podrá ser muy apegada a su fe religiosa y a su idea de un “matrimonio natural”, pero en México vivimos en un Estado laico y la Constitución en su artículo 4 establece como “discriminatorio” prohibir, estigmatizar, menospreciar los matrimonios del mismo sexo.

De aquí la iniciativa de reforma constitucional presentada por Enrique Peña Nieto el 17 de mayo pasado en Los Pinos, en el marco del Día Nacional contra la Homofobia.

Los obispos y jerarcas de distintas religiones esperaron la derrota electoral del PRI en siete entidades para salir del clóset y emprender abiertamente una cruzada antimatrimonio gay.

Oportunistas, varios obispos quisieron llevar agua para su molino: la gente no votó por el PRI por esa iniciativa de ley. Algo que ni siquiera se ha podido confirmar estadísticamente y menos en las encuestas.

El gobernador electo panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se montó en esta ola y calificó como “un regalito del cielo” la iniciativa de Peña Nieto.

Desde el 17 de mayo, Peña Nieto no ha vuelto a mencionar su propia iniciativa. Como si prefiriera que se diluyera. Ni las organizaciones ciudadanas que acudieron a Los Pinos le han reclamado al primer mandatario o al secretario de Gobernación su reacción tan tibia ante la cruzada moral y mediática de los jerarcas.

Hasta ahora, Lol Kin, recién electa asambleísta constituyente de la Ciudad de México por el PRD, le reclamó a la Secretaría de Gobernación que sancione a los obispos José María de la Torre, Carlos Briseño, Luis Felipe Gallardo y Ramón Gallardo por “alentar el odio, el encono y la división social”.

La homofobia conduce a crímenes de odio

Lo ocurrido en Orlando, Florida, coloca esta discusión en otras dimensiones. Estamos ante una emergencia civil para frenar los reiterados discursos de odio. En México tenemos una nueva oleada de ese discurso, aunque los jerarcas religiosos lo nieguen.

El discurso de odio tiene como objetivo promover el estigma y alimentar un dogma con connotaciones discriminatorias. Lo mismo puede ser sobre la superioridad del varón sobre la mujer, la supremacía racial o definir qué es “natural” o “antinatural” en materia civil y de matrimonios.

El incontinente obispo de Culiacán, Jonás Guerrero, quiso ser chistoso y resultó grotesco:

“Hace poco el presidente de México se declaró a favor del matrimonio gay, y a pesar de que varios lo aplaudieron hay quienes arquean las cejas a su nueva postura y hasta ponen en entredicho su orientación sexual. ¿No será que anda buscando un Gavioto en vez de una Gaviota?”.

No sólo los obispos se han desatado en su homofobia pública. También el Frente Nacional por la Familia, una organización que aglutina a ConFamilia, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y Red Familia, que han recibido apoyo de organizaciones nacionales e internacionales como Citizen Go, Hazte Oír, ¡Dilo Bien! y México es uno por los Niños.

Son los organismos que se movilizan cada vez que hay iniciativas de ley para despenalizar el aborto, o para avanzar en los temas de los derechos sexuales y reproductivos.

Para ellos no se trata de derechos sino de dogmas. Su religión, muy respetable, no les permite entender que un discurso prejuicioso alienta el odio y, por lo tanto, los crímenes de odio.

A pesar del avance de la cultura de tolerancia hacia las parejas del mismo sexo, entre 1995 y 2015 en México se han registrado mil 310 crímenes de odio por homofobia en 29 entidades del país. La Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, que elaboró este informe a partir de recortes periodísticos, calcula que la cifra real puede ser tres veces mayor.

La mayoría de los asesinatos se perpetraron contra hombres (1,021) y en el caso de los trans se han documentado 265 casos. La menor parte ocurrió contra lesbianas: 24 casos.

La Ciudad de México encabeza el mayor número de casos consignados en la prensa, con 193, seguida por el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y Jalisco.

Es paradójico que la violencia contra la comunidad LGBTTI haya aumentado en la medida que han avanzado en materia de derechos y de aceptación social.

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), hasta 2010 en México había 172 mil 433 familias formadas por parejas del mismo sexo (la minoría estaban casadas). El 54% de estas familias está formado por mujeres y el 46% por varones.

En la Ciudad de México, a raíz de la aprobación de los matrimonios lésbico-gays, se han casado hasta el 6 de mayo de este año 3 mil 886 parejas de hombres y 3mil 273 parejas de mujeres. En el resto de las entidades se han realizado 7 mil 765 matrimonios.

Estas son las cifras que le quitan poder económico e influencia política y cultural a las iglesias. Por eso, en la retirada paulatina de las creencias religiosas hacia el ámbito de lo privado, los obispos y sacerdotes mexicanos están alentado no una cruzada moral, sino una Santa Homofobia que conduce a extremismos como los que observamos en Orlando, Florida.

Con información de Proceso