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México

Los sobrevivientes de Ayotzinapa 10 años después de la tragedia

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que cumple diez años, sigue causando dolor entre sus familiares y compañeros, quienes aún claman justicia. Esta es la historia de los sobrevivientes que, aunque escaparon de ese fatídico destino, llevan consigo las cicatrices de aquella noche.

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Guerrilleros, revoltosos, infiltrados: son palabras que han resonado en el imaginario colectivo para denostar la lucha de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Un estigma que cayó sobre los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y sobre quienes sobrevivieron a esa noche.

Diez años después de la tragedia, el eco de la impunidad resuena más fuerte que nunca. A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo calificó como un crimen de Estado, el caso sigue impune, dejando a las familias y a los compañeros de los desaparecidos sin respuestas y sin saber qué pasó con ellos.

En este contexto de incertidumbre, la voz de los sobrevivientes que lograron escapar de ese fatídico destino cobra un significado profundo. En Quinto Poder, te presentamos cinco testimonios de los 21 sobrevivientes que han encontrado en la memoria de sus compañeros un impulso para seguir adelante. Para ellos, la lucha no es solo por la verdad, sino por mantener viva la memoria de quienes hoy ya no están.

  • Édgar Andrés Vargas

La historia de Édgar es quizá una de las más duras. Aunque no murió la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, ha vivido un calvario desde que una bala le destruyó el paladar, los dientes y los labios. 

Ocho cirugías, una reconstrucción maxilar usando huesos de su pierna, injertos de piel extraída de diversas partes del cuerpo, implantes dentales, una traqueotomía. Dos años sin comer, alimentándose con licuados por medio de una sonda, reaprender a hablar, curaciones dolorosas, cientos de citas médicas y muchas cicatrices. 

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En diferentes ocasiones, Édgar ha narrado que  no estaba en Iguala cuando comenzaron los ataques. Llegó en un grupo que acudió para auxiliar a sus compañeros después de que estos pidieran ayuda, pero una bala le perforó el rostro. El efecto fue devastador, agravado aún más porque esa noche los militares lo retuvieron dentro de la Clínica Cristina y no le permitieron recibir atención médica, lo que influyó años más tarde en su recuperación. 

“Fue un proceso muy largo; no podía hablar ni respirar por la nariz, ya que perdí todo el maxilar superior, e incluso no podía caminar. Pero siempre conté con el apoyo de mi familia y de mis compañeros de la normal, que constantemente iban a visitarme”, relató en 2018 durante una charla en la Universidad Iberoamericana.

Mientras recibía diversos tratamientos médicos, Édgar se tituló de maestro normalista. Después completó una Maestría en Pedagogía y empezó la carrera de Abogacía, aunque no pudo seguirla. Desde hace tres años se convirtió en docente de primaria

Lo describen como un maestro paciente y sus alumnos lo respetan aún cuando son de sexto grado, los más rebeldes. Tan inteligente como responsable, su carrera profesional no le ha costado. Su lucha es más bien personal, porque aunque han pasado 10 años siente que no ha vuelto a ser quien era. 

  • Aldo Gutiérrez Solano

Hace 10 años, Aldo Gutiérrez Solano recibió una bala en la cabeza que le dañó el 65% de su cerebro, manteniéndola en coma durante años, varios de ellos en el hospital. 

La noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, Aldo fue alcanzado por los disparos cuando la policía baleó el autobús en el que él y otros estudiantes viajaban aquella noche de 2014. 

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Aunque logró salvar su vida, sus padres han asumido el cuidado constante que requiere, con asistencia las 24 horas del día. En febrero de 2021, Aldo enfermó de COVID-19 y estuvo nuevamente al borde de la muerte.

Actualmente, el joven continúa en estado de coma, mientras sus padres y sus 13 hermanos se mantienen  a su lado, midiendo su recuperación según sus sonidos y micromovimientos involuntarios. 

“El sufrimiento es muy grande (…) Todavía no entendemos cómo nos sucedió esto, por qué le pasó esto a nuestra familia. ¿Cómo es que podemos tener un gobierno que le dispara a sus propios ciudadanos?”, expresó su hermano Leonel de 37 años, a El País. 

Los médicos consideran sorprendente que haya sobrevivido todo este tiempo; sin embargo creen que las posibilidades de que se recupere de este coma son mínimas. 

  • Manuel Vázquez Arellano

Apenas desaparecieron y mataron a sus compañeros durante la infame “Noche de Iguala” y Manuel Vázquez, también conocido como Omar García, un nombre falso que asumió por seguridad; se convirtió en la cara más visible del movimiento después de la masacre, probablemente por su facilidad de palabra y temple. 

Unas semanas después de los ataques, Manuel encabezaba uno de los mítines que exigía justicia en Zócalo de la Ciudad de México; ahora, en septiembre de 2024, asumió su segundo cargo como diputado federal por el partido oficialista de Morena. 

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Aunque ha sido duramente criticado por sumarse a la clase política que antes tanto cuestionaba, dice que intenta cambiar las cosas desde dentro. “A los 70 o 71 años voy a seguir hablando de Ayotzinapa. Eso, por mucho que quieran prohibírmelo unos y otros, no lo voy a dejar de hacer”. 

Manuel nació y creció en un pueblo de 100 habitantes. Es hijo de campesinos; eran 13 hermanos aunque la mayoría ya murieron, uno asesinado por el narcotráfico, y los demás emigraron a Estados Unidos. Abandonó la carrera de maestro; con beca por buen promedio se tituló como abogado en una universidad privada y reconocida, el Claustro de Sor Juana, y después, en 2021, entró a la política partidaria.

En tres años no ha logrado tanto como quisiera, aunque presentó varias iniciativas de ley, solo le han aprobado una. Consiguió que el crimen de Iguala se incluya en los libros de texto gratuitos que se utilizan en las escuelas públicas, aunque en una versión más resumida que la que él propuso. No le conforma lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a punto de terminar su mandato, ha hecho respecto del caso Ayotzinapa.

“Respeto mucho al presidente pero también ha tenido que valerse del Ejército Mexicano para hacer un chingo de cosas; entonces eso le impide ir con una política más fuerte contra el ejército, tiene que negociar. Entiendo esa posición en la cual se encuentra, la entiendo, pero no la apoyaría porque está de por medio la justicia que necesitan tanto nuestros compañeros como muchas otras víctimas”.

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  • Eduardo García Maganda

“Nosotros fuimos los primeros en decir: ´No, miren, fueron policías uniformados quienes se llevaron a los compañeros. Si no hubiéramos hablado, este caso sería uno de tantos´”, recuerda Maggie, como lo apodaron. 

En 2015, sus ojeras se hacían cada vez más profundas. Parecía enfermo, y lo estaba, pero eso no lo detuvo. Continuó encabezando protestas, pronunciando discursos lúcidos y siendo el más empático con el movimiento de los familiares de los 43 desaparecidos.

Su sueño se interrumpió para siempre, la noche del 26 de septiembre de 2014.  Tal vez porque quedó en medio de los disparos y fue testigo de cómo los policías reducían al suelo a sus compañeros para llevárselos, hasta hoy, desaparecidos. 

Quizás fue por haber declarado en la comisaría local frente a los mismos perpetradores. O tal vez porque le tocó reconocer el cuerpo torturado de su amigo Julio César Mondragón Fontes en la morgue. Aquellos días marcaron su vida para siempre. 

Durante 2015, cuando fue Secretario General del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, cargó con el peso del movimiento. Era la máxima autoridad entre los normalistas, la voz que más se escuchaba. Hoy, su vida parece haber tomado otro rumbo, como Coordinador de Investigación Educativa en el estado de Guerrero, dirige una oficina con 30 personas a su cargo. 

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Capacita a docentes, los motiva a investigar y edita una revista especializada. Sin embargo, su compromiso con el caso Ayotzinapa no ha terminado. Eduardo ha sido el sobreviviente que más ha declarado: seis veces ya, incluyendo reconstrucciones en el terreno y enfrentamientos directos con los agentes de seguridad implicados.

Las ojeras de 2015 ya no están, pero su cabello ha encanecido. En su mirada persiste una tristeza inocultable, resumida en una frase que repite con amargura: “Lo ocurrido en Iguala truncó mi proyecto de vida.” Más frustrante aún es saber que, pese a todos los sacrificios y esfuerzos de tantas personas, el caso sigue sin resolverse.

  • Luis Uriel Gómez 

“Si yo hubiera estado involucrado en el crimen organizado, como nos acusaban, ya tuviera carro del año, casa, pero no, qué chingaos, al contrario, andamos yendo a trabajar de peón”. Además de amenazarlo, a Luis Uriel intentaron comprarlo. 

En los meses posteriores a la masacre, personas desconocidas llegaron a su casa a ofrecerle un auto, una casa, dinero a cambio de su silencio, pero no aceptó, y continuó denunciando lo sucedido. 

A pesar de que logró titularse como maestro, nunca consiguió un empleo estable en una escuela primaria. Ante la falta de oportunidades, regresó a su pueblo en las cálidas montañas de la Costa Chica para estar cerca de su esposa y sus tres hijos.

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Hoy, trabaja como jornalero en el campo, donde la paga no ha cambiado en más de una década:200 pesos al día (unos diez dólares). También colabora de vez en cuando en el equipo de su amigo, el diputado Manuel Vázquez Arellano, lo que le permite mantener modestamente a su familia.

Güicho, como le dicen sus amigos, admite que no está bien. Sigue teniendo pesadillas que lo regresan a la noche del 26 de septiembre y en su comunidad se siente a salvo, pero afuera en peligro, porque los responsables siguen impunes. 

“Si me voy y no hablo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Me vi obligado a hacerlo para dar a conocer los hechos que nos pasaron esa noche. Y porque a mí mismo me había prometido y jurado que iba a hacer hasta lo imposible con tal de que se diera la verdad y que se hiciera justicia para mis compañeros”.

Reportaje de Quinto Poder.

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México

El Salvador confirma la muerte de dos de sus ciudadanos por el Ejército mexicano

Las víctimas son parte del grupo de migrantes que fueron atacados por soldados mexicanos en Villa Comaltitlán, Chiapas

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El Gobierno de El Salvador confirmó que dos de los seis migrantes asesinados en Villa Comaltitlán, Chiapas, por elementos del Ejército mexicano eran de origen salvadoreño.

A través de un comunicado, la Cancillería salvadoreña confirmó la identidad de las víctimas: un hombre de 57 años y un adolescente de 17 años, quienes habían salido de las comunidades de San Vicente y La Libertad, respectivamente.

Las autoridades salvadoreñas solicitaron al Gobierno de México una investigación exhaustiva sobre los hechos, esperando un pronto esclarecimiento de esta tragedia que ha conmocionado a la comunidad migrante y a las familias de las víctimas.

En su comunicado, el Gobierno de El Salvador expresó su consternación por la pérdida de vidas humanas y reafirmó su compromiso de velar por los derechos de sus ciudadanos en el exterior.

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A través de su embajada en México, el país centroamericano ha mantenido contacto con las autoridades mexicanas para obtener información oficial y asegurarse de que se sigan los protocolos internacionales de derechos humanos en la investigación.

El gobierno salvadoreño señaló la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas para proteger a los migrantes, quienes con frecuencia se enfrentan a condiciones extremadamente peligrosas en su travesía.

En respuesta a lo ocurrido, la Cancillería salvadoreña ofreció sus más profundas condolencias a las familias de los fallecidos, a quienes también brinda atención consular. Las autoridades han dispuesto apoyo y acompañamiento a los familiares, en línea con los protocolos establecidos para estos casos.

El Gobierno salvadoreño reiteró su exigencia de justicia y pidió a las autoridades mexicanas esclarecer el suceso. La investigación continúa, y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el incidente que costó la vida a los migrantes.

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Finalmente, el gobierno salvadoreño reiteró su disposición para cooperar con las autoridades mexicanas en el seguimiento del caso, buscando justicia para las víctimas y sus familias.

Cabe recordar que, el pasado 1 de octubre, el ejército interceptó a un grupo de migrantes, confundiéndolos con grupos del crimen organizado, y dispararon en su contra, provocando la muerte de seis extranjeros que viajaban de manera irregular.

Con información de El Sol de México.

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Política

Patricia Aguayo: Incongruente decisión del CJF de no acatar suspensiones

La vocera de los trabajadores del PJF, sostuvo que la Judicatura debe apoyar a sus juzgadores porque para eso los formó y autorizó sus nombramientos.

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) calificaron de incongruente la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de entregar la información que solicitó el Senado de la República para la emisión de la convocatoria para la elección de los juzgadores.

En entrevista en el marco de la protesta que realizaron en la sede del Consejo Coordinador Empresarial, Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores, sostuvo que la Judicatura debe apoyar a sus juzgadores porque para eso los formó y autorizó sus nombramientos.

“Hoy es incongruente que hayan fallado en el sentido que lo hicieron. Por eso, el pronunciamiento de la JUFED tiene pleno sustento y respaldo, inclusive también por nosotros, por la base trabajadora. Porque fue lo primero que le pedimos al Consejo, que respetara las suspensiones, ya que otras autoridades no lo están haciendo, que el propio Consejo lo hiciera, porque somos un poder único y autónomo hasta este momento. En esa medida, debieron actuar de manera congruente, y, además, respetar esas suspensiones, porque las otorgaron juzgadores federales. Es una incongruencia que hayan votado de esa manera”.

A decir de la también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo, la decisión del CJF sienta un mal precedente, debido a que si ellos no respetan las resoluciones de los juzgadores, nadie lo hará.

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Respecto a la advertencia que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de que no va a recibir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Aguayo Bernal advirtió que los trabajadores buscan reunirse con la titular del Ejecutivo federal y no con intermediarios.

“Estamos pidiéndole acercamiento a ella para que nos escuche, para que tenga una muestra de sensibilidad y sobre todo para que entienda que esta reforma, a quien va a afectar primero, va a ser a ella y a su gobierno. Quizá también, de segunda intención, a los trabajadores del Poder Judicial, a los juzgadores evidentemente. Y por eso queremos acercamiento con ella, no a través de intermediarios, porque inclusive si los legisladores nos están recibiendo, si los representantes del Poder Legislativo nos están recibiendo, ¿por qué no nos va a recibir ella, que es la titular del Ejecutivo Federal? Es a quien le estamos pidiendo audiencia”.

Ante este panorama, Patricia Aguayo sostuvo que aún hay esperanza en la SCJN, donde hay ocho ministros que están comprometidos con el Poder Judicial de la Federación, con los trabajadores, pero sobre todo con México.

Con información de MVS Noticias

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TR

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México

Reportan nuevo desplazamiento forzado masivo por violencia en la Sierra de Nayarit

La disputa por el territorio entre grupos delictivos de Jalisco y Sinaloa en la Sierra de Nayarit, ha obligado desde hace varios meses, a familias enteras a desplazarse de sus lugares de origen debido a la violencia.

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Desde hace varios meses, en la sierra de Huajicori, en Nayarit, sí ha reportado una serie de desplazamientos forzados masivos de personas, principalmente del pueblo o’dam, a partir de la violencia generada por la disputa del territorio entre los carteles de Jalisco y de Sinaloa.

En los últimos días, 57 familias desplazadas llegaron a la cabecera municipal en busca de seguridad, y se sumaron a otras que permanecen en el lugar desde julio pasado.

Elisa Aragón, activista local, señaló para Aristegui Noticias que las familias desplazadas provienen de las comunidades, Santa María de Picachos y El Riíto,  y que algunas llegaron a pie desde sus comunidades.

“Han estado dejando sus hogares, sus animalitos, sus mascotas, sus siembras, todo por buscar un lugar seguro donde estar en lo que se soluciona el tema de inseguridad que se vive en las zonas serranas”.

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A mediados de septiembre, se reportó el hallazgo de 11 cuerpos sin vida en un campamento de presuntos delincuentes,  en la zona conocida como Las Antenas; y en redes sociales circularon videos en los que presuntos criminales referían el reclutamiento de personas entre la población.

La Sedena ha dado a conocer algunos decomisos de armas y equipo táctico en la zona, pero la violencia armada continua en contra de la población.

Eliza Aragón forma parte del grupo de ciudadanía que se organizó desde que las primeras personas llegaron a la cabecera y además de ofrecerles alimento, también les ayudan a conseguir espacios donde refugiarse.

Hasta el momento, igual que los desplazados de los meses anteriores, los pasillos de la presidencia y la plaza municipal se convirtieron en la zona de hospedaje improvisado.

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“Están muchos, todavía no tienen un espacio donde pasar la noche. Algunos están improvisando, o con sus familiares, con sus conocidos, con sus amigos”, apuntó Aragón.

A partir de esto, la activista señaló que de nueva cuenta están solicitando apoyo de la ciudadanía y de los gobiernos para atender la situación.

Dijo que las personas desplazadas buscaron ser atendidas este miércoles por el alcalde, Sergio Rangel Cervantes, sin recibir respuesta.

“Por la mañana, todavía el mediodía, las familias se reunieron en la plaza, igual que desde ayer, buscando la forma de llegar a un diálogo con el gobierno municipal para solicitarles apoyo, asilo, en lo que se resuelve la problemática de sus comunidades.”

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Elisa Aragón dijo que algunas familias encontraron un lugar donde dormir, ya sea porque sus familias les dieron espacio o porque personas prestan sus casas, y otras todavía buscan un refugio.

“De momento todavía hay algunas ahí, ya en su mayoría han buscado un espacio donde dormir. La comunidad de Huajicori ha mostrado solidaridad, dando cobijo a las familias que han dejado sus hogares”.

Algunas han tenido que improvisar refugios para no regresar a la comunidad donde les amenazan.

El mes pasado se deshabilitó el comedor comunitario cuando personas desplazadas lograron instalarse en la cabecera municipal y otras empezaron a migrar hacia Tepic, la capital del Estado, a San Blas y otros municipios en busca de empleo.

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“En Huajicori cabecera no hay fuentes de empleo, muchos de los desplazados han migrado a otros lugares en busca de trabajo, principalmente a la costa y al estado vecino de Sinaloa, donde se dedican a la producción de mango. La economía está bastante crítica para las familias”.

Las personas desplazadas forzadamente, en sus comunidades tenían siembras y animales para el consumo personal, por eso irse le representa gastos que no pueden generar.

“En sus casas tenían maíz, calabazas, gallinas todo lo que consumían y ahora, la vida se les ha hecho cara porque no tienen empleo y no pueden conseguir los alimentos”, dijo Eliza Aragón.

La ayuda que llevan a cabo activistas, apoyados por el párroco Miguel Escoto y feligreses de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, actualmente es con la dotación de despensas, pero iniciaron con alimentos calientes preparados en el lugar y ante la nueva condición, retomarán la cocina.

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Las familias incluyen personas menores de edad y personas adultas mayores; se calcula, según datos del INEGI, que en Santa María de Picachos habitaban 281 personas y en la de El Riíto, 339 habitantes, pero “prácticamente las comunidades quedaron solas, están deshabitadas”, dijo Eliza.

“Estamos esperando que haya una respuesta buena del gobierno. Pero mientras eso sucede, estamos tratando de apoyar en lo que podemos”.

Finalmente, dijo que lo que solicita como apoyo, son alimentos no perecederos, atún, sardinas, café, galletas, cereal, leche, así como artículos y productos de higiene personal, cepillos dentales, pastas dentales, desodorantes, toallitas femeninas, colchonetas y cobijas.

Esta reportera solicitó entrevista con el alcalde de Huajicori, Sergio Rangel, para conocer la situación y la perspectiva oficial, pero no hubo respuesta.

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Con información de Aristegui Noticias.

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