El Gobierno de El Salvador confirmó que dos de los seis migrantes asesinados en Villa Comaltitlán, Chiapas, por elementos del Ejército mexicano eran de origen salvadoreño.

A través de un comunicado, la Cancillería salvadoreña confirmó la identidad de las víctimas: un hombre de 57 años y un adolescente de 17 años, quienes habían salido de las comunidades de San Vicente y La Libertad, respectivamente.

Las autoridades salvadoreñas solicitaron al Gobierno de México una investigación exhaustiva sobre los hechos, esperando un pronto esclarecimiento de esta tragedia que ha conmocionado a la comunidad migrante y a las familias de las víctimas.

En su comunicado, el Gobierno de El Salvador expresó su consternación por la pérdida de vidas humanas y reafirmó su compromiso de velar por los derechos de sus ciudadanos en el exterior.

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A través de su embajada en México, el país centroamericano ha mantenido contacto con las autoridades mexicanas para obtener información oficial y asegurarse de que se sigan los protocolos internacionales de derechos humanos en la investigación.

El gobierno salvadoreño señaló la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas para proteger a los migrantes, quienes con frecuencia se enfrentan a condiciones extremadamente peligrosas en su travesía.

En respuesta a lo ocurrido, la Cancillería salvadoreña ofreció sus más profundas condolencias a las familias de los fallecidos, a quienes también brinda atención consular. Las autoridades han dispuesto apoyo y acompañamiento a los familiares, en línea con los protocolos establecidos para estos casos.

El Gobierno salvadoreño reiteró su exigencia de justicia y pidió a las autoridades mexicanas esclarecer el suceso. La investigación continúa, y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el incidente que costó la vida a los migrantes.

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Finalmente, el gobierno salvadoreño reiteró su disposición para cooperar con las autoridades mexicanas en el seguimiento del caso, buscando justicia para las víctimas y sus familias.

Cabe recordar que, el pasado 1 de octubre, el ejército interceptó a un grupo de migrantes, confundiéndolos con grupos del crimen organizado, y dispararon en su contra, provocando la muerte de seis extranjeros que viajaban de manera irregular.

Con información de El Sol de México.

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) calificaron de incongruente la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de entregar la información que solicitó el Senado de la República para la emisión de la convocatoria para la elección de los juzgadores.

En entrevista en el marco de la protesta que realizaron en la sede del Consejo Coordinador Empresarial, Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores, sostuvo que la Judicatura debe apoyar a sus juzgadores porque para eso los formó y autorizó sus nombramientos.

“Hoy es incongruente que hayan fallado en el sentido que lo hicieron. Por eso, el pronunciamiento de la JUFED tiene pleno sustento y respaldo, inclusive también por nosotros, por la base trabajadora. Porque fue lo primero que le pedimos al Consejo, que respetara las suspensiones, ya que otras autoridades no lo están haciendo, que el propio Consejo lo hiciera, porque somos un poder único y autónomo hasta este momento. En esa medida, debieron actuar de manera congruente, y, además, respetar esas suspensiones, porque las otorgaron juzgadores federales. Es una incongruencia que hayan votado de esa manera”.

A decir de la también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo, la decisión del CJF sienta un mal precedente, debido a que si ellos no respetan las resoluciones de los juzgadores, nadie lo hará.

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Respecto a la advertencia que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de que no va a recibir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Aguayo Bernal advirtió que los trabajadores buscan reunirse con la titular del Ejecutivo federal y no con intermediarios.

“Estamos pidiéndole acercamiento a ella para que nos escuche, para que tenga una muestra de sensibilidad y sobre todo para que entienda que esta reforma, a quien va a afectar primero, va a ser a ella y a su gobierno. Quizá también, de segunda intención, a los trabajadores del Poder Judicial, a los juzgadores evidentemente. Y por eso queremos acercamiento con ella, no a través de intermediarios, porque inclusive si los legisladores nos están recibiendo, si los representantes del Poder Legislativo nos están recibiendo, ¿por qué no nos va a recibir ella, que es la titular del Ejecutivo Federal? Es a quien le estamos pidiendo audiencia”.

Ante este panorama, Patricia Aguayo sostuvo que aún hay esperanza en la SCJN, donde hay ocho ministros que están comprometidos con el Poder Judicial de la Federación, con los trabajadores, pero sobre todo con México.

Con información de MVS Noticias

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Desde hace varios meses, en la sierra de Huajicori, en Nayarit, sí ha reportado una serie de desplazamientos forzados masivos de personas, principalmente del pueblo o’dam, a partir de la violencia generada por la disputa del territorio entre los carteles de Jalisco y de Sinaloa.

En los últimos días, 57 familias desplazadas llegaron a la cabecera municipal en busca de seguridad, y se sumaron a otras que permanecen en el lugar desde julio pasado.

Elisa Aragón, activista local, señaló para Aristegui Noticias que las familias desplazadas provienen de las comunidades, Santa María de Picachos y El Riíto,  y que algunas llegaron a pie desde sus comunidades.

“Han estado dejando sus hogares, sus animalitos, sus mascotas, sus siembras, todo por buscar un lugar seguro donde estar en lo que se soluciona el tema de inseguridad que se vive en las zonas serranas”.

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A mediados de septiembre, se reportó el hallazgo de 11 cuerpos sin vida en un campamento de presuntos delincuentes,  en la zona conocida como Las Antenas; y en redes sociales circularon videos en los que presuntos criminales referían el reclutamiento de personas entre la población.

La Sedena ha dado a conocer algunos decomisos de armas y equipo táctico en la zona, pero la violencia armada continua en contra de la población.

Eliza Aragón forma parte del grupo de ciudadanía que se organizó desde que las primeras personas llegaron a la cabecera y además de ofrecerles alimento, también les ayudan a conseguir espacios donde refugiarse.

Hasta el momento, igual que los desplazados de los meses anteriores, los pasillos de la presidencia y la plaza municipal se convirtieron en la zona de hospedaje improvisado.

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“Están muchos, todavía no tienen un espacio donde pasar la noche. Algunos están improvisando, o con sus familiares, con sus conocidos, con sus amigos”, apuntó Aragón.

A partir de esto, la activista señaló que de nueva cuenta están solicitando apoyo de la ciudadanía y de los gobiernos para atender la situación.

Dijo que las personas desplazadas buscaron ser atendidas este miércoles por el alcalde, Sergio Rangel Cervantes, sin recibir respuesta.

“Por la mañana, todavía el mediodía, las familias se reunieron en la plaza, igual que desde ayer, buscando la forma de llegar a un diálogo con el gobierno municipal para solicitarles apoyo, asilo, en lo que se resuelve la problemática de sus comunidades.”

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Elisa Aragón dijo que algunas familias encontraron un lugar donde dormir, ya sea porque sus familias les dieron espacio o porque personas prestan sus casas, y otras todavía buscan un refugio.

“De momento todavía hay algunas ahí, ya en su mayoría han buscado un espacio donde dormir. La comunidad de Huajicori ha mostrado solidaridad, dando cobijo a las familias que han dejado sus hogares”.

Algunas han tenido que improvisar refugios para no regresar a la comunidad donde les amenazan.

El mes pasado se deshabilitó el comedor comunitario cuando personas desplazadas lograron instalarse en la cabecera municipal y otras empezaron a migrar hacia Tepic, la capital del Estado, a San Blas y otros municipios en busca de empleo.

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“En Huajicori cabecera no hay fuentes de empleo, muchos de los desplazados han migrado a otros lugares en busca de trabajo, principalmente a la costa y al estado vecino de Sinaloa, donde se dedican a la producción de mango. La economía está bastante crítica para las familias”.

Las personas desplazadas forzadamente, en sus comunidades tenían siembras y animales para el consumo personal, por eso irse le representa gastos que no pueden generar.

“En sus casas tenían maíz, calabazas, gallinas todo lo que consumían y ahora, la vida se les ha hecho cara porque no tienen empleo y no pueden conseguir los alimentos”, dijo Eliza Aragón.

La ayuda que llevan a cabo activistas, apoyados por el párroco Miguel Escoto y feligreses de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, actualmente es con la dotación de despensas, pero iniciaron con alimentos calientes preparados en el lugar y ante la nueva condición, retomarán la cocina.

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Las familias incluyen personas menores de edad y personas adultas mayores; se calcula, según datos del INEGI, que en Santa María de Picachos habitaban 281 personas y en la de El Riíto, 339 habitantes, pero “prácticamente las comunidades quedaron solas, están deshabitadas”, dijo Eliza.

“Estamos esperando que haya una respuesta buena del gobierno. Pero mientras eso sucede, estamos tratando de apoyar en lo que podemos”.

Finalmente, dijo que lo que solicita como apoyo, son alimentos no perecederos, atún, sardinas, café, galletas, cereal, leche, así como artículos y productos de higiene personal, cepillos dentales, pastas dentales, desodorantes, toallitas femeninas, colchonetas y cobijas.

Esta reportera solicitó entrevista con el alcalde de Huajicori, Sergio Rangel, para conocer la situación y la perspectiva oficial, pero no hubo respuesta.

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Con información de Aristegui Noticias.