Aurelio Santos Contreras, expresidente municipal de Cotija, Michoacán, fue asesinado a balazos este lunes por presuntos sicarios, en la colonia Los Corrales.

Información preliminar precisa que Santos Contreras, quien en el pasado proceso electoral buscó nuevamente la alcaldía de Cotija por el PRD, fue acribillado junto a una camioneta de carga, sobre la calle campestre.

La víctima se había desempeñado como presidente municipal de Cotija en el trienio 2018-2021, tras ganar las elecciones abanderado por Morena.

Este crimen se suma al de Yolanda Sánchez Figueroa, ex alcaldesa panista de Cotija, que fue asesinada a balazos por presuntos sicarios el pasado 3 de junio, en pleno centro del municipio.

Además, el 7 de marzo pasado fue privado de su libertad, Arnulfo García Figueroa, quien se desempeñaba como regidor panista de Cotija. el político se encuentra en calidad de desaparecido.

En Cotija, autoridades han identificado la presencia de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y Cártel de los Reyes (cárteles unidos), así como de los pájaros sierra, éste último, una escisión de la organización criminal jalisciense.

Juan Pablo Aguilar Barragán, actual alcalde electo de Cotija y emanado del PAN, solicitó el pasado 19 de septiembre una licencia para ausentarse del cargo por 59 días, por motivos personales.

Con información de MVS Noticias

TR

Una cerca de madera vencida por el impacto de un vehículo es la única huella en un estrecho camino de terracería de la muerte de seis migrantes después de que dos soldados abrieran fuego contra la camioneta de carga en la que viajaban en el sur de México.

La más reciente tragedia con migrantes sucedió la noche del 1 de octubre, a más de 1,000 kilómetros de donde Claudia Sheinbaum celebraba ese día en una gran fiesta popular su juramento como la primera mujer presidenta de México.

El suceso avivó el crudo debate sobre el papel de los militares en la contención de los crecientes flujos de migrantes que cruzan el país para llegar a la frontera con Estados Unidos.

En la pequeña comunidad Lázaro Cárdenas, en el estado Chiapas, muy cerca de donde sucedió todo, testigos discrepan de la versión del Ejército acerca de que los soldados dispararon después de que escucharon detonaciones provenientes de la camioneta de carga, en la que viajaban 33 migrantes en total, 10 de los cuales fueron heridos además de los seis que fallecieron.

“Primero se escuchó que chocaron, luego otro ruido fuerte como de un disparo y luego muchos tiros seguiditos, como dicen de ‘ráfaga’”, declaró un habitantes de la zona quien pidió el anonimato por temor a represalias. Dos pobladores más coincidieron con lo dicho por el hombre.

Sheinbaum condenó lo sucedido al día siguiente de que se diera a conocer embate de los dos soldados, quienes fueron detenidos y serán juzgados bajo leyes castrenses, lo que hace temer opacidad a organizaciones de migrantes y de derechos humanos por parte del Ejército, como aseguran ha ocurrido en otros casos.

La mandataria, quien es también la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, se negó a hablar sobre el relato de los militares y observadores se preguntan cuál será la política migratoria de Sheinbaum y qué papel tendrá el Ejército.

Un policía de la zona quien dijo que llegó al lugar del ataque minutos después de que sucedió cree que la fuerza ejercida en este caso fue “desmedida”.

“No puedes responder con disparos a personas que no están armadas”, dijo indignado y aseguró que militares impidieron el paso a las fuerzas de seguridad locales, lo cual, afirmó “no es usual”.

Ni la Secretaría de la Defensa ni la oficina de la presidencia respondieron a solicitudes sobre lo dicho por los testigos.

Sheinbaum ha dado pocas señales sobre su política migratoria. Si continuará con la de su antecesor y mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional, un cuerpo policiaco militarizado bajo control del Ejército para contener migrantes.

Pero también a miles de marinos y soldados a lo largo de las rutas que decenas de miles de migrantes, en su mayoría de Centroamérica y Sudamérica, pero también de El Caribe y en menor medida de África y Asia, usan para tratar de llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia y con la esperanza de conseguir asilo en ese país.

Chiapas enfrenta crisis migratoria y de violencia

El uso de militares para contener a los migrantes, pero también en labores de seguridad y para enfrentar al crimen organizado no ha logrado su objetivo, de acuerdo con expertos que aseguran que, por el contrario, se incrementaron las violaciones a derechos humanos mientras se expande la actividad delictiva y de cárteles de la droga.

“Es urgente que la nueva administración de la presidenta Sheinbaum cambie este esquema para evitar más abusos y violaciones a los derechos humanos (…) como ocurrió en Chiapas”, consideró Israel Ibarra, investigador del Colef, un centro de estudios fronterizos México-Estados Unidos.

Chiapas ha pasado en los últimos años de ser un lugar conocido por sus grandes atractivos turísticos naturales y sitios arqueológicos, a sede de enfrentamientos constantes entre grupos criminales rivales que se disputan el control del tráfico de drogas y personas, obligando incluso a habitantes de algunas zonas a huir de sus hogares ante el acoso y la violencia.

De enero a agosto Chiapas registró cerca de 500 muertes violentas frente a las 309 ocurridas durante el mismo periodo de 2023 y cerca del doble de las contabilizadas en 2022.

Entre Huixtla y Tapachula, una ciudad justo en la frontera con Guatemala, se pudo identificar al menos seis puestos de control fronterizo con militares, policías locales y agentes migratorios en un trayecto de unos 40 kilómetros.

Tapachula, que se ha vuelto un enorme albergue de migrantes, muchos de ellos esperan en sus refugios a ser llamados para su trámite de asilo a través de la plataforma CBP One, en vez de arriesgarse a ser nuevamente víctimas de criminales en caso de emprender camino en alguna caravana.

“No me voy a salir de aquí hasta que llegue el día de mi cita”, dijo Nadia, una venezolana de 50 años, sobre su trámite de asilo. “Hasta afuera de las casas (de ayuda a migrantes) están secuestrando”, lamentó y recordó lo difícil que fue para ella escapar de la casa de seguridad donde la tuvieron cautiva junto con otras 30 personas, apenas hace unas semanas.

Con información de Forbes

TR

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió este miércoles “investigación e inteligencia” para terminar con la pugna interna del Cártel de Sinaloa y que ha escalado la violencia en la capital de ese estado, donde ha dejado más de 140 asesinatos desde el 9 de septiembre.

“(En Sinaloa) se fortalecen las acciones de inteligencia e investigación. Inteligencia e investigación lo que tiene son dos cosas, una es atención a las causas evitar que los jóvenes se incorporen a bandas delictivas y la otra son detenciones”, expuso la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Cuestionada sobre el recorrido del gabinete de seguridad, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la gobernante aseguró que los funcionarios se reunieron con la ciudadanía y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y acordaron reforzar la seguridad.

En ese sentido, dijo que en Sinaloa se implementará la estrategia nacional que presentó el martes basada en cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación con las entidades federativas.

Exaltó, sin embargo, que en el caso de Sinaloa el enfoque será la atención a las causas y el fortalecimiento de la inteligencia e investigación. 

“Entonces son las dos, es atención a las causas y disminuir la impunidad y para disminuir la impunidad es la inteligencia, la investigación y la coordinación para poder hacer las detenciones de delincuentes que están generando violencia”, señaló.

Sheinbaum asegura que no se regresará a la ‘guerra contra el narco’

Asimismo, reiteró que no volverá un enfrentamiento “fuera de la ley”, pues según ella eso es “la guerra”.

“La guerra quiere decir permiso para matar, eso no, no vamos a regresar (a la guerra contra el narcotráfico). Para todos aquellos que hablan de Estado de derecho, es protección a los derechos humanos y no va a haber colusión con el crimen”, afirmó. 

Según la versión del Gobierno, la disputa del narcotráfico se desató luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, entregó a Ismael “el Mayo” Zambada en Estados Unidos el 25 de julio en un avión.

Antes de dejar el poder, el ahora expresidente, Andrés Manuel López Obrador, minimizó la ola de violencia que padece Sinaloa, estado del noroeste del país, y achacó a Estados Unidos la escalada de la misma, tras la captura de Zambada.

Mientras que Sheinbaum, quien recibió el poder el 1 de octubre, prometió continuar apoyando al actual gobernador, quien reconoció que hay “generadores de violencia” en Sinaloa pero confió en que esto termine con el apoyo de la presidenta y del Ejército y las Fuerzas de Seguridad.

El Gobierno mexicano ha desplegado más de 2,500 agentes de las Fuerzas Armadas ante la violencia, pero los militares también han sugerido que el fin de los enfrentamientos depende de que el Cartel de Sinaloa deje las disputas entre sí.

Con información de Forbes

TR