A diferencia de los demás cambios estructurales emblemáticos del sexenio de Peña Nieto, las leyes para combatir prácticas deshonestas siguen atoradas, a más de 3 años y medio de que fueron planteadas.

La reforma anticorrupción, impulsada desde hace tres años y medio por Enrique Peña Nieto, incluso antes de que asumiera la Presidencia de la República, aún no termina de cuajar, a diferencia de las demás reformas que marcan este sexenio, que ya están en operación.

Aunque han debido enfrentar resistencias, las modificaciones estructurales incluidas en el Pacto por México ―la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, transparencia, fiscal, político-electoral y de competencia económica― han sido aprobadas, ya cuentan con su legislación secundaria y han causado sus primeros efectos en sus respectivos sectores. Otra ha sido la historia de la reforma anticorrupción.

En mayo de 2015, se promulgó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, y que a la vez introdujo el mandato de establecer legislación secundaria en la materia. Con las iniciativas de la oposición y la sociedad civil, se conformó un paquete de siete leyes secundarias, entre las cuales destaca la de Responsabilidades Administrativas ―la controvertida #3de3―, que establece las bases para disponer de las declaraciones patrimonial, fiscal y de posibles conflictos de intereses, con el fin de evitar actos deshonestos.

El 16 de junio pasado, la travesía de esta regulación parecía llegar a su conclusión, luego de que el Congreso de la Unión aprobó dicho conjunto de leyes… pero de último momento, el proceso sufrió un nuevo revés, cuando el presidente Peña Nieto decidió vetar la #3de3 porque se incluyó a particulares que recibieran o ejercieran recursos públicos, lo cual ―se interpertó― no sólo afectaría a contratistas sino también a becarios, pensionados y otros beneficiarios de programas sociales. Esta acción ejecutiva ocurrió luego de que el mandatario federal recibió a líderes del sector empresarial, quienes manifestaron su inconformidad con este aspecto de la Ley #3de3.

A continuación te presentamos la cronología del camino que ha seguido esta ley, que en un principio establecía una Comisión y derivó en un Sistema Nacional Anticorrupción.

2012

14 de noviembre

Aún como presidente electo, Enrique Peña Nieto presenta ―por medio de la bancada del PRI en el Senado― una iniciativa para crear una Comisión Nacional Anticorrupción, con la que se preveía un nuevo sistema de rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y de combate a la corrupción. Sustituiría a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que al asumir el cargo, el mandatario federal no designa a titular alguno para esa dependencia.

2 de diciembre

En un acuerdo entre el Ejecutivo y las tres fuerzas políticas más importantes del país, se firma el Pacto por México, entre cuyos compromisos está una reforma sobre combate a la corrupción.

2013

14 de diciembre

El Senado aprueba la propuesta presidencial para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, y se envía a la Cámara de Diputados para su análisis.

2014

20 de octubre

El PAN presenta una nueva propuesta con seis puntos, entre los que destaca la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, un Comité Ciudadano para la Ética Pública, el fortalecimiento de la SFP, la conformación de un Consejo Nacional en la materia, entre otras.

2015

Diciembre de 2014-febrero 2015

Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia Mexicana e Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), lanzan la campaña #3de3, para que los aspirantes a cualquier puesto de elección popular hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de posibles conflictos de intereses. Esto, más tarde será propuesto para incluirse en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que aplique a los servidores públicos.

Los legisladores presentan la plataforma legisladortransparente.mx, en la que todo representante del Congreso de la Unión puede hacer públicas sus declaraciones de manera voluntaria.

3 de febrero

Casi dos años y medio después de asumir funciones, y en medio del escándalo de la Casa Blanca, el presidente Enrique Peña Nieto designa a Virgilio Andrade como el primer secretario de la Función Pública de su administración. Al realizar el nombramiento, el mandatario anuncia una serie de acciones anticorrupción, entre las cuales está la presentación de la declaración patrimonial y de posibles conflictos de intereses por parte de altos funcionarios, así como la creación de una Unidad Especializada de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, además de reglas de integridad para el ejercicio de los servidores públicos.

26 de febrero

Cinco meses después de que el PAN presentó su iniciativa, la Cámara de Diputados aprueba una propuesta distinta de reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que es la que actualmente en discusión.

De acuerdo con el proyecto, el SNA buscaba ser “una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

27 de mayo

Tras la aprobación en el Senado y en más de 16 congresos locales, la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción es promulgada por el presidente Peña Nieto.

Posteriormente, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de corrupción, con un plazo de un año para que se mandaten las leyes secundarias: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; ésta última será la más controvertida.

2016

2 de febrero

El proyecto #3de3, impulsado por organizaciones, evoluciona a una iniciativa ciudadana a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para cuya presentación se requieren más de 120,000 firmas. Días después de su anuncio, se rebasa el número de rúbricas y el 17 de marzo se entregan al Senado más de 291,000. Al final, se consiguió un total de 634,143 firmas.

11 de abril

Organizaciones de la sociedad civil y el Senado acuerdan revisar en conjunto el paquete de siete leyes que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas la de Responsabilidades Administrativas (conocida como #3de3).

Los senadores del PAN y del PRD dicen que asumen la iniciativa #3de3 como su propuesta para la Ley General de Responsabilidades, y anuncian un frente común para que las leyes secundarias no se “achiquen”.

28 de abril

El PRI y el Partido Verde presentan documentos de trabajo para cinco de las siete leyes que conforman el SNA, un día antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, y a días de vencerse el plazo constitucional para la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

31 de mayo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprueba convocar a periodo extraordinario de sesiones para discutir ―entre otras― las leyes anticorrupción, programado para llevarse a cabo del 13 al 17 de junio, después de las elecciones en 14 entidades… y de que se venciera el plazo constitucional.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) publica “la Declaración Tijuana”, en la que urge al Congreso a aprobar la legislación.

13 de junio

Sin un dictamen a discutir en materia anticorrupción, inicia el periodo extraordinario.

14 de junio

En sesión extraordinaria, se somete a votación de los senadores el dictamen de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

15 de junio

Por la madrugada, el Pleno del Senado aprueba en lo general y particular la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De improviso, se aprueba una modificación al artículo 32, propuesta por el senador Manuel Cárdenas (sin Grupo Parlamentario, suplente de la fallecida Mónica Arriola, de Nueva Alianza), para que toda persona física o moral que reciba recursos públicos presente su #3de3, lo que casusa molestia en el sector empresarial.

16 de junio

En sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba, sin cambios, la minuta en materia de corrupción enviada por el Senado.

22 de junio

Ante el descontento por las leyes aprobadas por el Congreso mexicano, el presidente Peña Nieto y empresarios se reúnen para abordar el tema. Un día después, el Ejecutivo devuelve al Senado el dictamen con observaciones al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades; con este veto, busca que el Legislativo atienda las inquietudes del sector productivo.

29 de junio

La Junta de Coordinación Política del Senado aprueba celebrar el 5 y 6 de julio un segundo periodo extraordinario de sesiones, para atender las observaciones que hizo el presidente Peña Nieto.

Con información de Expansión.