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Política

Policías podrán hacer revisiones sin orden judicial

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Ministros validan las obligaciones de los agentes para practicar inspecciones; el tribunal también avaló el precepto sobre la detención en  flagrancia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de la propuesta del ministro Javier Laynez Potisek para que la revisión policial de personas y vehículos sin previa autorización judicial sea declarada constitucional.

Al continuar el debate sobre diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, por unanimidad, los ministros declararon válidas las obligaciones que tienen los policías en el sistema penal, específicamente, la de practicar inspecciones y otros actos de investigación cuyos resultados deberán reportar al Ministerio Público, y a través de éste solicitar las autorizaciones judiciales correspondientes.

Declararon válido el precepto sobre la detención en flagrancia que señala que la inspección que realicen los cuerpos de seguridad al imputado debe conducirse conforme a lo establecido en el código.

Los preceptos fueron impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante una acción de inconstitucionalidad que fue acumulada a otra promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

También procede, pese a oposición.Además, por mayoría de siete votos, los ministros declararon constitucional la inspección de personas y vehículos comprendida en el catálogo de actuaciones de investigación que no requieren autorización de un juez y que para el caso de que las personas se nieguen a ser sometidas a ella, los policías podrán realizarlas de manera forzosa.

Los ministros que votaron en contra fueron José Ramón Cossío Díaz, Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández.

El ministro ponente destacó que este tipo de actos de investigación pueden ser realizados siempre que exista sospecha razonable de que en ese momento se está ante la comisión de un delito y explicó que no es posible aceptar que cualquier autoridad pueda practicar inspecciones sin razones objetivas que las sustenten.

“La sospecha razonable es central, sin ella, la inspección se vuelve arbitraria y por ende violatoria de derechos humanos. Los agentes de seguridad pública deberán contar con los datos e informes necesarios para acreditarla y los jueces habrán de ser especialmente rigurosos en el escrutinio judicial de estas medidas. La sospecha razonable no puede justificarse por cualquier circunstancia abstracta como la apariencia física, su forma de vestir, hablar o comportarse”, dijo.

Laynez Potisek aclaró que los argumentos de la CNDH son infundados, puesto que las inspecciones policiales constituyen controles preventivos y provisionales autorizados al amparo de la prevención y persecución de delitos, así como su investigación.

La CNDH argumentó que la facultad que tienen los policías para realizar revisiones de personas y vehículos sin que un juez emita una orden previa, transgrede los derechos a la libertad personal, vida privada, integridad y de no injerencias arbitrarias.

El ministro González Salas precisó que el código no establece lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades al momento de realizar las revisiones físicas.

El ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, se pronunció a favor de la propuesta, pero observó que la revisión corporal, aunque sea superficial, puede incidir en un amplio espectro de derechos humanos.

“Las normas cuestionadas persiguen un fin constitucionalmente imperioso, pues buscan proteger los derechos humanos de la colectividad por razones de seguridad jurídica, tal como lo sostienen las autoridades responsables en sus informes, y se busca también proteger los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación”, agregó.

Debido a que las disposiciones sobre la inspección no obtuvieron mayoría calificada de ocho votos, el ministro Cossío Díaz destacó la importancia de determinar cómo resolverán las salas de la Corte cada caso que les llegue por la vía del amparo.

A la preocupación del ministro Cossío Díaz se adhirieron González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea.

El ministro presidente respondió que en esos casos, el pleno confrontó cualquier argumentación, por lo que su pronunciamiento no debería contradecir las resoluciones de Sala.

“Independientemente de los argumentos con que se hayan hecho valer las consideraciones, para mí la declaratoria de validez de la norma debe tener un sentido extenso y no sólo limitado a esta sentencia, y luego se pueda decir lo contrario en otra”, dijo.

Por unanimidad, el pleno avaló la detención en flagrancia por delitos que requieran querella, porque la Constitución no distingue qué tipo o clase de delitos entran en una excepción de este tipo de detención.

Lo que resuelva la Corte derivado de las impugnaciones del Inai y CNDH entrará en vigor una vez que la sentencia sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, para lo cual no existe un término fijo.

En tanto, el Código Nacional de Procedimientos Penales seguirá aplicándose del modo en que está actualmente, pues desde junio de 2016 esta legislación es vigente en todo el territorio nacional y es en la que se sustenta el procedimiento penal desde su investigación hasta el dictado de sentencias.

 

 

Esta nota incluye información de: El universal.

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Política

Giran orden de captura contra el panista Miguel Ángel Yunes Márquez

Yunes Márquez ha asegurado que es un perseguido político por parte de autoridades de Veracruz.

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Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electo por el Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, es buscado por autoridades mexicanas después de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz señala al legislador electo por mentir a la autoridad, documentación falsa y fraude procesal ocurrido en 2021, cuando Márquez buscó ser alcalde en Veracruz.

Después de que el juez Óscar Luis Lozada Hernández emitió la orden de captura, la Fiscalía estatal solicitó a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México activar una alerta migratoria para dar con Márquez.

Yunes ha asegurado que es un perseguido político por parte del Gobierno de Veracruz.

Horas antes de que se emitiera la orden en su contra, el político dijo que nunca se doblaría ante las presuntas presiones en su contra.

”Después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia”, dijo en sus redes sociales.

El miércoles después de que el panista Miguel Ángel Yunes Márquez avisó que por cuestiones de salud no podría acudir de forma presencial a la audiencia había en su contra por diversos delitos, el Poder Judicial de Veracruz pidió la ayuda de la embajada de Estados Unidos para localizarlo.

Esta semana, el gobernador Cuitláhuac García dijo que cuando ”estos políticos saben que hay denuncias en su contra, comienzan a escabullirse”.

“Yo no quiero expresar mucho, porque luego salen con que es persecución política. Que se haga apegado a derecho. En efecto, llegó a decir que ‘aquí estoy, que no me voy, que yo de frente’ y cosas así, pero esos desplantes ya son muy conocidos de parte de estos personajes; no es el único”, dijo el mandatario.

Hace un mes, Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares recibieron su constancia por parte de las autoridades electorales, que los acredita como senadores propietario y suplente, respectivamente.

Según sus representantes legales del senador electo, los médicos le ordenaron al panista guardar reposo, ya que tiene una lesión en las cervicales que en 2022 en playas de Antón Lizardo al practicar automovilismo.

Con información de Expansión

JE

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Política

Esta es la ruta de las organizaciones sociales para convertirse en partido

Como en el caso de la Marea Rosa, que ha anunciado que buscará convertirse en partido, las organizaciones deben seguir un proceso que concluirá hasta el segundo semestre de 2026.

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Pasadas las elecciones federales, es momento en que las organizaciones que deseen convertirse en partidos políticos deben comenzar los trámites y gestiones de organización para comenzar la ruta que los llevará a la meta partidista; es el caso de las agrupaciones que conformaron la Marea Rosa y que respaldaron a Xóchitl Gálvez, y que ya anunciaron que buscarán convertirse en partido político nacional; su primera parada será el mes de enero, cuando deberán hacerlo la notificación oficial y, a partir de entonces, comenzar un largo proceso organizativo.

Si las organizaciones cumplen con todos los requisitos, será hasta a mediados de 2026 cuando logren el reconocimiento y entonces, deberán prepararse para librar su primer elección federal, sin alianza con algún partido existente, en las intermedias de 2027.

De acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) en el mes de enero posterior a una elección presidencial, es decir, cada seis años, una organización que aspira ser partido político nacional debe notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) esa intención.

Una vez satisfechos requisitos básicos, como tener un representante legal y datos para que el INE fiscalice sus actividades, la organización deberá celebrar asambleas estatales o puede optar por asambleas distritales.

En cualquiera de los casos, el objetivo de esas asambles es acreditar que se tiene presencia nacional y para ello deben cubrir un mínimo de asambleas, por lo menos 20 estatales o 200 distritales.

En las asambleas estatales, la organización deberá reunir en cada una al menos 3,000 militantes, o en las distritales 300 afiliados por cada una, además de las afiliaciones realizadas vía aplicación electrónica para dispositivos móviles –creada por el INE– o en papel (en municipios marginados), así que en total la nueva fuerza deberá acreditar una base militante “de 0.26% del padrón electoral utilizado en la elección federal pasada”.

Esa cifra corresponde, preliminarmente, a 256,029 ciudadanos afiliados mayores de edad y con credencial para votar vigente”.

En ellas deberán participar ciudadanos libres de presión o coerción y ser militantes de la nueva organización. Es por eso que el INE podrá revisar que acudan ciudadanos en lo individual y no deben participar entes prohibidos como sindicatos ni otras, como Iglesias.

En las asambleas podrá afiliarse a militantes y esta campaña de registro de afiliados también puede realizarse vía la aplicación para dispositivos móviles del INE y mediante la cual éste verifica que los ciudadanos cuenten con credencial vigente y sus derechos políticos estén a salvo.

Con información de Expansión

JE

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Política

AMLO exhibe acuerdo político electoral del PRI y PAN para repartir cargos

AMLO critica este tipo de acciones por ser una “simulación” del proceso democrático por parte de las cúpulas de poder.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en la mañanera un documento firmado por los dirigente del PRIAlejandro Moreno, y PANMarko Cortés, en el que ambos líderes partidistas habían acordado los nombramientos políticos en diversas instancias federales y locales antes de que se designaran los candidatos a las elecciones presidenciales de 2024.

Utilizándolo como un ejemplo de corrupción que ejemplifica, según él, algo similar a lo que AMLO sostiene que pasa con los nombramientos del Poder Judicial , López Obrador criticó estos “enjuagues” realizados por los conservadores del “periodo neoliberal”.

El documento, firmado también por Armando Tejeda Cid, ex operador de la campaña de Xóchitl Galvéz; Rubén Ignacio Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado, establece una eventual repartición de candidaturas a nivel federal, gubernaturas, vacantes en órganos autónomos y hasta directivos de centros escolares.

Según se lee en el documento, el PRI conduciría las gubernaturas del Estado de México y Coahuila en 2023; mientras que el PAN, iba a siglar y conducir los procesos 2024 de la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente se detallan la instituciones y nombramientos que serían contemplados en este acuerdo.

AMLO critica este tipo de acciones por ser una “simulación” del proceso democrático para beneficiar a las cúpulas de poder.

Aquí el documento completo proyectado en la mañanera:

Con información de Aristegui Noticias.

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