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Magistrados deben ser revisados por revocar gubernatura de seis años: Lic. Guillermo Ruiz Hernandez

Baja California
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"Ya es tiempo que el Senado de la República tome medidas a efecto de que acabe con esas sesiones privadas en donde hacen sus acuerdos"

Sin discusión alguna, por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), revocó la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que determinó que la gubernatura duraría seis años.

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Con esa sentencia el Lic. Juan Guillermo Ruiz Hernandez pidió que los magistrados sean investigados. 

Por medio de un documento dirigido a los principales dirigentes el cual presentamos a continuación: 

C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos.

C. LIC. MARTÍ BATRES GUADARRAMA.
Presidente de la H. Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión.

C. LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO.
Presidente de la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.

C. LIC. ARTURON SALDIVAR LELO DE LARREA
Ministro Presidente de la H. Suprema Corte de justicia
de la Nación

C. LIC. FELIPE ALFREDO PUENTES BARRERA
Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.

Por este conducto, se les hace de su conocimiento que en fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se sesionó el Juicio de Revisión Constitucional Electoral tramitado bajo el expediente número SUP-JRC-22/2019 y sus acumulados, derivado de los Recursos interpuestos por el Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido de Baja California(PBC), en contra de la sentencia de fecha siete de mayo del año en curso, dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, dentro del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por JAIME BONILLA VALDEZ, mediante la cual se determinó inaplicar el artículo 8vo transitorio del decreto 112, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución del Estado de Baja California, ordenando una adenda a la Convocatoria al periodo de la Gubernatura, en la que se estableciera que su gestión se incrementaría a seis años.

En dicha resolución dictada por la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, se determinó revocar la sentencia impugnada, bajo el infundado e irrisorio argumento de que resultó extemporánea la presentación del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por JAIME BONILLA VALDEZ; es decir, que no lo hizo valer oportunamente.

Tal determinación es evidentemente infundada y sobre todo, contradictoria con los criterios jurisprudenciales que ha sostenido con anterioridad esa misma autoridad, con lo cual se pone de manifiesto que los Magistrados Integrantes de la misma actuaron contra derecho; es decir, violando sus propios criterios.

En efecto, hay múltiples criterios e inclusive Jurisprudencia de carácter obligatorio, como lo es la 35/2013 de la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intitulada: “INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO DE APLICACIÓN”, en la cual se establece que el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución Federal, faculta a los gobernados para solicitar la inaplicación de las leyes en casos concretos, por considerar que son inconstitucionales, para que puedan ejercerla con motivo de cualquier acto de aplicación sin que exista restricción al respecto.

Por lo tanto, no se puede jurídicamente sostener que fue extemporánea la presentación de la demanda de Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por JAIME BONILLA VALDEZ, por dos motivos fundamentales:

1.- En principio, porque éste no tenía conocimiento con anterioridad a la presentación de dicha demanda, de que tres de los Ayuntamientos del Estado de Baja California (Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate), no fueron legalmente notificados por parte del Congreso del Estado para que sus respectivos Cabildos, estuvieran en aptitud de discutir y en su caso aprobar o rechazar el proyecto de reformas a la Constitución Local que les fue enviado; por tal motivo, se presumió, ante falta de respuesta al proyecto de reformas constitucionales en el lapso de un mes que se les concedió para ello, de que estaban conformes con dichas reformas. De ahí que no se podía exigir, que promoviera el referido juicio con anterioridad, si el desconocía dicha circunstancia; y es obvio que nadie está obligado a realizar lo imposible.

2.- Además, requería estar legitimado para promover dicho Juicio, lo cual ocurrió a partir de que obtuvo su registro como candidato a la Gubernatura del Estado de Baja California, ya que de otra manera, se podría estimar que carecía de interés jurídico para pedir que se nulificaran dichas reformas, en la parte en la que se redujo de seis a dos años el periodo de ese ejercicio de gobierno.

Lo anterior pone de manifiesto y es del dominio público, que los Magistrados integrantes de la Sala Superior no resolvieron conforme a derecho, sino que llegaron a dicha posición por acuerdo de Partidos Políticos, pues tres Magistrados son afines al Partido Acción Nacional, tres al Partido Revolucionario Institucional, siendo solo uno independiente.

Es triste que en nuestro Sistema de Justicia Electoral, los magistrados integrantes, en su mayoría, estén bajo el control de dichos Partidos Políticos y más aún, que no tengan la capacidad para debatir jurídicamente los temas sujetos a su consideración y resolver en justicia y en derecho y no esconderse, para revocar, en tecnicismos que aplican de acuerdo a sus intereses.

El punto importante a debatir consistía en que resolver sobre la validez de las notificaciones que supuestamente se hicieron a tres de los cinco Ayuntamientos del Estado de Baja California, sobre el proyecto de la reforma a la Constitución Local que establece que la gobernatura será de dos años.

Efectivamente, ese proyecto de reforma nunca le fue notificada a los Ayuntamientos por conducto del funcionario legalmente facultado para ello, dado que inclusive, una de tales notificaciones se le entregó a la intendente; es decir, la persona que hace el aseo, y por consiguiente, nunca fue discutida por los Cabildos Municipales para que éstos manifestaran su aprobación o rechazo; y el Congreso determinó publicar la reforma en base a una afirmativa ficta, violando todo el procedimiento que marca la Constitución de Baja California.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, temeroso para discutir temas tan importantes como el que se comenta , aplica un criterio contra su mismo criterio jurisprudencial; y en menos de 600 palabras, decide revocar la resolución, alegando que el promovente JAIME BONILLA VALDEZ, perdió la oportunidad para hacer valer sus derechos, por no hacerlo dentro del término previsto por la ley, lo que es falso; por lo cual, como se dijo, es inadmisible por las consideraciones antes expresadas.

Ya es tiempo que el Senado de la República tome medidas a efecto de que acabe con esas sesiones privadas en donde hacen sus acuerdos, cochupos, tranzas o como le quieran llamar y luego salgan a la luz pública en el Canal Judicial, resolviendo con todo el maquillaje legal que esté a su alcance, respecto de las demandas legítimas de los gobernados.

Estas violaciones desgraciadamente sólo las tenemos que recurrir ante los Tribunales Internacionales como es el caso que nos ocupa, donde presentaremos nuestra Petición de Intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para impugnar tal determinación y lograr que esta resuelva que retroactivamente sean respetados los derechos del citado candidato.