El subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña, informó que hay más ex funcionarios que deben justificar anomalías financieras

Por causar un daño económico a las arcas del Gobierno del Estado, seis ex servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, y de la Secretaría de Turismo resultaron responsables en la auditoría que inició la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, por lo que quedaron inhabilitados para ejercer un cargo público en los siguientes 10 años, en el mayor de los casos, y la obligación de reintegrar en conjunto 66 millones 542 mil 973 pesos, como reparación del daño. 

Lo anterior lo dio a conocer el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña Martínez, durante una conferencia de prensa en la que acompañó a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, para dar a conocer los resultados de las auditorías realizadas por esta dependencia al ejercicio fiscal del sexenio anterior que concluyó en diciembre del 2016. 

El funcionario informó que la STyRC resolvió en definitiva el procedimiento de responsabilidades que inició en contra de tres servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, toda vez, que estas personas se vieron involucrados en hechos en los que fue alterada documentación oficial utilizada para solicitar al Sistema de Administración Tributaria, la validación de los formatos INC-1 e INC-4,  con la finalidad de obtener su devolución mediante estímulos provenientes de las acciones de fiscalización concurrente, generando un daño económico al Estado por la cantidad de 14 millones 284 mil 276 pesos. 

Por tales motivos se impusieron las siguientes sanciones: Al ex director de Fiscalización de la SAF, Jesús Alanís Cháidez, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 21 millones 426 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado. 

Al ex subsecretario de Ingresos de la SAF, Clodomiro Espinoza García, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 3 años para desempeñar empleo, cargo  o comisión en el servicio público y sanción económica por 14 millones 284 mil 276 pesos más un peso, que corresponde al daño patrimonial.

En tanto que ex director Política Tributaria de la misma dependencia, Everardo Ayala López, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 17 millones 855 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y un cuarto del tanto más del daño causado. 

Aviña Martínez agregó que también se dictaron similares resoluciones contra tres ex funcionarios de la Secretaría de Turismo, por hechos vinculados a varios pagos por un importe de 8 millones 651 mil 798 pesos, para pagar a presuntos proveedores de campañas vacacionales denominadas “CAMPAÑA DELTA VACATIONS 2016”, “CAMPAÑA CANWEST 2016” y “CAMPAÑA CONTINENTAL AIRLINES”, sin documentos que justifiquen el pago realizado, así como la omisión de proporcionar el contrato de prestación de servicios correspondiente y el expediente que ampare la adjudicación. 

Las sanciones a las que se hicieron acreedores fueron las  siguientes: Al entonces secretario, Rafael Lizárraga Favela, y ahora subsecretario de Turismo en la presente administración, se le impuso una suspensión consistente en la pérdida temporal del empleo, cargo o comisión y de todos los derechos que derivan del nombramiento por el término de 30 días naturales. 

De igual manera, al ex secretario Técnico, Luis Ángel Pineda Ochoa, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 8 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 12 millones 977 mil 697 pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado. 

Y por último, al ex jefe de Departamento Administrativo, Luis Martínez Romero, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 6 meses para desempeñar empleo, cargo  o comisión en el servicio público. 

Independientemente de estos seis casos específicos, la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la STyRC tiene abiertos varios procesos más, que están en su etapa de aclaración. 

CASO 16.9 MILLONES DE PESOS 

En este caso, se notificó a 10 servidores públicos de las Secretaría de Administración y Finanzas, y de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el procedimiento que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, donde se les atribuyen, a los servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas: Realizar un traspaso indebido por 16.9 millones de pesos de una cuenta específica a una concentradora, no reintegrar a la Federación 3 millones de pesos no ejercidos, y celebrar un contrato modificatorio excediendo el 25 por ciento que permite la Ley con una afectación de 79.4 millones de pesos. 

A los servidores públicos de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se les atribuye haber realizaron trabajos de obra en un predio sin derechos de propiedad por parte de Gobierno del Estado, y la falta de reintegro a la Federación de recursos no ejercidos por 3 millones 80 mil pesos. 

El subsecretario precisó que en el mes de agosto y en lo que va de este mes de septiembre, los presuntos responsables presentaron su informe y acudieron  las audiencias de ley, por lo que actualmente está la fase de desahogo de pruebas. 

CASO FONDOS SUPERVISIÓN DE OBRA 

En otro caso, Aviña Martínez informó que se inició el procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de dos servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, ya que instruyeron y ejecutaron la trasferencia de recursos de una cuenta específica de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a otra cuenta concentradora de la Secretaría de Administración y Finanzas, por un monto de 15.1 millones de pesos, que eran propios para la supervisión de las obras púbicas. Los involucrados, ya rindieron su informe de contestación a los hechos y comparecieron a la audiencia de ley los días 21 y 22 de septiembre del presente año. El asunto actualmente se encuentra en su etapa probatoria. 

CASO SALDOS INICIALES 

También se llamó a procedimiento a tres ex servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, quienes participaron en la rendición de la cuenta 2016, que presentó información financiera al 31 de diciembre de 2016, con disponibilidad financiera por 1,088 millones de pesos, no obstante sólo había saldos por 421 millones de pesos. El plazo para rendir su informe concluye el 28 de septiembre y 3 de octubre. La audiencia de ley tendrá verificativo los días 10, 11 y 12 de octubre. 

COLABORACIÓN SFP 

Por otra parte, informó que se han celebrado diversas reuniones de trabajo con autoridades de la Secretaría de la Función Pública, mismas que fueron suspendidas por los hechos recientes acontecidos en la Ciudad de México, en las que se analiza la posibilidad de coordinar diversas acciones para la atención de algunos casos que pueden ser del orden federal y que por ello, merezcan ser analizados por la instancia federal encargada de la materia punitiva.      

CASOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 

El subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, dio a conocer que existe un proceso de notificación contra cuatro ex servidores de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por hechos sobre 15 contratos de obra pública por 244 millones 098 mil 979 pesos, pues se encontró que se hicieron incrementos por 59.9 millones de pesos, sin que se estableciera en las razones fundadas y explícitas, el catálogo de conceptos de obra a desarrollar, las cantidades y precios unitarios que lo conforman, nuevos plazos de ejecución, garantías por el incremento, necesarios conforme a la ley para conocer dónde y cómo serán aplicados los conceptos de obra nuevos.

Además, en convenios superiores al 25 por ciento no se cuenta con la autorización de la Secretaría de la Función Pública, ni con la disponibilidad presupuestaria; en seis casos, los dictámenes técnicos fueron signados por una autoridad distinta al residente de la obra, que es el formalmente competente. Este caso está en proceso de notificación del inicio de procedimiento en contra los involucrados. 

CASOS CONVENIOS SAF 

En otro de los casos, se concluyó con la notificación de los procedimientos de responsabilidades contra ex servidores de la SAF, por los siguientes hechos: Respecto hechos vinculados al cumplimiento de un convenio con la SHCP por 200 millones de pesos, por realizar traspasos no justificados de una cuenta específica del convenio a una cuenta  concentradora por un monto de 105 millones 276 mil 195 pesos.

Además, por traspasos indebidos en otro convenio de 258 millones de pesos para el equipamiento y acabados en la cuarta etapa del Teatro de los Mochis, mecánica teatral, cristal templado, aire acondicionado, baños presupuestados en 7 millones 158 mil 232 pesos, de los cuales se regresaron 939 mil 886 pesos, quedando por comprobar 6 millones 208 mil 695 pesos, que no fueron reintegrados a la TESOFE. 

CASO 165 MILLONES DE PESOS 

Por otra parte, se tiene un procedimiento de responsabilidades más relativo a hechos de otro convenio para construir la segunda etapa de la Alberca Olímpica en Mazatlán y la ampliación del Hospital General de Guasave (área de la Mujer), en la que se convino entregar a la entidad federativa la cantidad de 165 millones 14 mil pesos, donde servidores de la SAF hicieron traspasos indebidos a cuentas no autorizadas en el convenio por 11 millones 30 mil pesos, de los cuales reintegró 4 millones 840 mil pesos, quedando pendiente sin justificar un importe de 6 millones 190 mil pesos. 

CASO 145 MILLONES 

Por último, Aviña Martínez informó que con relación al convenio celebrado por la cantidad de 145 millones de pesos, se detectó un traspaso no justificado por la cantidad de 11 millones 880 mil pesos, y se omitió reintegrar a la TESOFE 11 millones 900 mil pesos relativo a recursos no ejercidos en el convenio.