Presenta Gonzalo Gómez iniciativas de combate a la corrupción

El Secretario General de Gobierno dijo que es para mayor control de recursos públicos

El secretario general de gobierno, Gonzalo Gómez Flores presentó ante el Congreso del Estado un total de cuatro iniciativas con las que se busca combatir la corrupción, evitar la impunidad, tener un mayor control en el manejo de los recursos públicos y reforzar las acciones e instrumentos para la impartición y procuración de justicia.

Durante la entrega de los documentos al secretario general del Poder Legislativo, Simón Rafael Betancourt, el funcionario estatal señaló que la primera iniciativa constitucional es para establecer en Sinaloa el sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, hacer obligatoria la declaración 3 de 3 para los servidores públicos de Sinaloa y otorgar mayores atribuciones a la auditoría Superior del estado.

Gómez Flores indicó que una segunda propuesta de reforma a la constitución política del Estado de Sinaloa para crear la Fiscalía General del estado de Sinaloa dotada de autonomía para que con mayor imparcialidad y objetividad se pueda cumplir sus funciones de procuración de Justicia sin ningún injerencia de tipo político.

Una tercera iniciativa es para crear la ley de mecanismos alternativos para la solución de controversias en el Estado de Sinaloa.

“Esta iniciativa tiene como objetivo principal el reforzar lo que se conoce como la justicia cotidiana es decir establecer alternativas para solucionar los conflictos que más sufre la gente en materia familiar, civil y mercantil buscando la vía de la conciliación y tratar de evitar judicialización de este tipo de asuntos el objetivo es acortar tiempos y abatir los costos en los mismos para que tenga acceso a la justicia más inmediata”, agregó.

Una cuarta iniciativa es para reformar y adicionar el Código Penal del Estado de Sinaloa en dónde se está proponiendo a consideración de esta legislatura el establecimiento con el carácter de grave a los delitos como el cohecho y peculado el abuso de autoridad de parte de los servidores públicos a fin de proporcionar mayores elementos al ministerio público y que pueda en el nuevo sistema de Justicia penal solicitar las medidas cautelares que tengan privado de la libertad a los servidores públicos.