Altoparlante: Organizados

Organizados

Dos revisiones hechas por la Auditoría Superior del Estado encontraron más de novecientas cincuenta irregularidades en trámites vehiculares validados por Vialidad y Transportes y cobrados por Recaudación de Rentas, durante el período comprendido entre el 26 de junio del 2015 y el 31 de marzo del 2017; año y medio de la administración anterior, y el primer trimestre del presente gobierno estatal.

La cédula de resultados preliminares –241 páginas– se elaboró con el detalle de los resultados desde el pasado 15 de diciembre del 2017, sin que ni la ASE ni el gobierno estatal hayan dado a conocer los detalles, a diferencia de lo sucedido con otras investigaciones realizadas por la misma dependencia.

Contra la costumbre, en este caso todo se ha mantenido bajo un total hermetismo oficial.

Secreto que llega a su fin, con lo que hoy damos a conocer en Altoparlante.

Se trata de las órdenes con números 083/2017 y 084/2017, emitidas el 28 de junio de ese año, y contenidas en los oficios ASE/AUD/0128 y ASE/AUD/0129/2017, con fechas del 29 de junio, mediante los cuales se ordenaron las auditorías a la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en atención a la denuncia por trámites ilegales de control vehicular en la Unidad Recaudadora de Culiacán, que con número 015/2017 fue recibida en el área de Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado.

Las revisiones terminaron con poco más de 630 observaciones en canjes de placas realizados durante el segundo semestre del 2015; otras doscientos veinte, durante todo el 2016, y 132 observaciones en el primer trimestre del 2017, esto último correspondiente a la actual administración estatal.

En lo que corresponde al gobierno anterior, entre otras ilegalidades encontraron que se dieron placas a vehículos presumiblemente robados, con la aceptación indebida de facturas e identificaciones personales falsas.

Existen por ello observaciones directas en contra de los entonces titulares de Vialidad y Transportes, Domingo Ramírez, y de Recaudación de Rentas en Culiacán, Alfredo Sepúlveda Román, con la probable implicación de quienes fungieron como delegados en la primera de las dependencias.

En el caso de Sepúlveda Román –cuñado del ex gobernador Mario López Valdez–, el señalamiento expreso de que algunas de las placas vehiculares irregulares fueron tramitadas directamente desde su oficina, sin la validación que por mandato de ley debe realizar la Dirección de Vialidad y Transportes.

Esto último confirmaría de manera oficial la existencia de la tan rumorada “Caja especial de recaudación” para trámites especiales.

Es importante puntualizar que los ex funcionarios y funcionarios con observaciones fueron notificados durante los primeros días del año, y que entre el jueves 4 o el viernes 5 de enero cada uno de ellos respondió lo que pudo o quiso.

Ahora que sabemos de esas dos auditorías con las más de novecientas cincuenta irregularidades, y si los sujetos observados ya respondieron a las observaciones en su contra, hay varias preguntas que resultan obligadas:

¿La Auditoría Superior del Estado informará a los sinaloenses sobre los detalles que un asunto tan relevante y delicado obliga? ¿Mantendrán el sigilo y la secrecía, en medio de las sospechas de manejos y represiones de tipo político?¿Se presentarán las denuncias penales correspondientes?

Hablamos de denuncias penales y no administrativas, porque si lo acusado resulta cierto se configura la comisión de conductas tipificadas como delincuencia organizada.

Quizás sobre esto dialogaron dos personajes del más alto nivel de Sinaloa, uno servidor público en activo y el otro ex, durante la reunión que para platicar también sobre el próximo proceso electoral sostuvieron el pasado domingo 21 de diciembre en la casa del primero, dentro del conjunto habitacional La Primavera.

¿PIENSA MAL Y ACERTARÁS?

Resultan inevitables las especulaciones, en medio de la coyuntura electoral y la participación de personajes que anidan resentimientos, rencores y agravios.

Recordar, por ejemplo, que la actual titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, fungió durante el gobierno anterior como titular de Asuntos Jurídicos en la entonces Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa bajo las órdenes del hoy diputado local panista Juan Pablo Yamuni, cargo del que fue cesada por el Secretario de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, tras ser sorprendida filtrándole información a allegados del ex gobernador Jesús Alberto Aguilar Padilla.

Nos juran que, desde entonces, la señora no se preocupa en ocultar el odio jarocho que siente contra quien la despidió.

El propio nombramiento de Félix Rivera como Auditora se dio en medio de la polémica, cuando Antonio Vega Gaxiola tuvo que presentar muy anticipada y sorpresivamente su renuncia voluntaria con carácter de obligatoria como titular de esa institución “autónoma” e “independiente”.

Otro de los políticos involucrados es el ya mencionado Juan Pablo Yamuni, ex jefe directo y amigo muy cercano de la hoy auditora Emma Guadalupe Félix.

Durante el gobierno anterior se presentaron e hicieron públicas numerosas denuncias respecto de las irregularidades que supuestamente acaba de encontrar la ASE; Yamuni Robles se hizo el occiso, limitándose a enviar el caso a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, sabedor de la ya convenida inacción por esta dependencia.

Más de 500 casos de vehículos emplacados de manera irregular guardaron el sueño de los justos, y Yamuni ni pío dijo.

Curiosamente, fungía entonces como subprocurador regional Julio César Romanillo Montoya, quien hace pocos días en su carácter de coordinador de la Unidad Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Sinaloa –dizque también autónoma e independiente–, dio a conocer la existencia de diez “nuevas” carpetas de investigación sobre emplacamiento de vehículos robados durante el gobierno estatal anterior.

Dijeran los malpensados que la imposición de la auditora, sus auditorías y las nuevas investigaciones sobre emplacamientos irregulares de vehículos son parte de un complot muy bien planeado y armado por el gobierno y el PRI en contra del malovismo.

Que esas auditorías en realidad se acaban de hacer, con un cometido muy específico que no es el de las transparencias ni la rendición de cuentas.

Ya ven cómo hay gente así de imaginativa y criminosa.

De nuestra parte, quedamos a la orden ante cualquiera de los involucrados para las consideraciones y alegatos que consideren pertinentes, ya sea en descargo de lo que aquí damos a conocer y señalamos, y en aras de combatir la impunidad y la corrupción.

Pendientes.