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México

PRI, PAN y Verde aprueban Ley de Telecomunicaciones que favorece a televisoras

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El dictamen elimina la obligación de los concesionarios para distinguir publicidad de información y sólo lo constriñen a la programación infantil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Precedida por una fuerte crítica de organizaciones civiles que la consideran un “atentado contra los derechos de las audiencias” y una “contrarreforma” que resta facultades al regulador autónomo, la Cámara de Diputados aprobó por 288 votos a favor (del PRI, PAN y Partido Verde), 114 en contra (del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano) y 18 abstenciones, la reforma a diez artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En lo particular, el dictamen aprobado el miércoles 5 por la Comisión de Radio y Televisión fue avalado con 208 votos a favor, 192 en contra y nueve abstenciones, ya que algunos diputados de Acción Nacional votaron en contra, a pesar de que la iniciativa fundamental provino del legislador Federico Döring.

Uno de los principales cambios que incorpora esta minuta es una reforma completa a la prohibición absoluta establecida en el artículo 6 constitucional para que los concesionarios de radio y televisión presenten como información lo que es propaganda o publicidad encubierta.

“Se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa, cuando un concesionario inserta dentro de su programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia. En su Código de Ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se refiere esta fracción”, señala el nuevo párrafo de la fracción IV del artículo 256.

Originalmente, este artículo sólo establecía que es obligación de los radiodifusores en materia de derechos de audiencias “que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión que se presenta” (derogada) y “que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa”.

La nueva redacción restringe esta distinción sólo a los programas noticiosos (dejando la posibilidad de hacerlo en programas de entretenimiento o espectáculos) y establece “el principio de autorregulación” de los concesionarios de radio y televisión.

Las reformas a la Ley Televisa Döring, así rebautizada en las redes sociales, también supeditan al defensor de las audiencias a los intereses de los concesionarios de radio y televisión y ya no se ordena que se ajuste a los principios de “imparcialidad e independencia”.

“Los concesionarios designarán libremente al defensor de las audiencias, sin que el instituto (IFT) u otra autoridad tenga facultades para intervenir u opinar de manera previa o posterior a ello”, quedó el nuevo artículo 259.

La reforma deroga las sanciones derivadas de “no cumplir con los lineamientos de carácter general que emita el Instituto (IFT) sobre las obligaciones mínimas para los defensores de las audiencias”, en el artículo 311, y también deroga la atribución de determinar la “suspensión precautoria de transmisiones” (artículo 15 fracción 61).

El dictamen claramente cuestiona los lineamientos generales en materia de defensa de los derechos de las audiencias que emitió el IFT a principios de año y que generó una dura campaña en los espacios editoriales e informativos de Televisa, TV Azteca y de las estaciones de radiodifusión comerciales.

También menciona las dos controversias constitucionales interpuestas por el Ejecutivo federal, vía el consejero jurídico Humberto Castillejos, y por el Senado de la República ante la Suprema Corte de Justicia y que aún no se ha definido.

POBRE DEBATE

Durante el debate, la diputada Lía Limón García, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, afirmó que era “absolutamente falso” que el dictamen se hubiera aprobado “en lo oscurito” y que la adenda también se presentara “en lo oscurito”.

Legisladora del Partido Verde, Limón García defendió el dictamen señalando que “aseguramos la libertad editorial de los comunicadores, reporteros y periodistas, así como la libre difusión de las ideas y opiniones”, y recordó que estas reformas fueron aprobadas por 14 votos a favor y tres en contra, pero no mencionó que el diputado Clemente Castañeda, de MC, quien presentó otra iniciativa, se deslindó del contenido final del dictamen.

Limón García criticó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por presentar unos lineamientos de derechos de las audiencias que “implicaban restricciones importantes a la libertad de expresión. En este sentido, hubo diputados que buscaron atender esta situación y presentaron iniciativas con el fin de precisar el marco jurídico para que no haya un ápice, ni asomo del riesgo de la libertad de expresión”.

En contra del dictamen, el diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, advirtió que se repitió el mismo mecanismo del “albazo legislativo” que se provocó durante la Ley Televisa, en 2006.

“No me vengan a decir que vienen a defender la libertad de expresión, los del PAN”, afirmó Acosta Naranjo. “Están sirviendo a los intereses de Televisa y de TV Azteca. En vez de esperar a que la controversia se resuelva en la Suprema Corte de Justicia vienen con este albazo”, agregó.

Por su parte, Virgilio Caballero, diputado federal de Morena, reclamó que el dictamen se haya discutido “en lo oscurito”. “Morena no será comparsa de una grave contrarreforma, en lo que muchos expertos ya han bautizado como una segunda edición de la Ley Televisa”, sentenció el también exdirector fundador del Canal del Congreso.

El diputado panista Gerardo Gabriel Cuanalo Santos argumentó a favor de la iniciativa señalando que en 2016 el IFT publicó una serie de lineamientos en las que se “extralimitaron” en sus facultades, por lo que calificó al organismo constitucional autónomo como “autoritario” y con facultades para “castigar la libre manifestación de ideas”.

El coordinador Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, presentó una moción suspensiva del dictamen argumentando que esta ley “prácticamente pretende derogar la atribución que la propia Constitución en su artículo 6 le mandata al IFT como organismo constitucional autónomo para tutelar los derechos de las audiencias y establecer los mecanismos para su protección”.

Castañeda criticó la “apresurada aprobación” del dictamen y destacó “el intenso debate público sobre los alcances y el posible impacto negativo de dicha reforma”. Consideró que esta reforma “elimina de facto los mecanismos que hacen posible proteger los derechos de las audiencias”.

La mayoría del PRI, PAN y Verde desechó esta moción suspensiva y los otros recursos interpuestos por Morena y el PRD. El legislador de Morena, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, afirmó que se trataba de “una chicanada; la adenda que se publicó en la gaceta manifiesta la opacidad con la que se condujo la Comisión de Radio y Televisión”, dijo. (PROCESO)

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México

Es cuestión de tiempo para que las empresas mexicanas reporten riesgo climático

Antes de la pandemia, la CNBV puso sobre la mesa el que las empresas públicas incluyeran información relacionada con el riesgo climático en sus reportes financieros.

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Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, reza un popular refrán que aplica al caso de la inclusión del riesgo climático en los reportes financieros de las empresas mexicanas.

A principios de marzo, el regulador financiero de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) dio a conocer que las empresas listadas en la Bolsa de Valores ahora están obligadas a incluir el riesgo climático al que están expuestas en sus estados financieros.

En México, antes de la pandemia (2019), el regulador bancario puso sobre la mesa una iniciativa para incluir los riesgos climáticos en los reportes de las empresas; sin embargo, “se puso pausa porque las empresas no estaban listas. Creemos que es cuestión de tiempo para que en México, la CNBV y los reguladores midan este tipo de detalles en los reportes de las empresas”, dijo a Expansión Alejandro H. Garza Salazar, fundador y director de inversiones de Aztlan Equity Management.

La regulación mexicana sobre este tema es “muy limitada”, señaló Pablo Jiménez Zorrilla, socio de la firma de abogados Von Wobeser y Sierra.

Jiménez Zorrilla detalló que, actualmente, las empresas públicas están obligadas a incluir información relacionada con una descripción de los riesgos o efectos que el cambio climático pueda tener sobre el negocio de la emisora, indicar el impacto relevante, actual o potencial, que cualquier ley o disposición gubernamental relacionada con el cambio climático pueda tener.

También deben informar sobre los impactos relevantes, actuales o potenciales que el cambio climático pueda tener en el negocio de la emisora, lo cual podría incluir impactos directos en las operaciones e impactos indirectos a través de la cadena de valor.

Adicionalmente, hay elementos como la Guía de Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores -de adopción voluntaria- o la Herramienta de Autodiagnóstico ASG y Riesgos Relacionados con el clima, iniciativa de la CNBV y el Global Green Growth Institute (GGGI).

México

Aunque en la actualidad no hay un marco regulatorio que obligue a las empresa públicas a reportar el riesgo climático en sus informes, hay empresas mexicanas que, por ser filiales de transnacionales o por formar parte de ciertas cadenas de suministro, ya cuentan con este tipo de reportes.

Además, México siempre pasa de no tener nada a tener sistemas muy robustos, refirió Gilberto Lozano Meade, socio director de la consultora de gestión global Roland Berger México.

Costo y tiempo

Si en México se llega a aprobar un marco regulatorio como el que recientemente se aprobó en Estados Unidos, o el que tiene años operando en la Unión Europea en materia de reportar los riesgos climáticos, se tendrían que desarrollar capacidades para monitorear y reportar emisiones de gases de efecto invernadero, evaluar los riesgos climáticos en sus operaciones y finanzas, y desarrollar estrategias de mitigación y adaptación. Estos cambios representarían “inversiones significativas” en sistemas de gestión ambiental, explicó Jiménez Zorrilla.

Con información de Expansión

JE

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México

Portal del SAT para declaración anual inicia abril con fallas

En el primer día del mes de la presentación de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR), no es posible entrar al minisitio para cumplir con la obligación.

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La plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentar la declaración anual de personas físicas inició abril con fallas.

Usuarios reportaron, por la tarde de este lunes, no poder acceder al sitio donde se presenta el reporte anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando en semanas previas el simulador funcionó sin contratiempos.

Se puede entrar al sitio del SAT , y visualizar las opciones para Declaraciones, pero al dar clic a Presenta tu declaración de personas físicas el sitio marca error en distintos ordenadores y móviles.

La autoridad fue consultada al respecto, pero aún no ha hecho público algún comentario o reporte al respecto.

Cada abril, en México, las personas empleadas por el sector público o privado con ingresos mayores a los 400,000 pesos al año, que brindan servicios profesionales, tienen inmuebles en arrendamiento, realizan una o varias actividades empresariales, tuvieron más de un trabajo (patrón) en el año fiscal, o dejaron de trabajar antes de que finalizara el ejercicio fiscal deben presentar este informe al SAT a través de su portal.

Con información de Expansión

JE

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México

La fuente de ingresos por petróleo se agota para México

Los ingresos petroleros tocarán niveles mínimos en 2025, debido a la baja en el precio del petróleo y una menor plataforma de exportación, refiere Hacienda.

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Por primera vez en cinco años, los ingresos petroleros no generarán más de un billón de pesos, para el presupuesto público del próximo año.

De acuerdo con los Precriterios de Política Económica 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que por ingresos petroleros llegarán 990,370 millones de pesos (mdp), lo que representa una caída de 13.5% de lo que se espera para el cierre de 2024.

Así los ingresos petroleros representarán 2.7% del PIB el cierre del próximo año, el primero a cargo de quien resulte electo o electa en la contienda presidencial. Para 2024 se espera que cierren en 3.3% del PIB, detalló Hacienda.

El monto que se espera por la venta y exportación de petróleo es 155,145 mdp menos que lo que se espera para el cierre de este año: 1.103 billones de pesos (bdp), la caída en la estimación de estos ingresos se relaciona con el menor precio promedio por barril que se espera para la mezcla petrolera mexicana, al pasar de 71.3 dólares en 2024 a 58.4 dólares en 2025.

Hacienda detalló en los Precriterios que por cada variación de un dólar en el precio promedio de la mezcla mexicana estimado para 2025 el efecto en los ingresos del sector público será de 12,000 millones de pesos.

También prevé una menor plataforma de exportación al pasar de 967 millones de barriles diarios en 2024 a 958 millones de barriles diarios en 2025.

“La baja estimación en el precio del petróleo obedece al lado de la oferta, Estados Unidos tiene que crecer su oferta de petróleo y medio oriente también, Rusia ha mantenido sus niveles de producción, se espera que la oferta mundial sea vasta y se mantenga estable”, explicó Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Advisors.

Esto tiene implicaciones en las finanzas públicas, que implican su despetrolización, por un lado recibes menos dinero por la venta y exportación petrolera, pero también, debido a la baja de los combustibles puedes recaudar por la parte del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a las gasolinas y el diésel, pero no tanto para compensar la falta de ingresos por un menor precio de la mezcla, detalló el especialista en materia energética.

México Evalúa, aboratorio de investigación, ha advertido sobre la baja en la llegada de ingresos petroleros al sector público, y considera que es una tendencia que se mantendrá en los siguientes años.

“La ‘despetrolización’ de las finanzas públicas es una dura realidad para un Gobierno que no ha logrado recaudar lo suficiente en impuestos (lo suficiente como para que la caída de los ingresos petroleros no lo desequilibren del todo, se entiende)”, refiere un análisis de México Evaúa.

Los ingresos tributarios han pasado de representar el 49.3% de los ingresos totales del Sector Público en 2000, a abarcar 62.5% en 2020, el porcentaje más alto en estos 20 años. El ISR es el impuesto con mayor peso (33.0%), seguido del IVA (18.5%).

En cambio, los ingresos petroleros presentaron la proporción más baja desde 2000, respecto al porcentaje que representan de los ingresos totales: 11.3%.

Con información de Expansión

JE

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