Política
Los pros y contras de las propuestas de Sheinbaum sobre el sistema aeroportuario
La candidata propone ampliar el AIFA para alcanzar capacidad de 80 millones de pasajeros y 700,000 toneladas anuales. Además, busca aumentar flota de la aerolínea estatal Mexicana de Aviación.
Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ha incluido dentro de su plataforma gubernamental la continuación del fortalecimiento del sector paraestatal de construcción, desarrollo y operación de aeropuertos, así como de la nueva aerolínea estatal, una visión promovida por la actual administración morenista.
Al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas no tenían el control de ningún aeropuerto que llevara a cabo operaciones comerciales.
Hoy, los aeropuertos operados por el Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluyen Campeche, Ciudad Victoria, Nogales, Ixtepec, Chetumal, Tamuín, Palenque, Puebla, Uruapan, Santa Lucía y Tulum.
Además, GAFSACOMM también controla la aerolínea estatal Mexicana de Aviación, que inició sus operaciones el pasado 26 de enero. Sin embargo, la información disponible sobre la misma es limitada.
“No hay un plan de negocio”
Una de las propuestas de Sheinbaum es llevar a cabo la segunda fase del AIFA, que implica la ampliación de la terminal de pasajeros, calles de rodaje, plataformas y zona de carga para alcanzar una capacidad de 700,000 toneladas anuales y 80 millones de pasajeros, con 68 posiciones fijas y 39 remotas.
También dijo que buscaría ampliar la flota de aviones de la nueva aerolínea estatal Mexicana de Aviación.
Gerardo Herrera, especialista del sector y profesor de la Universidad Iberoamericana, opina que tanto Mexicana de Aviación como el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) son proyectos que no acaban de despegar, ya que se llevaron a cabo sin tener en cuenta las demandas del mercado.
“Están estancados porque carecen de un plan de negocios”, dice en una entrevista con Expansión.
La información más reciente proporcionada de manera oficial indica que Mexicana de Aviación aspira a realizar 16 vuelos diarios y 448 mensuales. Sin embargo, aún no se ha confirmado si ha alcanzado este objetivo o en qué medida se ha acercado a lograrlo.
Herrera opina que, en lugar de priorizar los proyectos gubernamentales, se deberían diseñar estrategias para apoyar al sector, incluyendo a las aerolíneas comerciales privadas que ya están en funcionamiento.
“El mayor desafío es la política pública, ya que las aerolíneas nacionales no recibieron apoyo durante la pandemia y tuvieron que sobrevivir por sus propios medios. La política pública genera distorsiones en la competencia, ya que cuando tienes un jugador respaldado por el gobierno con subsidios y financiamiento opaco, eso afecta la competencia”, dice Herrera.
Mantener el control del Ejército sobre los aeropuertos
Según Julio Zugasti, experto del sector aéreo en Hogan Lovells, las propuestas de Sheinbaum están alineadas con las demandas del mercado, que buscan mejorar el sistema aeroportuario. Sin embargo, enfatiza que estas mejoras deben realizarse en colaboración con el sector privado, y no únicamente por parte del gobierno federal.
“La colaboración con la iniciativa privada es crucial para poner en marcha el sistema aeroportuario; es un esfuerzo conjunto. Es fundamental que el sector privado se involucre y sea considerado en la planificación y toma de decisiones para la implementación efectiva de estos proyectos”, declaró en una entrevista con Expansión.
El especialista también cuestiona si es la mejor decisión que las Fuerzas Armadas estén a cargo de la nueva aerolínea estatal y aeropuertos.
“Es una medida que necesita un análisis exhaustivo, ya que implica riesgos potenciales en cuanto a la utilización de recursos públicos y la opacidad en la gestión, justificada bajo el pretexto de seguridad nacional u otras razones definidas por las fuerzas armadas”, añade Zugasti.
Con información de Expansión
JE
Política
Morena va por una gran reforma al Congreso para quitar privilegios a legisladores
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que la reforma busca quitar a legisladores prestaciones como los seguros de vida
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados va por una “gran reforma” al Congreso de la Unión que perfila ampliar los periodos de sesiones, garantizar el debate de las iniciativas, homologar el salario de diputados y senadores y eliminar privilegios como los seguros de vida.
Así lo anunció Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena, en entrevista con medios de comunicación, al ser cuestionado sobre las prioridades legislativas de este año. El legislador acusó que en el Congreso se trabaja poco, por lo que la ampliación de los periodos de sesiones es un punto medular de la enmienda.
“Antes de que concluya el 2025 tendremos que hacer una gran reforma al Congreso de la Unión de nuestro país, una discusión para darle relevancia para ser un congreso muy fuerte, muy moderno, muy vinculado al pueblo, una gran reforma de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, de sus reglamentos”.
“Son varios puntos los que tenemos que reformar, uno de ellos es la profesionalización del trabajo de las comisiones, garantizar que haya debate, que haya discusión, que haya reflexión sobre las iniciativas (…); en segundo lugar homologar salarios, prestaciones y percepciones, tanto de senadores como de diputados; en tercer lugar hacer realmente eficientes los parlamentos abiertos para garantizar la opinión del pueblo, la opinión de la ciudadanía, mejorar y profesionalizar más el Canal del Congreso para que el pueblo pueda tener mayor acercamiento a los debate y a las discusiones del Congreso (….) y también hay que ampliar los periodos de sesiones, se trabaja muy poco, hay que ampliar los periodos de sesiones”, dijo.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, un senador tiene una percepción bruta anual de dos millones 822 mil 953 pesos, mientras que la del diputado es de un millón 573 mil 769 pesos, por lo que la apuesta de Morena es que ambos ganen lo mismo y no tengan prestaciones prohibidas por la ley.
El legislador explicó que para la homologación de los salarios se tomará en cuenta la Ley de Austeridad y la de Remuneraciones de los Servidores Públicos que prohíbe a los funcionarios ganar más que el presidente, por lo que el ajuste podría implicar que se le baje el salario a los senadores o se les aumente a los diputados.
Al respecto, Ramírez Cuéllar afirmó que se tendrá que ajustar el cinturón quien se lo tenga que ajustar.
“Nuestra determinación tiene que tener como marco la disposición establecida en la Ley de Austeridad para que no haya seguros médicos, para que no haya privilegios y para que tengamos una percepción por abajo por la que gana la presidenta de la República, creo que es el criterio básico”, explicó.
Con información de El Sol de México.
Política
Elección judicial: INE acuerda con el Ejecutivo ampliación de 800 mdp más al presupuesto
Estos recursos para la elección judicial se estarían destinando a la contratación de personal adicional para la realización de los trabajos de cómputo en la jornada electoral.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene una oferta de ampliación presupuestal de parte del Poder Ejecutivo para la elección judicial, por 800 millones de pesos, confirmó la consejera presidenta Guadalupe Taddei, en conferencia de prensa realizada posterior a la sesión extraordinaria del Consejo General.
“No nos han dado el aviso del depósito, está el compromiso, y hay que creer en ese compromiso porque fue una reunión verdaderamente técnica, y muy bien. El compromiso es una realidad, nos van a avisar en cuanto ellos destraben unas cuestiones de carácter técnico para que el depósito se dé, pero la instrucción fue muy clara y el apoyo igual”.
De forma inicial, los recursos se estarían destinando a la contratación de personal adicional para la realización de los trabajos de cómputo en la jornada electoral, la atención de casillas sección, el sistema de transmisión de datos y la ejecución correcta del número de casillas sección y la contratación de auxiliares jurídicos.
La consejera reiteró que las casillas sección sigue en revisión, pues se ha abordado la posibilidad de ir de 53 a 78, “vamos a ver cómo se amplía el espectro presupuestal para definir ya la fecha, la cantidad que debe definir el área, porque una vez definida impacta en todos los trabajos de estructura”.
De igual forma, la consejera presidenta indicó que las áreas del INE aún siguen diseñando la cantidad de ampliación presupuestal necesaria.
“Hay análisis que no hablan entre 750 a mil 500 millones, pero todo eso está en construcción, es responsabilidad del Consejo General la que tendrá que tomar este acuerdo de la cifra definitiva. Creo que esta semana, se va a especificar en qué se va a utilizar cada uno de los centavos, pesos, miles y millones”.
Taddei confía en los acuerdos
Acerca de si recurriría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que el Ejecutivo no extienda los recursos suficientes, Guadalupe Taddei dijo estar confiada de que habrá un buen resultado.
“Cuando la voluntad del diálogo existe, la construcción de una solución siempre va a ser la que resulte, cuando escuchan las autoridades correspondientes, en la reunión con la Presidenta de la República, cuáles son los asuntos técnicos que nos llevan a pedir la ampliación, hay una sensibilidad a la explicación y respuesta inmediata, eso va a continuar, tenemos confianza”.
La consejera presidenta resaltó que “estamos en fechas límites para todo” lo que falta de la organización de la elección.
Aún se tiene pendiente la aprobación de las boletas de jueces y magistrados de circuito.
No habrá veda electoral
Durante la sesión, el Consejo General del INE determinó que no se suspenderá la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo de campañas y veda electoral, como sí se hace en otros procesos electorales.
Además, se determinó que se contarán con 48 minutos diarios para la difusión de la elección judicial en radio y televisión.
El INE será el que haga promocionales genéricos, con los que se invitará a los ciudadanos a visitar el sitio ‘Conóceles’, en el cual estarán los perfiles de los candidatos.
Con información de El Financiero.
Política
INE confirma incremento de hasta 1,500 millones de pesos de presupuesto para elección judicial
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la reunión con los consejeros del INE para que le explicaran por qué piden tantos recursos para la elección judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que habrá “certeza” en la primera elección popular del Poder Judicial tras una reunión este jueves con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes alertaban de riesgos en los comicios por insuficiencia de reglas y recursos.
“Agradezco la conversación en Palacio Nacional con las y los consejeros del INE para asegurar la transparencia y la certeza de la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio”, escribió la mandataria en sus redes sociales.
Agradezco la conversación en Palacio Nacional con las y los consejeros del INE para asegurar la transparencia y la certeza de la elección del Poder Judicial del próximo 1.° de junio. pic.twitter.com/mcdQm7L6kM
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 9, 2025
La reunión ocurre mientras crece la polémica porque México se encamina este año a su primera elección en las urnas de los jueces, magistrados, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, tras promulgarse la reforma constitucional al Poder Judicial el 15 de septiembre pasado.
Los consejeros del INE han advertido de riesgos en los comicios porque obtuvieron menos de la mitad de los 13,000 millones de pesos de presupuesto que solicitaron, apenas 6,219 millones de pesos.
Aunque no dio detalles sobre lo acordado, Claudia Sheinbaum adelantó en su conferencia matutina que 7,000 millones de pesos para organizar los comicios le “parece mucho recurso”, por lo que pediría a los consejeros explicaciones.
También cuestionó que, con el argumento de la falta de recursos, el INE solo instalará 72,000 centros de votación para la elección judicial, menos de la mitad de las 172,000 que suele habilitar para unos comicios generales, según sus estimaciones.
“Sí, cuestan las elecciones, obviamente, pero que se explique por qué, cuánto se gasta en las boletas, cuánto se gasta en las urnas, cuánto se gasta en certificación, calificación, capacitación de quien participa, etcétera”, expresó.
Además, la oposición ha alertado de que aún no hay claridad en cómo serán las boletas, la distribución de los distritos electorales para definir qué zonas votarán por cuáles juzgados, y otras normas relacionadas con las campañas.
Con información de El Financiero.
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