La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció el derecho que tienen los mexicanos en el exterior a participar en la elección en el Poder Judicial de la Federación, sin embargo, avaló un acuerdo emitido por el INE donde establece que no es posible en este momento instrumentar dicho mecanismo, debido “a tiempos insuficientes, riesgos operativos y recursos limitados”.

En la sesión de este miércoles, los magistrados analizaron los recursos que presentaron al INE organizaciones de migrantes y una senadora, para que implementara un mecanismo que permita ejercer el derecho a votar a los mexicanos que residen fuera del país.

El proyecto presentado por la magistrada Mónica Soto, y que finalmente fue aprobado, le da la razón al Instituto Nacional Electoral en el sentido de que, en la jornada del 1 de junio, no será posible que los connacionales puedan participar.

Sin embargo, se plantea al INE que en el siguiente proceso deberá implementar mecanismos que permitan garantizar el derecho que tienen los mexicanos en el exterior a participar en la elección en el Poder Judicial.

“Es dable en este momento la propuesta de darle al Instituto Nacional Electoral una garantía para el cumplimiento del proceso extraordinario en los términos que ha sido aprobado y por supuesto que el derecho está reconocido y deberá por supuesto, también lo estimo, implementarse en el siguiente proceso electoral”, indicó.

Previamente, el magistrado Reyes Rodríguez propuso que el INE establezca la modalidad del voto electrónico para ministros y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral a fin de garantizar el voto en el exterior.

TEPJF ordena incluir a dos aspirantes rechazados

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo precisar una persona aspirante a ocupar un cargo en la elección del 1 de junio, los motivos por los que fue excluida de la etapa de selección.

Dicho Comité dejó de informarle al considerar que incumplía con el requisito de contar con una calificación mínima de nueve o su equivalente, en las asignaturas relevantes para el cargo al cual se postuló.

Asimismo, ordenó la inclusión de dos personas más en la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad para el mencionado proceso electoral, ya que existió una indebida exclusión del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.

Con información de MVS noticias.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer de manera pública su presupuestonecesario para la instalación de 86 mil casillas en los 32 estados de la República Mexicana para el proceso de electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, como lo recomendó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. 

En la cuenta X de Alfredo González, director editorial de El Heraldo de México, se muestra una captura del documento publicado por el INE, en donde la autoridad electoral solicita al gobierno de México un monto total de $1,511,757, 665 pesos resultado de 19 gastos indispensables para llevar a cabo la elección de juzgadores en 2025. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) menciona que para garantizar los sueldos, a partir del 27 de abril, de 1,881 supervisores y 10,928 capacitadores contratados para integrar 42,518 casillas en 16 estados con elecciones judiciales locales concurrentes con el PEEPJF solicita al gobierno federal un mono de $351, 825, 816 pesos. 

INE divide presupuesto para elección judicial en 19 gastos necesarios

Añade que para contratar por 130 días a 513 supervisores y 3,055 capacitadoresadicionales en todo el país para incrementar el número total de casillas a 86 mil, el monto solicitado es de $285,529,683 pesos. 

Agrega contratar 22,500 auxiliares de cómputo por quince días ce días para optimizar los tiempos del cómputo y contar con resultados de la elección de ministros de la suprema corte la misma noche de la jornada electoral el monto solicitado es de $240, 300, 329 pesos. 

Para combustible, viáticos y alimentos para el personal que resguardará y custodiará laselecciones de 2025 el monto solicitado por el INE es de $119,357, 599 pesos. 

Menciona que para ampliar el periodo de contratación por un mes a 6,134 personas para la atención de programas para 57 proyectos que atienden el PEEPJF, elecciones locales en Durango y Veracruz, constitución de nuevos partidos políticos, credencialización y otras actividades ordinarias pide a la administración federal $115,031,581 pesos. 

Inversión en sistemas informáticos y mejoras de procesos para la optimización de recursos para la organización de elecciones la solicitud es de $78,142,531 pesos.

Gastos de campo para los 513 supervisores y 3,055 capacitadores adicionales $67,640,049 pesos. 

Contratación de 109 desarrolladores para los ajustes y mantenimiento a los sistemas clave para el PEEPJF (sorteo y capacitación de funcionarios de casilla, ubicación de casillas, observadores electorales, sesiones de consejos locales y distritales, mecanismos de recolección de paquetes electorales y su cadena de custodia, transmisión de información el día de la jornada electoral, transmisión de los resultados del conteo de votos) $43,843,800 pesos. 

Proyectos destinados al fortalecimiento de capacidades institucionales $41,266,153 pesos. 

Proyectos de logística y apoyo de personal para las labores de las elecciones judiciales y locales de 2025 solicita $39,404,051 pesos. 

Apoyos alimenticios para 112 mil 629 personas funcionarias adicionales necesarias para integrar las 86,000 casillas pide $35,818,831pesos

Pagos de dietas a consejerías locales y distritales, técnicos de capacitación e insumos para organizar las elecciones locales en Coahuila del 2026 a partir del segundo semestre del 2025 solicita $ 30,868,689 pesos 

Fortalecer la solicitud y entrega de credenciales para votar en territorio nacional y posible ciudadanía repatriada en 60 puntos de confluencia migratoria $18,792,809 pesos.  

Ampliar 2 meses posteriores a la jornada electoral la contratación de 600 auxiliares jurídicos en los 300 distritos $3,716,549 pesos. 

Ampliar la cobertura del trabajo en campo para la fiscalización del PEEPJF 2025  Documento preliminar $ 9,156,930  

Proyectos de difusión institucional para el PEEPJF 2025 pidió $8,406,144 pesos. 

Producción de materiales de difusión para las elecciones 2025 pidió $6,355,460 pesos. 

Atención a mujeres candidatas a un cargo judicial que sean víctimas de actos de violencia $4,349,984 pesos. 

Micrositio para dar a conocer las candidaturas de la elección judicial $1,950,676 pesos.  

Con información de El Heraldo.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados va por una “gran reforma” al Congreso de la Unión que perfila ampliar los periodos de sesiones, garantizar el debate de las iniciativas, homologar el salario de  diputados y senadores y eliminar privilegios como los seguros de vida. 

Así lo anunció Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena, en  entrevista con medios de comunicación, al ser cuestionado sobre las prioridades legislativas de este año.  El legislador acusó que en el Congreso se trabaja poco, por lo que la ampliación de los periodos de sesiones es un punto medular de la enmienda. 

“Antes de que concluya el 2025 tendremos que hacer una gran reforma al Congreso de la Unión de nuestro país, una discusión para darle relevancia para ser un congreso muy fuerte, muy moderno, muy vinculado al pueblo, una gran reforma de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, de sus reglamentos”. 

“Son varios puntos los que tenemos que reformar, uno de ellos es la profesionalización del trabajo de las comisiones, garantizar que haya debate, que haya discusión, que haya reflexión sobre las iniciativas (…); en segundo lugar homologar salarios, prestaciones y percepciones, tanto de senadores como de diputados; en tercer lugar hacer realmente eficientes los parlamentos abiertos para garantizar la opinión del pueblo, la opinión de la ciudadanía, mejorar y  profesionalizar más el Canal del Congreso para que el pueblo pueda tener mayor acercamiento a los debate y a las discusiones del Congreso (….) y también hay que ampliar los periodos de sesiones, se trabaja muy poco, hay que ampliar los periodos de sesiones”, dijo. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, un senador tiene una percepción bruta anual de dos millones 822 mil 953 pesos, mientras que la del diputado es de un millón 573 mil 769 pesos, por lo que la apuesta de Morena es que ambos ganen lo mismo y no tengan prestaciones prohibidas por la ley. 

El legislador explicó que para la homologación de los salarios se tomará en cuenta la Ley de Austeridad y la de Remuneraciones de los Servidores Públicos que prohíbe a los funcionarios ganar más que el presidente, por lo que el ajuste podría implicar que se le baje el salario a los senadores o se les aumente a los diputados. 

Al respecto, Ramírez Cuéllar afirmó que se tendrá que ajustar el cinturón quien se lo tenga que ajustar. 

“Nuestra determinación tiene que tener como marco la disposición establecida en la Ley de Austeridad para que no haya seguros médicos, para que no haya privilegios y para que tengamos una percepción por abajo por la que gana la presidenta de la República, creo que es el criterio básico”, explicó.

Con información de El Sol de México.