Un segundo año de gobierno, una fuga más

Al registrarse una fuga más, la de dos reos la madrugada del domingo, Quirino Ordaz Coppel, no pudo pasar en limpio el segundo año de su Administración Pública en el área de reinserción social. Y como un mensaje directo que envió a las autoridades, ese hecho saludó el arribo del militar Fermín Hernández Montealegre, a unas horas de que asumiera el mando de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Al General Brigadier en retiro, que llegó para ponerse la camiseta de los policías estatales, le ganaron el jalón los dos reclusos  que salieron por la puerta principal graduados de custodios, porque esos uniformes portaron al despedirse.

Ya en los primeros meses del 2017, los subordinados del actual mandatario que todavía no cumplía el primer cuarto anual de su mandato, le entregaron un parte de la primera evasión de cinco internos peligrosos que también dijeron adiós sus compañeros. Así se inauguró el inicio de un Gobierno sinaloense que aseguró recompondría las cosas que estaban mal.

Sin embargo, es evidente que el fracaso en seguridad pública y particularmente en rehabilitación social, no funcionó como se pensó. La historia no deja mentir a nadie. La realidad es otra aunque con frecuencia se diga o se pretenda justificar lo contrario.

Las pruebas están encima de lo que se quiera señalar por debajo. De lo que se dice que se hace y no se lleva a la práctica.

Por las condiciones en que se dieron los dos sucesos –el del 2017 y este del 2018- se observa que la vida o el infierno en los penales, no cambió mucho hasta la fecha.

Cómo es posible, como lo dijo el nuevo titular de la SSP en conferencia de prensa, que existan contrastes tan ominosos. Que se tengan 2 mil 253 prisioneros con una tan delgada línea de vigilantes que no rebasan los 30 en cada turno.

Son 580 internos que se les siguen procesos judiciales del Fuero Federal y 1673 del Orden Común.

Es decir, a cada guardia penitenciario le toca estar al pendiente de los movimientos de poco más de 75 presos. Esto hace prácticamente ilusorio que operen con éxito los programas que, en apariencia se aplican dentro de estos centros de reclusión.

Sencillamente no hay condiciones, ni el Gobierno del Estado, se las otorga, para que las labores de vigilancia, cuidado y rehabilitadoras, se concreten. Y si a cada policía de esos lugares les pagaran por el volumen de los internos que están bajo su encargo, tendrían sueldos de los más altos. Cercanos a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunque es necesario volver a lo que es la lacerante verdad. Los escapes seguirán y la reinserción será una farsa, con todo y los millones de pesos, que se afirma se invierten en los renglones. Esos torcidos por los humanos.