El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el Fondo de Pensiones para el Bienestar, iniciativa propuesta en la Cámara de Diputados, donde dejó en claro que las Afores no se tocan, sino que se protegen.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador acusó que hay manipulación por parte de sus adversarios sobre este tema.

“No se tocan las Afores de nadie, al contrario, se protegen, y creo que así va a ser a futuro, no hay nada qué temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores, al contrario, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos”, declaró

“Están queriendo manipular al grado de decir que nos queremos quedar con las afores, cuando no es así”, puntualizó.

“Las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas. Pasa un tiempo y se quedan con ese dinero, por eso están haciendo también ruido, porque ese dinero les queda a ellos”, argumentó el tabasqueño.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó con 25 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones, aprobó. la opinión a la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar

Dicha iniciativa fue promovida por los diputados morenistas Ignacio Mier y Angélica Cisneros, donde se apunta que dicho fondo estaría financiado con los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en Afores.

Se apuntó que estos recursos se transferirían automáticamente al fondo cuando el trabajador que haya cotizado en el sector privado cumpla 70 años, mientras que los ahorros de los empleados del Estado se llevarían al fondo de la misma forma cuando cumplan 75 años.

“Las Administradoras de Fondos (Afores) deberán transferir los recursos de las subcuentas al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones del Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al instituto el mismo día que se realice”, se apuntó en el proyecto.

Con información de López-Dóriga Digital y El Universal.

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por victimizarse ante el intento la solicitud que hizo al Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir las Mañaneras.

La candidatura de Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que la respuesta del mandatario federal fue argumentar que cancelar sus conferencias de prensa iría contra su derecho a la libertad de expresión; sin embargo, cayó en el victimismo, toda vez que el utiliza este espacio para agredir a quienes son contrarios a él.

“El presidente se victimiza, el presidente dice ´Es que mi libertad de expresión´; el presidente desde la Mañanera ataca a periodistas, ataca a opositores, no usa la Mañanera para trabajar, no usa la Mañanera para informar, usa la Mañanera para agredir”, declaró este 12 de abril en un encuentro con los medios.

En cuanto a la resolución del órgano electoral, la aspirante a la presidencia señaló no estar sorprendida: “Ya se sabía que el INE no iba a entrarle al tema, ha sido omiso”.

Bajo este tenor, la presidenciable reiteró que impugnará la decisión del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

AMLO reacciona a decisión del INE

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo celebró que el INE negara la solicitud de Xóchitl Gálvez de prohibir las Mañaneras, pues aseguró que haber aceptado, el órgano electoral habría incurrido en una grave violación a la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos.

Sumado a ello, López Obrador sentenció que contrario a lo que la oposición señala, sus conferencias de prensa son un instrumento que hace valer el derecho a la información de la ciudadanía.

En ese sentido afirmó que el intento de prohibir este espacio se trata más bien una medida desesperada por parte de sus opositores.

“Se trataba de una aberración, es que están muy desesperados, no sé qué está pasando, pero son actos desesperados, irracionales”, dijo.

El pasado 11 de abril el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió, de manera unánime, no aprobar la solicitud de medida cautelar para suspender las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta solicitud había sido interpuesta por la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, y los partidos PAN, PRI y PRD, al alegarse posibles infracciones a la Ley Electoral.

Los consejeros del INE justificaron su decisión basándose en precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que indican la necesidad de evaluar cada situación individualmente.

En adición, los consejeros decidieron no implementar medidas adicionales para regular el uso de programas sociales en periodos electorales, argumentando la existencia de normativas previas que ya definen los límites de estas políticas sociales.

Previo a la resolución del INE fuera pública, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional PRI, en colaboración con el PAN y el PRD, anunció que presentarán una solicitud ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar la suspensión de las conferencias mañaneras del presidente.

Durante una visita a Chihuahua, el diputado federal manifestó que, independientemente del fallo de la autoridad electoral, buscarán en el tribunal superior frenar esta modalidad de comunicación del Ejecutivo, argumentando que se ha utilizado para criticar negativamente a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Con información de Infobae.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, abrió una investigación contra el equipo del ministro en retiro Arturo Zaldívar, por vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), para “satisfacer intereses personales y de terceros”.

Ello, derivado de una denuncia anónima enviada a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del PJF, en la que se les acusa de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, “a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar”, para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos y adscripciones favorables.

Según la investigación J/108/2024, el objetivo era conseguir ratificaciones en el cargo “y hasta dinero”, o mediante “extorsiones y amenazas” de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.

“En consecuencia, ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”, indica el escrito.

“En el entendido que respecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados”, añade el texto de 15 cuartillas.

En respuesta, el exministro Arturo Zaldívar rechazó en una entrevista de radio que en su encargo hubiera presionado a jueces, como se señala, y acusó que esta investigación tiene una “intencionalidad política” para tratar de afectar a la llamada 4T.

“En ese caso, curiosamente, se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras con el único delito de que sus criterios en algunos casos fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador”, expresó Zaldívar en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Acusó que esto tiene una intencionalidad política: “Una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar… hay un principio básico que estas quejas deben tratarse con sigilo y secrecía y se publicitaron y se mandaron a todos los medios desde la presidencia de la Corte… es claramente que la intención es participar en la contienda electoral”, acusó.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusó a la titular del Máximo Tribunal Constitucional, Norma Piña, de meterse a la contienda electoral luego de que se diera a conocer una investigación en su contra. #PorLaMañana pic.twitter.com/wnacfO3MGD

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 12, 2024

Presuntas acusaciones contra Arturo Zaldívar

Al mismo Alpízar Salazar, en su actuación como Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se le acusa de enriquecimiento ilícito, corrupción y/o extorsión.

Sobre el caso de enriquecimiento ilícito, se establece que “se puso a las órdenes del exconsejero Jurídico del Ejecutivo Federal Julio Sherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos, es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias”.

Edgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, es acusado de delincuencia organizada institucional (corrupción).

Lo anterior, dado que se utilizaba a dicho Instituto para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinado sentido, mediante promociones insidiosas o bien se citaban a las partes para ejercer presión y lograr convenios que los beneficiaran “infundían terror”.

“Presionaron a las empresas que tenía contratos con PEMEX para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores”, indica la indagatoria.

A Netzaí Sandoval Ballesteros, en su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, se le acusa de corrupción, pues se “presionaba” a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses.

Además, “creó una unidad de peritos adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, el costo era elevado y su participación en procedimientos era nula”.

La investigación también incluye a jueces y magistrados “que aceptaron la presión ejercida por el ex ministro Arturo Zaldívar”.

Entre ellos, el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.

Lo anterior, porque “dictaba sus resoluciones en favor de los intereses del ejecutivo federal, uno de ellos fue el de Rosario Robles, a quien impuso una prisión preventiva justificada sin tener facultades pues su función era como juez administrador del Centro, por lo que sus funciones eran administrativas no jurisdiccionales, se señala que todo fue con complicidad de la Unidad para la Consolidación de la Reforma Penal”.

“Hecha la precisión, con fundamento en el marco normativo de referencia, se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas.

“Y, con ello, estar en condiciones de establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, el vínculo de atribuibilidad con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación señalados o con cualquier otro sujeto de responsabilidad que resulte implicado”, puntualiza la indagatoria.

Con información de Expansión

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