La teoría y la práctica de los derechos reproductivos en México son dos mundos distintos, como lo refleja la disputa legal que libra una víctima de violación de apenas 13 años de edad, cuyo bebé nació después de que se le hizo esperar para interrumpir su embarazo y acaba de recibir el amparo de un tribunal federal para que no se le obligue a ser madre.

El aborto en casos de violación es legal en México desde hace años y el país avanza rumbo a la despenalización total de la interrupción del embarazo desde que la Suprema Corte se pronunció en ese sentido en 2021 y 2023.

Pero el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer ayer una sentencia que deja al descubierto una realidad que, según activistas, se vive con frecuencia en muchos puntos del país: menores violadas y obligadas a ser madres al margen de lo que digan las leyes.

Aunque en México ya existía una causal para interrumpir el embarazo por violación, desde 2005 está vigente una norma que obliga a los servicios de salud a ofrecer el servicio en estos casos. Y las leyes garantizan explícitamente desde 2016 que las menores tienen el derecho a decidir.

Pero, para la adolescente del estado de Morelos, al sur de la capital mexicana, nada de esto importó.

La niña denunció en enero de 2022 que fue violada en repetidas ocasiones durante un año por la pareja sentimental de su madre.

Ese mismo mes, la joven acudió con su padre a un hospital para que se le practicara un aborto.

Según las autoridades del centro médico, padre e hija decidieron posponer el procedimiento al ser informados de los riesgos y aceptaron que se llevara a cabo mediante cesárea en la 31ra semana de gestación.

Según la sentencia, la cesárea se realizó en marzo de 2022 y la bebé nació con vida. Posteriormente y con el consentimiento de la madre, la fiscalía llevó a la bebé a un centro de atención de menores, donde permanece actualmente.

Un año después se inició el proceso de adopción, pero el padre de la joven cambió de opinión y solicitó la custodia de su nieta — ahora de año y medio— hasta que su hija fuera mayor de edad y pudiera hacerse cargo de ella, algo que la niña había dejado claro que no era su deseo.

Según la jueza, la petición del hombre evidenciaba, además, que no quería adoptar a la bebé definitivamente.

La jueza recordó que no se puede obligar a la maternidad a una adolescente víctima de violación porque el derecho internacional califica ese acto como “tortura” y enfatizó que se debe proteger también a la bebé “a una adopción temprana”.

Por ello, determinó proteger a la joven porque se la pretendía “revictimizar, al obligarle a comparecer en un procedimiento no contencioso para ratificar su voluntad de dar en adopción a la bebé nacida a consecuencia de la violación”.

La Suprema Corte determinó en 2021 que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar, y aunque los estados se han ido pronunciando poco a poco en el mismo sentido, una veintena de las 32 entidades del país aún no modifican sus códigos penales.

Además, en 2023 el alto tribunal despenalizó el aborto en el código penal federal, con lo que las instituciones federales de salud federales, que cubren al 70% de la población, teóricamente están obligadas a brindar servicios de interrupción del embarazo.

“Es muy grave que después de que México tiene un alto estándar de interpretación sobre el aborto, donde no es un delito, sigamos viendo de manera cotidiana la violación, por parte de las autoridades, de los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violación, obligándolas a ser madres”, afirmó a la AP Verónica Cruz, integrante del organismo Las Libres que defiende un aborto libre.

A pesar del nuevo dictamen, Cruz enfatizó que la prioridad actual es “obligar a que se cumplan” todos los pronunciamientos judiciales.

Con información de AP.

Al presentar su Plan Nacional de Infraestructura, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó que su gobierno pondrá fin a los proyectos basados en ocurrencias, caprichos y obsesiones personales.

Al hablar ante representantes de la sociedad civil y especialistas Gálvez Ruiz destacó que su propuesta esta basada en la técnica y construida a partir de las necesidades de las regiones, “no desde la imposición de una autoritaria visión centralista.”

“Se acabaron los proyectos que tiran el dinero público, se acabaron los proyectos que carecen de rentabilidad económica, social y humana, se acabaron los proyectos basados en caprichos personales y obsesiones ideológicas, se acabaron las ocurrencias convertidas en obra pública costosa y generadora de elefantes blancos”, advirtió.

Gálvez Ruiz también envió un mensaje a los militares, al manifestar que los proyectos y obras que actualmente están bajo el control de las fuerzas armadas pasarán a manos de civiles.

“Pondremos en manos de civiles las obras de infraestructura tanto en su ejecución como en su operación”, señaló.

La candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD explicó que su propuesta se basa en que los proyectos de infraestructura estén fundamentados en una planeación regional.

Propuso recuperar el potencial de proyectos iniciados en este sexenio y atender aquellos que están inconclusos para que no se conviertan en “una carga permanente”.

Respecto al Tren Maya, dijo que se revisará el impacto ambiental y la calidad de los materiales de las vías, mientras que se contempla concluir el Tren Interurbano México-Toluca.

Destacó la creación de un organismo responsable de la planeación de la infraestructura nacional que permita la retroalimentación de empresarios, especialistas, académicos y funcionarios públicos calificados.

Asimismo, mejorar las licitaciones a fin de que las obras sean exitosas.

Xóchitl Gálvez dijo que están contemplados seis segmentos de inversión en materia de infraestructura: movilidad, fronteriza, multimodal, carretera, aeroportuaria y aviación civil.

Anunció la creación de aerolíneas regionales privadas y la realización de estudios técnicos para verificar las opciones que mejor convengan respecto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Con información de MVS Noticias

JE

La estatal Pemex registró un aumento de un 17.3% en su deuda con proveedores y contratistas, a 163,207 millones de pesos (unos 9,528 millones de dólares) a marzo del 2024, de acuerdo con un reporte divulgado el lunes.

Pemex tiene obligaciones ya facturadas desde 2023 y en el 2024 por 162,881 millones de pesos además de trabajos y/o materiales recibidos pendientes de facturar por 326 millones de pesos, según el informe.

El reporte del estado de la deuda con proveedores no incluye montos en litigio, impuestos, así como trabajos que están en proceso conciliatorio con acreedores.

Según la información divulgada por la petrolera, que además tiene una deuda financiera de 106,100 millones de dólares, ha efectuado pagos por 505,912 millones de pesos en 2023 y 2024.

Desde hace meses la gigante estatal ha enfrentado serias dificultades para pagar a proveedores, contratistas y operadores petroleros que han advertido que la falta de cumplimiento podría poner en riesgo la supervivencia de compañías privadas y golpear la producción de hidrocarburos.

Pemex reportó una deuda con proveedores de 359,760 millones de pesos al cierre del 2023, su nivel más alto en los últimos años. En febrero dijo que buscaría acelerar pagos para cumplir con esos pasivos.

Con información de Expansión

JE