Tijuana, B.C., a 19 de diciembre de 2023.- Cuando hay voluntad y ganas de trabajar, respondemos con transparencia y con eficacia a las exigencias de nuestros trabajadores, recalcó la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez durante la entrega de maquinaria pesada al personal del taller La Mesa en la que se invirtieron más de 37 millones de pesos.

La alcaldesa puntualizó que desde hace dos años llegó a gobernar para resolver y demostrar que se puede transformar el presente y trabajar con finanzas sanas, porque “aunque aquellos digan que la estafa maestra, más bien somos la administración maestra”.

A quienes la critican y no la dejan en paz, quizá porque lleva la delantera en las preferencias electorales, la primera edil recordó que en fin de año, el XXlV Ayuntamiento aún tiene dinero para bajar la deuda de Tijuana, darle a todas las familias vulnerables una cena digna y un regalo para los niños, entregar maquinaria y hasta pavimentaciones.

Reunidos en el taller municipal Sector la Mesa, porvenir 2, la munícipe explicó que la entrega de maquinaria es necesaria para fortalecer y agilizar obras de infraestructura muy necesaria para Tijuana, ya que desde hace 7, 8, 21 años o más de 30 sin invertirle a este rubro, es difícil que el personal trabaje sin herramientas que le faciliten sus labores y no a pico y pala.

“Los ciudadanos ocupan que le resuelvan los problemas de sus calles, de sus avenidas, para eso teníamos que llegar nosotros, para demostrar con hechos de que se puede invertir y adquirir las herramientas y maquinaria al servicio del pueblo”, afirmó arropada por los integrantes de su gabinete y del personal de la administración.

El oficial mayor, Marcelo de Jesús Machain Servín, aseguró que la instrucción de la alcaldesa desde el inicio de su administración es y será siempre la de apoyar a las delegaciones y talleres e incluso, en esta mañana de martes, la primera edil autorizó la sustitución de un vehículo con más de 37 años y que ya no se encuentra en condiciones para usarla en el día a día.

Machain Servín informó que la inversión de más de 37 millones de pesos en la adquisición de maquinaria pesada fue para que los trabajadores de base desempeñen dignamente sus labores en beneficio de una Tijuana con mayores oportunidades para todos.

El funcionario detalló la entrega de las unidades adquiridas con recurso propio derivado de la declaratoria de emergencia que corresponden a dos retroexcavadoras nuevas, dos tracto camiones, dos camas bajas, cuatro camiones de volteo, grúas de canastilla y una barredora de carretera, por mencionar algunos.

JC

Tijuana, B.C., a 13 de diciembre de 2023.- En un giro significativo, el gobierno de Baja California está considerando la posibilidad de solicitar el desafuero penal del actual senador Jaime Bonilla Valdez. Esta medida busca que Bonilla responda por las irregularidades descubiertas en el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, según reveló Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Estado.

Pon Méndez afirmó que el desafuero sería procedente una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) determine la existencia de elementos suficientes. La FGE será la encargada de solicitar a la Cámara de Diputados la retirada del fuero al senador, una propuesta que deberá ser aprobada por la totalidad del pleno.

La razón principal detrás de esta solicitud radica en la cancelación de la construcción de la Planta Fotovoltaica en Mexicali. Durante la administración de Jaime Bonilla como gobernador, la empresa Next Energy, ganadora de la licitación, firmó un contrato para la obra sin contar con los permisos necesarios, lo que llevó a la no ejecución del proyecto.

El contrato plurianual estableció el compromiso de entregar 123 millones de pesos mensuales a Next Energy. Sin embargo, el gobierno estatal se encuentra actualmente en una disputa legal con Banca Afirme, entidad que se niega a devolver el dinero.

El consejero jurídico señaló que en los últimos meses, tanto el gobierno estatal como la FGE han recopilado pruebas y seguido de cerca el caso, preparándose para presentar la solicitud de desafuero en el momento oportuno. Este desarrollo podría tener consecuencias significativas en el ámbito político y legal de Baja California.

JC

Baja California a 12 de diciembre de 2023.- Para refrendar el compromiso de la administración estatal con promover e impulsar los derechos humanos en las políticas públicas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, sostuvo una reunión de trabajo con Jorge Álvaro Ochoa Garduño, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), con quien abordó aspectos torales para el presente y el futuro de los derechos humanos de la entidad.

La mandataria destacó el trabajo realizado en materia de derechos humanos, especialmente la reciente publicación en el Periódico Oficial del Estado del Programa Estatal de Derechos Humanos de Baja California 2022-2027, en el que se articulan acciones interinstitucionales para salvaguardar la dignidad de todas las personas desde la función pública.

La titular del Poder Ejecutivo del Estado destacó el trabajo que se realiza desde la Secretaría General de Gobierno del Estado (SGG), que encabeza Alfredo Álvarez Cárdenas, para privilegiar la necesidad de gobernar con un enfoque derechohumanista en favor de todas y de todos, especialmente de grupos de atención prioritaria que fueron ignorados por décadas.

Por su parte, el ombudsperson de Baja California reconoció la iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar para establecer pautas con perspectiva de derechos humanos en el diseño e implementación de políticas públicas, así como la apertura para atender pendientes históricos y estructurales en la materia.

En ese sentido, celebró el acercamiento de distintas áreas del Gobierno del Estado hacia el Organismo, tanto para el seguimiento a Quejas y Recomendaciones, como para la construcción de programas principalmente orientados a la atención de grupos que requieren atención prioritaria.

Además, reconoció la publicación del Programa Estatal y consideró que se trata de un instrumento que marca la pauta del trabajo conjunto entre el organismo y las autoridades para desarrollar condiciones en que ninguna persona vea violentados sus derechos, y se garantice un entorno de dignidad en el estado.

JC