La jaula loca

Cualquiera que haya sido la razón por la que la jueza mazatleca Ana Karina Aragón Cutiño retiró su demanda de acoso sexual en contra del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez, de ninguna manera debe ni puede eludirse la urgencia de una investigación a fondo sobre la evidencia de múltiples ilegalidades e irregularidades en el poder judicial estatal, tan omiso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Si a la funcionaria judicial le ganó el miedo, si perdonó por amor o  negoció ventajosamente el retiro de la demanda, se trata de una conciliación limitada exclusivamente al problema personal entre esos dos enamorados, que como sabemos pasó luego a convertirse en un conflicto entre tres con las amenazas directas de la esposa del magistrado presidente en contra de la jueza.

Que hayan arreglado o dado vuelta a la página a sus conflictos de amor, no elimina y menos resuelve las ilegalidades cometidas por Inzunza Cázarez y otros funcionarios.

Demostrado está que los destinos del poder judicial de Sinaloa se conducen desvergonzadamente por dos canales inmorales y violatorios de la norma: los hormonales y los de parentesco.

Entre los trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia, pasaron de las comidillas burlonas al lamento permanente frente al desenfreno con que opera la jaula de las locas.

Novias, novios, guachomas y parientes, contratados y promovidos aquí, allá y acullá, en violación abierta de los derechos ganados por quienes sí se capacitan y profesionalizan.

El principal responsable de estas ilegalidades e inmoralidades es indudablemente el magistrado presidente Enrique Cázarez, pero la cadena es larguísima e incluye a otros magistrados y a la misma esposa del titular del tribunal estatal.

Sin el menor recato, varios altos funcionarios metieron a la nómina a buena parte de su parentela.

Al cabo que nadie reclama, y aunque suceda no sirve para nada.

El valemadrismo total, sabedores de la impunidad como constante.

No debe ni puede permitirse el borrón y cuenta nueva, aunque Cázarez Inzunza haya convenido que en enero deja de ser magistrado presidente.

Bien jodidos tienen que estar quienes sigan sin darse cuenta del mensaje de la elección del primero de julio, con una amplia mayoría de los mexicanos hartos de las transas y las complicidades, y de que una y otra vez los corruptos terminen tapándose con la misma cobija.

La pudrición evidente en el poder judicial estatal compete también al ejecutivo y al legislativo.

Eso de la independencia entre los poderes de ninguna manera implica que se pueda hacer lo que se les pegue la gana.

Ni los jueces ni los magistrados están exentos de las obligaciones señaladas en nuestras leyes, y ante hechos que ya son del conocimiento público resulta obligada una investigación a fondo que castigue de manera ejemplar a quienes resulten responsables.

Son muchos años de ilegalidades e impunidades, y es momento de actuar.

Con la advertencia de que cualquier omisión institucional puede ser procesada legalmente por quienes pronto tomarán las riendas del poder.

La administración de la justicia no puede seguir en manos de quienes con cinismo se burlan de la ley, un día sí y los otros también.

Urge una limpieza a fondo y en serio.

Todos tienen derecho a hacer un papalote de su persona, si les place, pero no podemos permitir que suceda lo mismo con nuestras instituciones.

Confiamos en que se actuará.

Falta ver si se hace ahora, o despuesito.

Con la posible ampliación de las responsabilidades, si acaso se deja para luego.