El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que Movimiento Ciudadano se desistió de la queja que interpuso para que los medios de comunicación dieran cobertura a las actividades de su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez.

El consejero Arturo Castillo Loza, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias, detalló que la queja y el escrito de desestimiento ya están siendo analizados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

“Presentó esta queja, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral le dio el trámite que por ley se le debe dar a toda queja, es decir, admitir porque no solamente se está alegando la vulneración a los lineamientos, sino también una potencial afectación a la equidad en la contienda electoral, y a partir de esto, ya se tomará una determinación a partir de la recomendación que haga la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. También es importante precisar que, el día de ayer, el propio partido Movimiento Ciudadano presentó un desistimiento de su queja, en este momento está, naturalmente, en análisis en la propia Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral”.

Por este motivo, Castillo Loza pidió a los concesionarios de radio y televisión tener calma y precisó que las medidas del INE no tienen el propósito de dictar una línea editorial.

“Vi el comunicado de la CIRT que publicaron, un comunicado importante, mi invitación a los concesionarios es: tengan calma, esto se va a procesar como normalmente se procesa cualquier queja. Esto nunca va a tener, desde el Instituto Nacional Electoral, el procesamiento de las quejas relacionadas con el comportamiento de los medios, jamás va a tener ninguna intención, la finalidad de dictar una línea editorial en ningún sentido, esto es parte de la libertad de expresión”, concluyó.

Con información de MVS Noticias

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E el caso del obispo emérito de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el gobierno de Morelos negó que haya sido secuestrado, ya que cámaras de seguridad muestran que ingresó al motel Real Ocotepec a pie, junto a otro hombre.

De esta forma, la versión del comisionado estatal de Seguridad Pública de Morelos, José Ortiz Guarneros chocó con la del fiscal general Uriel Carmona.

“Hasta donde sabemos entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró, pero es todo lo que sabemos, porque no sé, nos fuimos a pedir información pero no, ya había llegado la fiscalía y no nos permitieron”, dijo en declaraciones a medios, reportó la agencia Quadratín.

El obispo emérito estuvo desaparecido desde el sábado 27 de abril, posteriormente, fue localizado con vida el lunes 29 y se encontraba hospitalizado.

El fiscal Uriel Carmona, por su parte, dijo que Rangel habría sido víctima de un secuestro exprés.

También, el abogado del obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Pedro Martínez Bello acusó que a monseñor lo drogaron y le vaciaron sus cuentas bancarias.

La Policía filtró que el obispo emérito de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza fue encontrado en dicho motel con pastillas de viagra y un examen toxicológico arrojó que habría consumido benzodiacepina, un medicamento psicotrópico que es utilizado para tener efectos sedantes o hipnóticos y ansiolíticos.

Con información de MVS Noticias

JE

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró las reglas de la contienda federal en marcha por las expresiones realizadas en la conferencia mañanera del 1 de febrero, en la que hizo referencia a temas de índole electoral.

Durante la discusión y votación de este asunto, también se avaló la existencia de uso de recursos públicos, ya que la conferencia denunciada transgredió los parámetros constitucionales y se destinaron recursos humanos o materiales para su difusión.

“En consecuencia, al tener por acreditadas las infracciones y al resultar responsables de las infracciones las personas servidoras públicas denunciadas se propone dar vista (al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia de la República) en los términos precisados en la sentencia”, indica el proyecto avalado por unanimidad de votos.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció al presidente López Obrador, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y al titular de Cepropie, por la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda en marcha.

Además, acusó uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de dos acuerdos de medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se ordena al presidente no hablar de temas de índole electoral.

Ello, indica el proyecto, derivado de las expresiones que el Ejecutivo Federal realizó en la referida conferencia cuando presentó su paquete de reformas constitucionales, en las que mencionó que se requería de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado.

Además, dijo que se acercaban las elecciones y ello implicaba votar por el partido o partidos, la coalición o alianza, por la candidata o candidato e “hizo referencia, a manera de pregunta, sobre la continuidad del movimiento de transformación o de la política contraria a éste”.

En el texto, se detalló que las expresiones no son propias de un ejercicio de comunicación institucional como el que se debe observar en las conferencias matutinas el titular del Ejecutivo.

“Ya que si bien, tanto el Presidente de la República, como las personas del servicio público encargadas de la organización, producción y difusión de la conferencia de prensa denunciada tienen un deber de cuidado mayor y su libertad de expresión, no tienen los mismos alcances que el de las personas que no ostentan cargos públicos, ya que están constreñidas a preservar la imparcialidad y neutralidad de los procesos electorales”, se destaca en el fallo.

Las magistraturas rechazaron la inexistencia de incumplimiento a dos acuerdos de medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Las medidas cautelares dictadas, bajo la figura de tutela preventiva, ordenaban al presidente de la República que se abstuviera bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones sobre temas electorales, cuidando que su actuar se ajuste a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

Con información de Expansión

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